¿Cuáles serán las prioridades económicas del Congreso?
Además de los proyectos de los congresistas, que cubren temas como renta básica y fracking, siguen pendientes reformas laboral y pensional. Esto sin mencionar la necesidad de una nueva tributaria.
Otro 20 de julio más en el calendario. Y si bien la fecha implica, además de un día feriado para aquellos que no tienen que trabajar (contando con que aún tengan trabajo en medio de la peor crisis en la historia económica del país), los desfiles militares y los discursos de buenas intenciones durante la instalación del Congreso, este día no tiene nada de típico, como casi todo en este año.
De entrada, 2020 ya iba a ser un año de duras negociaciones legislativas en materia económica, pues se anunciaban las reformas laborales y pensionales que quedaron aplazadas luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento, que terminó por generar una nueva reforma tributaria que fue aprobada a contrarreloj en diciembre del año pasado.
Lea también: El año de las tensas reformas
Tranquilo, si todo esto suena como un mal sueño, lejano y brumoso, no está solo: la pandemia introdujo sus propios tiempos y prioridades, a la vez que pone todo en una perspectiva en la que pareciera que el mundo nació en un presente macabro que se inauguró, para el caso colombiano, a mediados de marzo.
Además de distorsionar la percepción del tiempo (que bien sabemos es relativo), la pandemia por el COVID-19 también introduce sus propias modificaciones en las prioridades legislativas. Sí, se debe hablar de reforma pensional y laboral, pero ahora todo en clave de recuperación económica y de reducción de la pobreza, un indicador que en el peor de los casos podría subir 6,6 puntos porcentuales por cuenta de la crisis, llegando así a 33,6 %, según cuentas de Fedesarrollo; esto echaría por tierra años de inversión y trabajo social, que podrían probar ser difíciles de recuperar.
Además de reenfocar las reformas laborales y pensionales, la crisis por la expansión del nuevo coronavirus trae al escenario a una vieja conocida, la reforma tributaria, que en su versión más nueva no lleva ni un año de reinado.
Aquí vale la pena hacer varias precisiones. La tributaria es casi un asunto inexorable, pero, para los muchos rumores y comentarios públicos sobre ésta, nadie espera que sea presentada este año. Lo que no quiere decir que no sea un asunto importante para el Gobierno: en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se habla de un déficit fiscal de 8,2 % para 2020, por lo que se espera que una reforma en esta materia busque un 2 % del PIB (algunos cálculos estiman que, típicamente, esta legislación alcanza entre 1 % y 1,3 % del PIB, así que la meta de 2 % es ambiciosa, por decir lo menos).
En la última ronda de declaraciones oficiales, el Gobierno aseguró que la tributaria podría ser introducida en el segundo semestre de 2022, una fecha que parece posible si se tiene en cuenta que la regla fiscal volverá a tener efecto en ese año, pues se encuentra temporalmente suspendida para poder tener mayor margen de maniobra en el gasto público frente a la pandemia. Ahora bien, estos son los cálculos de un Gobierno que tuvo que introducir dos reformas fiscales en dos años por cuenta de los problemas de trámite de una de ellas.
Las reformas laboral y pensional son temas estructurales para el bienestar de millones de colombianos, el de miles de empresas y, en últimas, para la salud de las finanzas públicas. Son asuntos tan importantes como complejos de dimensionar y negociar. Y este hecho, la envergadura mayúscula de las discusiones, podría terminar por aplazarlas de nuevo, en medio de un panorama en el que la prioridad es intentar mantener la cabeza por fuera del agua.
En el campo laboral, la presentación de una reforma estructural está condicionada a los hallazgos y análisis de la Misión de Empleo, según dijo el propio ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera en entrevista con este diario. “Todo pasará por la Misión de Empleo. El Gobierno la coordinará y los expertos recomendarán al Gobierno lo que tenemos que hacer en materia de empleo, cómo lo podemos reactivar. (…)La caída del empleo será muy dura, y para nosotros lo más importante es el tema de informalidad, es lo más delicado. Veníamos trabajando el tema de seguridad social, pero cómo logramos que 20 millones de informales ingresen a la formalidad; eso tiene que pasar por una reforma laboral”.
Vale la pena aclarar que las tasas de desempleo de abril y mayo (los dos últimos datos conocidos) representan los peores meses en la historia económica del país, con 19, 8 % y 21,4 %, respectivamente.
