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La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), eje del recaudo fiscal en Colombia, vive una sacudida inesperada. El presidente Gustavo Petro solicitó la renuncia de su director, Jairo Orlando Villabona, apenas seis meses después de asumir el cargo. ¿El motivo? La persistente caída en los ingresos tributarios, que ha puesto en jaque las finanzas públicas y retrasado metas clave del gobierno.
Este movimiento estratégico buscaría, en parte, reforzar la entidad con nuevas herramientas. Según fuentes consultadas por W Radio, el elegido para reemplazar a Villabona es Luis Eduardo Llinás Chica, actual director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Llinás, un contador público con amplia experiencia en inteligencia financiera, traería consigo una visión enfocada en el uso de inteligencia artificial y análisis de datos para optimizar el recaudo tributario.
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Crisis en el recaudo: el detonante del cambio
El desempeño de la DIAN en 2024 ha sido motivo de preocupación. Entre enero y noviembre, el recaudo bruto alcanzó los $249,79 billones, 5,28 % menos que en el mismo periodo de 2023, cuando sumó $263,6 billones.
Esta contracción de $13,9 billones pone presión sobre el presupuesto público, impactando sectores esenciales como infraestructura, salud y educación.
La meta de recaudo de $279,4 billones proyectados para 2024 quedó fuera de alcance.
Al desglosar las cifras, los principales aportantes al recaudo fueron:
- Retención en la fuente: $88,38 billones (35,4 %).
- Impuesto al valor agregado (IVA): $56,93 billones (22,8 %).
- Tributos aduaneros: $36,96 billones (14,8 %).
- Otros impuestos: $67,50 billones (27 %).
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Pese a estos aportes, factores como la caída en los recursos de regalías, litigios legales estancados y un sistema débil para penalizar la evasión fiscal complicaron el panorama.
Según Villabona, el recaudo final será “más bajo del proyectado”, lo que tendría una alerta encima por parte de la Contraloría general.
“Pues es muy difícil porque el recaudo depende mucho también de las estructuras, de las reformas tributarias, de las normas que existen, de las penalizaciones que existen y en Colombia hay un problema muy grave y es que no hay una penalización fuerte para la evasión de impuestos”, apuntó.
La caída en el recaudo ha tenido repercusiones inmediatas en las finanzas del gobierno. Entre las medidas adoptadas está un plan de austeridad que recortó $50,8 billones del gasto presupuestado en 2024, reduciendo el presupuesto efectivo a $357,3 billones, un ajuste de 12,4 %.
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Según un estudio del Banco de Bogotá, el desfase de ingresos estimado entre $12 y $13 billones ha obligado a priorizar sectores clave, mientras que otros, como agricultura ($4,57 billones) y vivienda ($4,85 billones), enfrentan rezagos preocupantes.
El recaudo tributario, que financia rubros como educación ($35,01 billones), salud ($30,56 billones) y defensa ($26,64 billones), debe aumentar significativamente para cumplir con los compromisos fiscales y evitar que el país pierda estabilidad económica.
El nombramiento de Llinás
Hace seis meses, el nombramiento de Villabona, quien reemplazó al economista Luis Carlos Reyes (actual ministro de Comercio), marcó una apuesta inicial del gobierno por un perfil técnico.
Sin embargo, su corto mandato refleja las tensiones internas y las dificultades para cumplir con las expectativas presidenciales en materia tributaria.
A partir del 27 de enero, Cecilia Rico Torres, actual directora de Gestión de Impuestos, asumirá como directora encargada mientras Llinás formaliza su llegada. Rico Torres tendrá la tarea de garantizar una transición fluida en un momento crítico para la DIAN.
La salida de Villabona deja al descubierto la magnitud del desafío fiscal que enfrenta el gobierno Petro. Con un presupuesto para 2025 desfinanciado en $12 billones (tras la caída de la Ley de Financiamiento) y la urgencia de recuperar la confianza en la DIAN, el éxito del plan recae en la capacidad de Luis Eduardo Llinás de implementar soluciones tecnológicas y estratégicas que reviertan la crisis tributaria, desde la detección de evasión fiscal y de la eficiencia en la gestión tributaria.
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Por otro lado, el nuevo nombramiento de Llinás no está exento de interrogantes. Como director de la UIAF, su labor ha sido crítica en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo; sin embargo, el año pasado la entidad de inteligencia destacó una ola de cuestionamientos sobre la gestión de información clasificada en Colombia.
Según la queja presentada por el caso del software Pegasus, Llinás habría incurrido en la violación de normas sobre el manejo de documentos reservados al entregar un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de Israel (IMPA) al presidente Gustavo Petro, quien lo hizo público.
Este informe, que supuestamente detallaba transacciones vinculadas al software espía Pegasus, estaba marcado con un nivel de confidencialidad que solo permitía su acceso a las autoridades competentes, como la Fiscalía General de la Nación.
Las implicaciones de esta acción han sido graves para el país: además de comprometer la posición de Colombia en el Grupo EGMONT, una red internacional de unidades de inteligencia financiera, la lectura pública del documento habría dañado las relaciones diplomáticas con Israel y otros aliados internacionales.
La suspensión provisional de Colombia en esta red representó un golpe en la lucha contra el crimen organizado y el lavado de activos, al limitar el intercambio de información clave con otros países.
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