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Los trabajadores que perdieron su empleo como consecuencia del terremoto del 10 de agosto de 2026 podrán acceder a una transferencia económica equivalente a medio salario mínimo, pero el manejo de esos recursos tendrá ahora nuevas reglas de seguimiento. La Superintendencia del Subsidio Familiar expidió instrucciones para que las cajas de compensación reporten cómo se asigna y ejecuta el dinero, quiénes reciben la ayuda y qué ocurre con los recursos que deban reintegrarse. El objetivo es mejorar la trazabilidad de una medida extraordinaria financiada con recursos del sistema de protección al cesante.
Las disposiciones quedaron establecidas en la Circular Externa 202600004 y la Resolución 0850 del 27 de octubre de 2026. Ambas buscan fortalecer la inspección, vigilancia y control sobre la Protección Económica Extraordinaria, creada por el Gobierno mediante el Decreto Legislativo 1417 de 2026 para atender a trabajadores dependientes e independientes que quedaron cesantes y fueron afectados por la emergencia.
El beneficio equivale a medio salario mínimo mensual legal vigente de 2026 y se entrega en dos giros mensuales consecutivos. Su operación está a cargo de las cajas de compensación familiar, a través de los recursos del Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante (FOSFEC).
La ayuda hace parte de un paquete de medidas laborales anunciado por el Gobierno en septiembre, cuando buscaba evitar que los daños ocasionados por el terremoto se tradujeran en una pérdida prolongada de empleos e ingresos. En ese momento también se habilitaron mecanismos para apoyar el pago de nóminas de empresas afectadas y permitir el retiro parcial de cesantías a trabajadores con contratos suspendidos por causa directa del desastre.
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¿Quiénes pueden recibir la transferencia?
La Protección Económica Extraordinaria está dirigida a trabajadores dependientes e independientes cesantes damnificados. Según las condiciones establecidas para el mecanismo, los solicitantes deben estar incluidos en el Registro Único de Damnificados, acreditar al menos seis meses de aportes a cajas de compensación durante los últimos cinco años y encontrarse sin empleo ni pensión.
La asignación se realiza en estricto orden de radicación de las solicitudes y hasta agotar los recursos disponibles. Además, el beneficio es incompatible con la transferencia ordinaria del Mecanismo de Protección al Cesante. Esto significa que no se pueden recibir simultáneamente ambos apoyos.
La focalización y el seguimiento son especialmente importantes porque los recursos provienen del FOSFEC, un fondo destinado a financiar mecanismos de protección para personas que pierden su empleo. La transferencia extraordinaria utiliza una parte de esos recursos para responder a una emergencia concreta, por lo que su administración debe permitir identificar cuánto dinero se destina a cada beneficiario y cuánto queda disponible.
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¿Qué cambia con las nuevas instrucciones?
La Resolución 0850 incorpora cuentas y subcuentas específicas al catálogo contable que utilizan las cajas de compensación familiar para reportar su información financiera. Con esto se busca separar los movimientos relacionados con la transferencia extraordinaria de otras operaciones del sistema.
La clasificación permitirá identificar asignaciones, pagos, reintegros, recobros y compensaciones entre cajas. Estos últimos movimientos son relevantes cuando una entidad debe reconocer recursos a otra o ajustar operaciones relacionadas con la atención de los beneficiarios.
Por su parte, la Circular Externa 202600004 establece las obligaciones de reporte financiero, contable, operativo y estadístico. Las cajas deberán entregar la información a través del Sistema de Información de Monitoreo del Subsidio Familiar (SIMON), siguiendo los formatos y las periodicidades definidos por la Superintendencia.
Entre las obligaciones están el reporte mensual de postulantes y beneficiarios, el seguimiento a la disponibilidad y ejecución de los recursos del FOSFEC, la certificación de la información financiera y la verificación de que los datos reportados por las distintas cajas sean consistentes.
Los primeros plazos ya están definidos. El reporte de postulantes y beneficiarios deberá enviarse el 25 de noviembre de 2026, mientras que el primer informe sobre ejecución de los recursos tendrá como fecha límite el 7 de diciembre.
Las nuevas instrucciones no modifican el monto de la ayuda ni las condiciones para acceder a ella. Su alcance está en la vigilancia de los recursos y en la obligación de las cajas de demostrar cómo los administran.
En una emergencia que también golpeó la actividad económica y el empleo, la respuesta estatal no termina con la asignación de subsidios. La ayuda debe llegar a quienes cumplen los requisitos, pero también debe poder verificarse cuánto se gastó, quién recibió el dinero y qué pasó con cada peso destinado a proteger los ingresos de los trabajadores damnificados.
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