El terreno pensional puede probar ser más complicado porque, si bien es un tema de gran importancia, no necesariamente está tan incrustado en el engranaje de la trituradora económica del COVID-19. Aunque vale la pena aclarar que la caída de los mercados globales que se sintió con fuerza en marzo y abril llevó a la pérdida de miles de millones en los portafolios manejados por las aseguradoras privadas.
El panorama pensional en Colombia puede ser ciertamente desolador si se tienen en cuenta estos problemas de base: baja cobertura (sólo 1 de 4 adultos mayores accede a una pensión), inequidad (se destinan más de $40 billones para subsidiar a 2,1 millones de pensionados de los regímenes especiales y Colpensiones), insostenibilidad (déficit a cargo del gobierno crecería 140 puntos básicos en 55 años).
Las iniciativas de los congresistas
Las tres reformas mencionadas son asuntos estructurales, que eventualmente llegarán a discusión de la mano del Gobierno. Pero el terreno legislativo en materia de economía es mucho más amplio cuando se consideran los proyectos que traen los propios congresistas, que van desde discusiones sobre fracking e impuestos a las petroleras, hasta renta básica, pasando por regulación a aplicaciones (de transporte y en general).
Lea también: Las perlas que trae la agenda legislativa del Centro Democrático
-Renta básica: varios partidos tienen en la mira proponer una renta básica permanente, especialmente para las familias más vulnerables. También se habla de una ampliación de ingreso solidario, el programa de emergencia que implantó el Gobierno en el marco de la pandemia para cubrir a quienes están en situación de vulnerabilidad económica, pero no estaban en los programas del Estado por diferentes motivos (falta de bancarización, por ejemplo).
El debate alrededor de la renta básica es una de las discusiones económicas más apasionantes que hay en el momento, pues no sólo es un asunto de finanzas públicas y asistencia estatal, sino que va al fondo de cuestiones como la libertad del individuo y hasta la felicidad.
David Casassas, académico y experto español en este tema, explica la renta básica de esta forma: “Es una asignación monetaria, pagada por los poderes públicos, de acuerdo con tres principios: universalidad, es decir, que la reciben todos los ciudadanos de un territorio; incondicionalidad, y con ello nos referimos a que la recibes en cualquier circunstancia que acompañe tu vida sin importar, por ejemplo, niveles de ingreso o número de personas con las que vives, y, en tercer lugar, individualidad, la reciben los individuos, no los hogares. Y eso es importante, teniendo en cuenta que en los hogares hay relaciones de poder. Hay que añadir que la renta básica debe ser una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y eso se calcula de acuerdo con el país en el que estemos. Y, por supuesto, no sustituye otras políticas en especie, como vivienda, educación y salud, entre otros. Lo único que sustituye son los subsidios monetarios focalizados”.
-Aplicaciones: hay varios proyectos para regular (o al menos intentarlo, ya que no es la primera vez que se habla de este tema) las aplicaciones de transporte en el país, tipo Uber y demás. La iniciativa cuenta con una amplísima resistencia por parte de los transportadores tradicionales.
Además del sector transporte, hay iniciativas para regular el llamado trabajo colaborativo (algo que inglés que se conoce como the gig economy) que vive en aplicaciones de domicilios y otros servicios, como Rappi, para que las empresas le ofrezcan todas las prestaciones legales a los trabajadores.
En el sector laboral, el propio ministro Cabrera ha asegurado que debe haber mayores regulaciones para el trabajo en casa: “El trabajo en casa es una ayuda tanto al trabajador como al empleador. Si esa figura no hubiera existido, no sé qué hubiera pasado con tres millones de trabajadores o con más de un millón de empresas. Es un tema excepcional y temporal que estamos tratando de regular, de poner condiciones que no existían. Nadie sabe cuánto durará la cuarentena, ya sabemos que durará hasta agosto; por tanto, nos toca tomar medidas, en cuanto a las obligaciones del empleador, el respeto de los horarios, de los descansos y acompañando la parte de riesgos laborales”.
-Las otras iniciativas: los partidos impulsarán una amplia variedad de proyectos económicos, entre los que se cuentan la posibilidad de cubrir con el impuesto de industria y comercio a las petroleras, una ley bloqueando el desarrollo de fracking en el país (que, dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es vital para mantener la autosuficiencia petrolera), bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito o permitir que las personas tengan una mayor ventana de tiempo para cambiarse de régimen pensional.
