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Las empresas constructoras de CCC Ituango, Camargo Correa, Coninsa Ramón H. y Conconcreto, interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en contra del alcalde de Medellín Daniel Quintero Calle por el presunto delito de injuria y calumnia.
De acuerdo con El Colombiano, en la demanda de 13 páginas se explica que Quintero incurrió en injuria y calumnia “cuando hizo manifestaciones públicas en las que indicó que las empresas incurrieron en actos de corrupción, disminuyeron la calidad de los materiales y modificaron los diseños del proyecto, lo que generó graves pérdidas a Hidroituango”.
“Todas estas manifestaciones son falsas y no es cierto, como pretende hacerlo creer a la opinión pública, que la sanción fiscal procedió por estos hechos”, se lee en la recusación que incluye, según explica el medio, ocho declaraciones de Quintero registradas en medios de comunicación en las que se refiere a los constructores de Hidroituango.
Los denunciantes aseguran en la demanda que no han sido condenados ni penal, ni disciplinaria o fiscalmente por hechos relacionados “con actos de corrupción o cualquier otro delito relacionado con cambios de diseño o disminución de la calidad de los materiales. De hecho, no han sido sancionadas ni condenadas nunca por la ejecución de contratos públicos o privados, lo que incluye hechos relacionados con la ejecución de los contratos de Hidroituango”.
Las empresas señalan que Quintero “se ha empeñado en maltratar el nombre de las compañías, por lo que tiene dos opciones: O retractarse o ser condenado hasta por 8 años de prisión”.
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La denuncia también menciona que Quintero habría incurrido en dichos delitos cuando comparó a los contratistas con el Grupo Nule, “cuyos miembros fueron condenados por los delitos de corrupción y fraude procesal, concierto para delinquir, falsedad en documento privado, cohecho por dar u ofrecer y peculado por apropiación. Pero las comparaciones del alcalde Quintero siguen: se atrevió a comparar a mis poderantes con el tristemente célebre Fabio Puyo Vasco”, se lee en la denuncia firmada por el abogado Fabio Humar.
De acuerdo con un vocero, por ahora el consorcio CCC Ituango no emitirá comunicado sobre la recusación impuesta al alcalde de Medellín y no el alcalde no se ha pronunciado sobre la denuncia interpuesta en su contra.
El 26 de octubre, el abogado de la constructora, Santiago García Cadavid, radicó un oficio de recusación ante la Procuraduría General en el que solicitan que se reconozca la existencia de un impedimento para que el alcalde tome decisiones sobre las actividades de construcción del proyecto Hidroituango.
Vale la pena recordar que Conconcreto fue admitida en reorganización por parte de la Superintendencia de Sociedades. Esta empresa hace parte del consorcio CCC Ituango que está a cargo de la construcción de Hidroituango y que también está envuelta en un pleito jurídico contra EPM debido a la emergencia que presentó el proyecto en 2018. Además, también está dentro de la investigación de la Contraloría.
Coninsa Ramón H., otra de las constructoras de Hidroituango, también fue admitida en reorganización ante la Supersociedades. Además, el pasado 6 de septiembre se conoció que la Contraloría emitió fallo de responsabilidad por $4,3 billones contra 26 personas jurídicas y naturales entre los que se encuentra el consorcio CCC Ituango. (Ver la noticia completa aquí)
Por otro lado, EPM viene desde hace tiempo considerando alternativas en caso de que los contratistas actuales se retiren.
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Empresas Públicas de Medellín (EPM) reveló las conclusiones de la reunión que tuvo esta semana con CCC Ituango, consorcio constructor de la presa y que ha sido foco de tensión debido a que entra dentro del fallo de responsabilidad fiscal por $4,3 billones que emitió la Contraloría en primera instancia.
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En primer lugar se confirmó que no se llegó a un acuerdo con CCC Ituango para ceder el contrato de construcción de la presa. La semana pasada EPM le pidió formalmente al consorcio buscar cesionarios para recibir el contrato de la obra, sin embargo los constructores indicaron que esta posibilidad no era viable.
En segundo lugar, EPM informó que está explorando la posibilidad de prorrogar el contrato con CCC Ituango que vence el próximo 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, reconoce que hay una gran incertidumbre por el fallo de segunda instancia de la Contraloría: si se confirma la responsabilidad fiscal, CCC Ituango quedaría inhabilitado para seguir con las obras. Por esto, EPM indica que está analizando con cuidado cuál puede ser el periodo de la prórroga.
EPM aclaró que sigue la posibilidad de que CCC Ituango encuentre cesionarios para Hidroituango. Además, indicó que ya tiene un plan B en caso de que se confirme la sanción en el fallo de segunda instancia de la Contraloría: una de las posibilidades es acabar el contrato y buscar un nuevo consorcio.
De hecho, el pasado 13 de septiembre EPM informó que por lo menos 10 empresas visitaron Hidroituango, pues quieren ser tenidas en cuenta como posibles contratistas para, eventualmente, continuar con las obras del proyecto hidroeléctrico.
EPM espera que Hidroituango comience a generar energía con sus dos primeras unidades, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, a partir de 2022. Se espera que las seis unidades de generación restantes ingresen de manera paulatina, para completar 2.400 MW de capacidad instalada en 2025. El proyecto generará el 17 % de la energía que consume Colombia.