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Como si al escándalo del ya sonado contrato que firmó el Ministerio de las Telecomunicaciones no le sobrara polémica, un nuevo capítulo se le sumó a esta ya larga historia. Esta vez, su protagonista es la empresa a la que la Unión Temporal Centros Poblados dice haberle entregado el sonado anticipo que le entregó el gobierno, Nuovo Security, y uno de sus socios quien asegura que a la empresa nunca llegó ese dinero y que le falsificaron la firma. Sí. Otra presunta falsificación.
(En contexto: La historia de cómo el anticipo de un billonario contrato terminó en un “paraíso fiscal”)
El centro de esta denuncia es el empresario barranquillero Efraín González Hamburger, uno de los fundadores de Nuovo Security, con filiales en Barranquilla y en Delaware (Estados Unidos). Según una denuncia que ya está en el búnker de la Fiscalía, su socio, Juan Carlos Cáceres, habría negociado el supuesto contrato con Centros Poblados y, para firmar el documento, falsificó su firma y lo estafó pues, dice González, ni a él ni a su empresa ha entrado un peso de ese negocio.
El punto de esta nueva denuncia de falsificación es clave dentro de todo este escándalo, pues una de las grandes críticas que ha rondado el caso es que el ministerio le entregó un anticipo de $70 mil millones al contratista que, al parecer, se quedó con el billonario negocio a punta de garantías bancarias que serían falsas. ¿Cómo va a recuperar el Mintic ese dinero? Esa es la pregunta que sigue sonando dentro del expediente, cuya respuesta se complicaría todavía más si la denuncia de González Hamburger es cierta.
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La unión temporal Centros Poblados ha insistido en que ese anticipo se invirtió de buena fe, que lo hicieron en la filial de Nuovo Security en Estados Unidos para garantizar el mejor precio y que en sus bodegas están ya los equipos que compraron con ese dinero. Sin embargo, lo que asegura Efraín González Hamburger es que su empresa no tuvo nada que ver ni con esa compra de materiales ni con nada que tuviera que ver con el contrato del Mintic.
Con estas denuncias en poder de todas las autoridades llamadas a esclarecer lo sucedido, el representante legal de Centros Poblados, Luis Fernando Duque Torres ya rindió interrogatorio en la Fiscalía. Ahora, la mira está enfocada en otros dos empresarios que habrían participado de este negocio: Juan Carlos Cáceres y Robert Gómez. A los dos los denunció González Hamburger. Según su versión de los hechos, Cáceres (socio suyo en Nuovo Security) fue el encargado de “montar” el contrato con su firma falsa sin decirle a él ni una sola palabra del negocio.
(En contexto: En firme caducidad de contrato de $1 billón que tiene contra las cuerdas a Mintic)
Al parecer, el cómplice de Cáceres habría sido Robert Gómez, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación (Novotic), una de las empresas que hacen parte de la unión temporal Centros Poblados. El nombre de este empresario ya estaba desde antes en el radar de las autoridades porque su empresa estuvo detrás de un cuestionado contrato para enseñar inglés en La Guajira por una cifra de $11 mil millones de pesos en 38 municipios del departamento, cuando allí solo existen 15.
Las autoridades están investigando también si Juan Carlos Cáceres participó de ese contrato en La Guajira. Mientras esas pesquisas avanzan, fuentes cercanas al proceso le contaron a este diario que no es cierto que González Hamburger no supiera del negocio, pues fue él mismo quien autorizó que el contrato se firmara de manera digital y que siempre estuvo al tanto de los pormenores del negocio. Por ahora, la denuncia de González Hamburger ya está en trámite en la Fiscalía.
Sobre Nuovo Security S.A.S., en Barranquilla
Aunque las pesquisas sobre a dónde fue a parar la plata del anticipo del Mintic se concentran en Nuovo Security en Delaware, esa misma empresa tiene una filial en Barranquilla. Se trata de Nuovo Security S.A.S., constituida en mayo de 2011 por Efraín Eduardo González Hamburger y José Luis Franco Menco, con un capital de $20 millones. Su objeto social en ese momento era la prestación de servicios y venta de productos de toda clase y se estableció que podría crear sucursales en Colombia o en el extranjero. Desde su constitución, en distintos momentos, Efraín Eduardo González Hamburger ha sido su representante legal, y su suplente es su hermana, María del Pilar González Hamburger.
La composición de accionistas ha tenido variaciones, pero Efraín González se ha mantenido. Hasta diciembre de 2017, los socios eran los hermanos Efraín Eduardo y María del Pilar González Hamburger. El capital también fue aumentado en varias ocasiones pasando de $20 millones en 2011 a $800 millones en 2013.
Sus estados financieros dan cuenta de que es una empresa con cifras bajas. En 2015, el patrimonio neto era de $720 millones e ingresos operacionales de $311 millones y, en 2019, esto aumentó, respectivamente, a $1.050.785.218 y $1.882.782.922. Nuovo Security dice ser una empresa familiar y su actividad económica es la venta de cámaras de seguridad, así como su instalación. También se dedica al comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones.
¿Por qué Delaware es un “paraíso fiscal”?
El hecho de que Nuovo Security LLC esté domiciliada en Delaware genera alarma, porque este estado es considerado por muchos como un paraíso fiscal, ya que impera el secretismo e impone impuestos bajos a los no residentes. Crear una sociedad es muy fácil y se puede hacer en cuestión de días. Según las versiones de Centros Poblados, en esta jurisdicción supuestamente fue a parar gran parte de los $70.000 millones del anticipo de Mintic.
El Tiempo reveló que Nuovo Security LLC fue registrada en Estados Unidos el primero de diciembre de 2016 y sus socios fundadores fueron Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, socio de una de las sociedades que conforman la unión temporal Centros Poblados; y Efraín Eduardo González Hamburger, quien a su vez es representante legal de Nuovo Security S.A.S. en Barranquilla. Es decir, Centros Poblados habría enviado el dinero a una sociedad en Delaware, propiedad de uno de sus propios socios. El famoso “yo con yo”.
Los paraísos fiscales son aquellos sitios en el mundo que ofrecen pagar muy pocos tributos a cambio de que las personas conformen empresas en esos territorios. Aunque no es un delito tener sociedades en esas jurisdicciones, históricamente se han usado también para evadir impuestos o lavar dinero, dado que los niveles de confidencialidad son altos y muchas veces las autoridades no llegan a saber quiénes son los verdaderos beneficiarios de las empresas o se usan intermediarios que ocultan su verdadera identidad.
Son tantos los beneficios fiscales que ofrece Delaware que se dice que hay más empresas que ciudadanos. Las exenciones tributarias que ofrecen resultan bastante atractivas. Por ejemplo, de acuerdo con el profesor de la Universidad Nacional Jairo Villabona, la venta de Bavaria –una de las empresas más emblemáticas en la historia de Colombia– se vendió en Delaware, lo que provocó que no pagara un peso de impuestos en Colombia, donde generó todas sus ganancias. Se debieron pagar al menos $4.2 billones.
Existen distintos listados de paraísos fiscales elaborados, por ejemplo, por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Unión Europea o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales en Colombia (DIAN). Los criterios varían y, aunque Delaware no es considerado por las autoridades colombianas como paraíso fiscal, al igual que Panamá, otras organizaciones internacionales como Oxfam sí lo han incluido en sus listados.