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Con el propósito de continuar el proceso de diálogo para definir cómo se distribuirán los recursos obtenidos mediante la Contribución Nacional de Valorización (CNV) del proyecto vial “Cartagena - Barranquilla - Circunvalar de La Prosperidad”, el pasado 8 de octubre, se realizó un encuentro entre el Ministerio de Transporte, Invías y alcaldías y gobernaciones de Atlántico y Bolívar.
Estos recursos, que superan el billón de pesos, serán invertidos en proyectos de infraestructura vial que buscan fortalecer la conectividad y el desarrollo económico en la región Caribe.
Liliana Ospina, viceministra de Infraestructura, explicó que la distribución de los recursos se llevará a cabo bajo un análisis de 17 variables socioeconómicas, entre las que se incluyen la población total, cobertura de servicios públicos, índice de desempeño fiscal, cobertura de alcantarillado, y número de predios urbanos y rurales.
Según el comunicado oficial, de Mintransporte, este estudio se basa en datos del Sistema de Estadísticas Territoriales de Colombia (TerriData), facilitado por el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de garantizar que los municipios con mayores necesidades reciban una participación proporcionalmente mayor en la distribución de los recursos.
En términos monetarios, la Resolución de Distribución 3856 de 2024 establece que el monto total disponible para distribución asciende a COP 2,38 billones, pero debido a las condiciones de exención y topes del Impuesto Predial Unificado, se estima que el recaudo efectivo será de aproximadamente COP 1.23 billones.
El proyecto ya se encuentra en etapa de implementación, según lo comentado por el director del Invías, Jhon Jairo González.
¿Quiénes estarán exentos?
Se estableció que quedarán exentos los propietarios y poseedores en situación de pobreza extrema y moderada, definidos por los niveles Sisbén A1-A15 y B1-B7, así como aquellos con predios en estratos 1, 2 y 3, y propietarios de unidades agrícolas familiares. Asimismo, están excluidos bienes de uso público, tierras comunales, zonas de riesgo, iglesias, cementerios, patrimonio público y embajadas, según lo mencionado en el comunicado.
Además, la viceministra Ospina insistió en que esta contribución no es un impuesto, sino un aporte único que deben efectuar quienes posean predios directamente beneficiados por las obras de infraestructura, aclarando que los recursos se invertirán exclusivamente en estas obras y no se destinarán a otros fines del Estado.
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