Otro 20 de julio más en el calendario. Y si bien la fecha implica, además de un día feriado para aquellos que no tienen que trabajar (contando con que aún tengan trabajo en medio de la peor crisis en la historia económica del país), los desfiles militares y los discursos de buenas intenciones durante la instalación del Congreso, este día no tiene nada de típico, como casi todo en este año.
De entrada, 2020 ya iba a ser un año de duras negociaciones legislativas en materia económica, pues se anunciaban las reformas laborales y pensionales que quedaron aplazadas luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento, que terminó por generar una nueva reforma tributaria que fue aprobada a contrarreloj en diciembre del año pasado.
Lea también: El año de las tensas reformas
Tranquilo, si todo esto suena como un mal sueño, lejano y brumoso, no está solo: la pandemia introdujo sus propios tiempos y prioridades, a la vez que pone todo en una perspectiva en la que pareciera que el mundo nació en un presente macabro que se inauguró, para el caso colombiano, a mediados de marzo.
Además de distorsionar la percepción del tiempo (que bien sabemos es relativo), la pandemia por el COVID-19 también introduce sus propias modificaciones en las prioridades legislativas. Sí, se debe hablar de reforma pensional y laboral, pero ahora todo en clave de recuperación económica y de reducción de la pobreza, un indicador que en el peor de los casos podría subir 6,6 puntos porcentuales por cuenta de la crisis, llegando así a 33,6 %, según cuentas de Fedesarrollo; esto echaría por tierra años de inversión y trabajo social, que podrían probar ser difíciles de recuperar.
Además de reenfocar las reformas laborales y pensionales, la crisis por la expansión del nuevo coronavirus trae al escenario a una vieja conocida, la reforma tributaria, que en su versión más nueva no lleva ni un año de reinado.
Aquí vale la pena hacer varias precisiones. La tributaria es casi un asunto inexorable, pero, para los muchos rumores y comentarios públicos sobre ésta, nadie espera que sea presentada este año. Lo que no quiere decir que no sea un asunto importante para el Gobierno: en el Marco Fiscal de Mediano Plazo se habla de un déficit fiscal de 8,2 % para 2020, por lo que se espera que una reforma en esta materia busque un 2 % del PIB (algunos cálculos estiman que, típicamente, esta legislación alcanza entre 1 % y 1,3 % del PIB, así que la meta de 2 % es ambiciosa, por decir lo menos).
En la última ronda de declaraciones oficiales, el Gobierno aseguró que la tributaria podría ser introducida en el segundo semestre de 2022, una fecha que parece posible si se tiene en cuenta que la regla fiscal volverá a tener efecto en ese año, pues se encuentra temporalmente suspendida para poder tener mayor margen de maniobra en el gasto público frente a la pandemia. Ahora bien, estos son los cálculos de un Gobierno que tuvo que introducir dos reformas fiscales en dos años por cuenta de los problemas de trámite de una de ellas.
Las reformas laboral y pensional son temas estructurales para el bienestar de millones de colombianos, el de miles de empresas y, en últimas, para la salud de las finanzas públicas. Son asuntos tan importantes como complejos de dimensionar y negociar. Y este hecho, la envergadura mayúscula de las discusiones, podría terminar por aplazarlas de nuevo, en medio de un panorama en el que la prioridad es intentar mantener la cabeza por fuera del agua.
En el campo laboral, la presentación de una reforma estructural está condicionada a los hallazgos y análisis de la Misión de Empleo, según dijo el propio ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera en entrevista con este diario. “Todo pasará por la Misión de Empleo. El Gobierno la coordinará y los expertos recomendarán al Gobierno lo que tenemos que hacer en materia de empleo, cómo lo podemos reactivar. (…)La caída del empleo será muy dura, y para nosotros lo más importante es el tema de informalidad, es lo más delicado. Veníamos trabajando el tema de seguridad social, pero cómo logramos que 20 millones de informales ingresen a la formalidad; eso tiene que pasar por una reforma laboral”.
Vale la pena aclarar que las tasas de desempleo de abril y mayo (los dos últimos datos conocidos) representan los peores meses en la historia económica del país, con 19, 8 % y 21,4 %, respectivamente.
