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En una carta dirigida a Óscar Javier Torres, presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, la Contraloría solicitó a la entidad remitir una manifestación “clara, concreta e inequívoca” respecto a si es cierta la rebaja en las tarifas de peajes para los vehículos de categorías 1,2 y 3 en Autopistas del Café. También pidió el estudio que lo sustenta, la justificación y la definición de la fuente de pago al concesionario por la compensación del menor recaudo.
La semana pasada, tras bloqueos, la ANI informó que había llegado a un acuerdo para establecer una tarifa diferencial para las comunidades: en el caso de la categoría 1 de vehículos (autos, camperos y camionetas) y categoría 2 (buses) que hoy pagan una tarifa de COP 17.800, se informó que pagarían COP 700. El vicepresidente Ejecutivo de la ANI, Roberto Uparela, dijo que de las categorías 3 en adelante la tarifa diferencial sería proporcional.
Después, María Fernanda Rojas, ministra de Transporte, informó que hay una cuenta de excedentes de la concesión, administrada por la ANI, y que con esa herramienta se pueden cubrir cobros diferenciales. También dijo que la disminución del pago es “hasta que finalice la reversión de la concesión cuyo contrato termina en 2027″.
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La Contraloría también le solicitó a la ANI un informe detallado sobre el balance financiero del contrato de concesión, incluyendo si hay cuentas pendientes de pago al concesionarios por compensaciones, obras complementarias o ingreso mínimo garantizado. Además, pidió manifestar si se está estudiando o tramitando una terminación anticipada del contrato de concesión.
“Sirva esta oportunidad para reiterar la alerta ya expuesta a la ANI sobre el posible riesgo fiscal que acarrearía una eventual terminación anticipada de este contrato de concesión o la generación de un eventual desequilibrio financiero del mismo, por la intervención unilateral e injustificada de las tarifas de peaje”, dijo el órgano de control en la carta.
Las manifestaciones en Autopistas del Café arrancaron el 15 de mayo, además del inconformismo por los peajes, las comunidades estaban exigiendo claridad sobre el futuro de la concesión vial, pues el contrato termina en febrero de 2027.
Poco después se conoció que el Gobierno tenía la intención de frenar la propuesta de la IP Conexión Centro, iniciativa privada presentada por Odinsa para administrar el corredor después de 2027.
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Sin embargo, Odinsa Vías aseguró que “hasta el momento no existe una decisión definitiva de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) sobre la IP Conexión Centro”.
Este martes, en Caracol Radio, Jean Pierre Serani, presidente de Odinsa, aseguró que la IP Conexión Centro lleva ocho años de estructuración y está en fase de factibilidad. “Pretendemos que se respeten las reglas de juego”, dijo.
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