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El transporte de carga está en tensión. Mientras las cifras del DANE muestran que los costos se disparan por encima de la inflación, el Gobierno anuncia un paquete de reformas que busca ordenar un sector fragmentado y profundamente informal.
En julio de 2025, el Índice de Costos del Transporte de Carga por Carretera (ICTC) registró un aumento anual de 8,55 %, casi el doble de la inflación registrada en el mismo mes (4,90 %).
Los combustibles, con un incremento de 12,95 %, fueron el motor principal del encarecimiento, seguidos por la mano de obra de conductores y ayudantes (10,43 %) y los peajes (13,68 %). Otros componentes, como los costos fijos, mantenimiento e insumos, crecieron por debajo del promedio nacional.
En lo que va del año, el ICTC ha subido 3,81 %, con los costos fijos y peajes como único rubro por encima del promedio (5,21 %).
Esto ocurre en medio de una doble tensión: más alzas en combustible y peajes, en medio presuntos incumplimientos de acuerdos frente al paro de septiembre pasado y cambios en las reglas de juego por el Gobierno.
Contexto: Nuevo decreto de carga, más controles y un pulso abierto con los transportadores
Reformas en juego
El Ministerio de Transporte, liderado por María Fernanda Rojas, presentó un paquete de medidas que busca “reglas claras y mayor seguridad jurídica”. Entre los anuncios clave:
- Nuevo decreto de carga: aclara la operación y el pago de transporte, buscando mayor transparencia en la cadena logística.
- Plan de control en carreteras y puertos: la Superintendencia de Transporte reforzará operativos y verificará manifiestos, es decir, los documentos que certifican cada viaje de carga.
- Reforma al régimen sancionatorio: proyecta herramientas más estrictas contra incumplimientos y fraudes.
- Fondo de modernización de camiones: un cobro del 0,1 % por cada manifiesto financiará la renovación del parque automotor.
Paralelamente, el Gobierno planea ajustar los subsidios al ACPM (diésel). El mecanismo busca priorizar a los vehículos de servicio público y transporte de carga, mientras que los automóviles y camionetas particulares dejarían de recibir apoyo.
Según Hacienda, los hogares más ricos se benefician desproporcionadamente de los subsidios actuales: el 10 % más adinerado recibe diez veces más apoyo que el 10 % más pobre. La reorientación promete aliviar costos estratégicos para la economía, pero podría tensar aún más a los transportadores.
Lea: Los puntos ciegos del decreto que cambia el subsidio al diésel
La gasolina ha sido el único que ha salido del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), por lo que el diésel es el último talón de Aquiles para aliviar costos fiscales, aunque sigue intocable para los camioneros por los acuerdos que frenaron el paro anterior.
Si las carreteras son las arterias que conectan regiones y permiten el flujo económico, el transporte de carga es la sangre que oxigena desde el café hasta los insumos industriales.
Reducir costos logísticos no solo es una victoria empresarial; impacta directamente en los precios que pagan los consumidores.
El ecosistema todavía es complejo, y el sector carga una larga factura de costos que impiden un verdadero ajuste estructural.
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