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La Contraloría General de la República advirtió que más de $1.130 millones de recursos públicos estarían en riesgo por irregularidades detectadas en tres contratos auditados a la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A. (ENTerritorio) durante la vigencia 2024.
El organismo alertó sobre fallas estructurales en la ejecución contractual y en el control financiero de una de las principales operadoras de inversión pública del país.
Para dimensionar el monto, los $1.130 millones en riesgo equivalen a 18.800 mercados familiares de $60.000, o a financiar viviendas subsidiadas para 22 familias con un aporte de $50 millones cada una.
También alcanzaría para servir 75.300 almuerzos (corrientazos) o cubrir más de 376.000 trayectos en bus, suficientes para movilizar a toda una ciudad pequeña.
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Tres contratos concentran las alertas
El hallazgo más grave corresponde al proyecto de la sede del SENA en Teusaquillo (Bogotá), donde no se amortizó un anticipo por $1.108 millones en el contrato derivado No. 2221174. La omisión alteró el equilibrio contractual y generó un posible detrimento directo a la Nación. El caso tendría presunta responsabilidad fiscal, disciplinaria y penal.
En el contrato 2221096 de 2022, para adecuaciones del SENA en Inírida (Guainía), se pagaron $9,98 millones por cantidades de obra superiores a las realmente ejecutadas, evidencia de deficiente supervisión técnica y fallas administrativas.
El tercer hallazgo se presentó en el contrato 2220669 de 2022 con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), donde se aprobaron precios unitarios sin soporte técnico suficiente, generando pagos irregulares por $12,4 millones. La Contraloría advirtió que no se hizo un análisis riguroso de cantidades y costos, lo que compromete la transparencia de la contratación.
Patrón de debilidades persistentes
ENTerritorio, sociedad de economía mixta adscrita al Ministerio de Hacienda e integrante del Grupo Bicentenario, administra recursos nacionales e internacionales para proyectos de desarrollo en todo el país.
La Contraloría subrayó que no es la primera vez que la entidad aparece en sus informes con graves debilidades contractuales.
El Espectador indagó el historial reciente, que incluye episodios que, por su monto y alcance, evidencian un patrón de fallas estructurales.
En abril de 2025, el ente de control alertó sobre graves deficiencias en el manejo de $2,5 billones por parte del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) mediante convenios interadministrativos, varios de ellos ejecutados a través de ENTerritorio. La falta de condiciones claras para los desembolsos y la ausencia de documentación completa impidieron auditar 83 % de los contratos, lo que obligó a poner los hechos en conocimiento de la Fiscalía y la Procuraduría.
En julio de 2024, una auditoría al Ministerio del Deporte encontró hallazgos fiscales por $31.493 millones, principalmente por el incumplimiento del Convenio Interadministrativo 1215 de 2023 suscrito con ENTerritorio. El anticipo de $25.874 millones no fue legalizado con los soportes exigidos, afectando la realización de los juegos intercolegiados y derivando en presuntas responsabilidades fiscales, disciplinarias y penales.
Y en junio de 2023, la Contraloría reveló 83 hallazgos —25 de ellos con incidencia fiscal por $24.140 millones— en un contrato entre la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) y el entonces Fonade, hoy ENTerritorio, para gerenciar obras de infraestructura carcelaria. Tras seis años de ejecución, la efectividad fue mínima, con retrasos, prórrogas y adiciones que no mitigaron la crisis penitenciaria que se buscaba resolver.
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Actuaciones en curso
El organismo abrió indagación preliminar sobre otros dos hallazgos y remitió cinco casos de presunta responsabilidad disciplinaria a la Procuraduría. Además, requirió a ENTerritorio la reformulación urgente del Plan de Mejoramiento y anunció seguimiento estricto a los contratos involucrados.
Riesgo para la ejecución de obras públicas
Según la Contraloría, las deficiencias detectadas ponen en entredicho la capacidad de la entidad para garantizar eficiencia y transparencia en la inversión pública. De no corregirse, estas falencias podrían comprometer la materialización de proyectos sociales y de infraestructura, así como limitar el acceso de las regiones a recursos nacionales.
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