El terreno pensional puede probar ser más complicado porque, si bien es un tema de gran importancia, no necesariamente está tan incrustado en el engranaje de la trituradora económica del COVID-19. Aunque vale la pena aclarar que la caída de los mercados globales que se sintió con fuerza en marzo y abril llevó a la pérdida de miles de millones en los portafolios manejados por las aseguradoras privadas.
El panorama pensional en Colombia puede ser ciertamente desolador si se tienen en cuenta estos problemas de base: baja cobertura (sólo 1 de 4 adultos mayores accede a una pensión), inequidad (se destinan más de $40 billones para subsidiar a 2,1 millones de pensionados de los regímenes especiales y Colpensiones), insostenibilidad (déficit a cargo del gobierno crecería 140 puntos básicos en 55 años).
Las iniciativas de los congresistas
Las tres reformas mencionadas son asuntos estructurales, que eventualmente llegarán a discusión de la mano del Gobierno. Pero el terreno legislativo en materia de economía es mucho más amplio cuando se consideran los proyectos que traen los propios congresistas, que van desde discusiones sobre fracking e impuestos a las petroleras, hasta renta básica, pasando por regulación a aplicaciones (de transporte y en general).
Lea también: Las perlas que trae la agenda legislativa del Centro Democrático
-Renta básica: varios partidos tienen en la mira proponer una renta básica permanente, especialmente para las familias más vulnerables. También se habla de una ampliación de ingreso solidario, el programa de emergencia que implantó el Gobierno en el marco de la pandemia para cubrir a quienes están en situación de vulnerabilidad económica, pero no estaban en los programas del Estado por diferentes motivos (falta de bancarización, por ejemplo).
El debate alrededor de la renta básica es una de las discusiones económicas más apasionantes que hay en el momento, pues no sólo es un asunto de finanzas públicas y asistencia estatal, sino que va al fondo de cuestiones como la libertad del individuo y hasta la felicidad.
David Casassas, académico y experto español en este tema, explica la renta básica de esta forma: “Es una asignación monetaria, pagada por los poderes públicos, de acuerdo con tres principios: universalidad, es decir, que la reciben todos los ciudadanos de un territorio; incondicionalidad, y con ello nos referimos a que la recibes en cualquier circunstancia que acompañe tu vida sin importar, por ejemplo, niveles de ingreso o número de personas con las que vives, y, en tercer lugar, individualidad, la reciben los individuos, no los hogares. Y eso es importante, teniendo en cuenta que en los hogares hay relaciones de poder. Hay que añadir que la renta básica debe ser una cantidad suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida y eso se calcula de acuerdo con el país en el que estemos. Y, por supuesto, no sustituye otras políticas en especie, como vivienda, educación y salud, entre otros. Lo único que sustituye son los subsidios monetarios focalizados”.
-Aplicaciones: hay varios proyectos para regular (o al menos intentarlo, ya que no es la primera vez que se habla de este tema) las aplicaciones de transporte en el país, tipo Uber y demás. La iniciativa cuenta con una amplísima resistencia por parte de los transportadores tradicionales.
Además del sector transporte, hay iniciativas para regular el llamado trabajo colaborativo (algo que inglés que se conoce como the gig economy) que vive en aplicaciones de domicilios y otros servicios, como Rappi, para que las empresas le ofrezcan todas las prestaciones legales a los trabajadores.
En el sector laboral, el propio ministro Cabrera ha asegurado que debe haber mayores regulaciones para el trabajo en casa: “El trabajo en casa es una ayuda tanto al trabajador como al empleador. Si esa figura no hubiera existido, no sé qué hubiera pasado con tres millones de trabajadores o con más de un millón de empresas. Es un tema excepcional y temporal que estamos tratando de regular, de poner condiciones que no existían. Nadie sabe cuánto durará la cuarentena, ya sabemos que durará hasta agosto; por tanto, nos toca tomar medidas, en cuanto a las obligaciones del empleador, el respeto de los horarios, de los descansos y acompañando la parte de riesgos laborales”.
-Las otras iniciativas: los partidos impulsarán una amplia variedad de proyectos económicos, entre los que se cuentan la posibilidad de cubrir con el impuesto de industria y comercio a las petroleras, una ley bloqueando el desarrollo de fracking en el país (que, dice la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es vital para mantener la autosuficiencia petrolera), bajar las tasas de interés de las tarjetas de crédito o permitir que las personas tengan una mayor ventana de tiempo para cambiarse de régimen pensional.