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El Gobierno decidió intervenir financieramente en la generación eléctrica, una de las capas más sensibles del sistema. El Decreto 044 de 2025, bajo el paraguas de la emergencia económica, pretende extraer recursos de los agentes que aún tienen rentabilidad para sostener a los que están al borde del colapso.
La norma crea dos figuras nuevas —una contribución parafiscal y una contraprestación en energía— que, en la práctica, trasladan parte del costo de la crisis del mercado eléctrico mayorista a las empresas generadoras. El objetivo declarado es garantizar la continuidad del servicio, especialmente en empresas intervenidas por la Superintendencia de Servicios Públicos (caso Air-e), una crisis de liquidez que dejó de ser regional y amenaza con volverse sistémica.
El artículo 1 crea una contribución parafiscal del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos de 2025 para las empresas generadoras que prestan el servicio público domiciliario de energía eléctrica. Es decir, si una generadora tuvo utilidades en 2025, una parte irá directamente al Fondo Empresarial de la Superintendencia.
Algunos puntos gravan su alcance:
- No grava ingresos ni producción, sino utilidad antes de impuestos. Es decir, afecta directamente la rentabilidad, no el volumen.
- En empresas con actividades mixtas, solo se grava la utilidad atribuible a generación para servicio público domiciliario.
- Se causa el 2 de febrero de 2026, con un esquema de pago en dos tramos:
- 1,25 % anticipado, calculado con estados financieros de 2024.
- 1,25 % definitivo, ajustado con cifras consolidadas de 2025.
En términos de caja, recuerda la lógica de la autorretención que aplicó el Ministerio de Hacienda a las personas naturales y jurídicas en julio pasado, con el fin de recaudar más impuestos en 2025: el Estado está adelantando caja futura para tapar un hueco presente.
El Fondo Empresarial como dique de contención
El decreto señala que los recursos van al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos, y solo pueden usarse para procesos de intervención administrativa en empresas eléctricas. Es un fondo de rescate que reconoce que las fuentes ordinarias son insuficientes, que hay múltiples empresas intervenidas al mismo tiempo, que los procesos se han prolongado más de lo previsto y que las necesidades de caja superan cualquier escenario normal.
Energía en especie para sostener a los intervenidos
El artículo 2 introduce una contraprestación en energía, obligatoria durante 2026, para empresas que desarrollen la actividad de generación de energía eléctrica hidráulica en el mercado de energía mayorista (MEM) con despacho centralizado.
La obligación de los generadores es entregar 12 % de la energía vendida en bolsa; esa energía se distribuye entre empresas intervenidas y se liquida mensualmente. Esto no puede afectar tarifas, despacho ni formación de precios.
De este modo, se pide electricidad directamente como instrumento fiscal de emergencia. El valor de la energía entregada se reconocerá al menor entre el precio de bolsa de la transacción y el costo promedio ponderado de contratos del mes anterior.
A cambio, el generador recibe un descuento tributario del 50 % sobre la base gravable del impuesto de renta, calculado a partir del valor de la energía entregada.
¿Qué no tocará el decreto?
- No afectará tarifas.
- No alterará el despacho económico.
- No distorsionará precios.
- No será permanente.
¿Qué sí?
- Reduce las utilidades netas de los generadores.
- Introduce obligaciones no previstas en contratos originales.
- Para inversionistas, aumenta el riesgo regulatorio.
- Reparto de cargas dentro del sistema.
Un salvavidas para Air-e
Ese trasfondo explica por qué el Gobierno optó por una vía extraordinaria. A comienzos de enero, Air-e anunció que mantendría estable su tarifa en 2026 —COP 796 por kWh en Atlántico, Magdalena y La Guajira, por debajo del promedio nacional—, pero al mismo tiempo quedó expuesta la magnitud del problema: una deuda cercana a COP 2,5 billones con generadores y transmisores.
Antes del Decreto 044, el Ejecutivo había puesto a consideración un cobro transitorio —COP 8 por kWh— a nivel nacional para aliviar esa carga, mediante un borrador de resolución . La resistencia gremial y el impacto tarifario aceleraron el giro hacia un mecanismo fiscal y en especie, trasladando parte del ajuste a los agentes con mayor capacidad financiera dentro del sistema.
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) fue una de las primeras en rechazar la medida. Para el gremio, el cobro propuesto tiene naturaleza tributaria, lo que lo haría “inconstitucional” al no pasar por el Congreso.
En cambio, Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explicó que, en caso de que siga creciendo la deuda de Air-e, la cadena se rompe. Los bancos dejan de prestar, las empresas se quedan sin liquidez y el riesgo se propaga.
Para Andeg, el cobro de COP 8 por kilovatio no es la solución ideal, pero sí una forma de detener el “desangre” financiero mientras se buscan salidas más profundas.
Sin embargo, desde entonces poco se ha dicho del avance de la resolución.
La crisis estructural en el Caribe, con pérdidas, bajo recaudo y alta vulnerabilidad en el servicio, y el posterior contagio financiero a comercializadores y generadores, sumó un nuevo síntoma con la restricción fiscal actual del Gobierno, cubriendo subsidios y déficits con presupuesto ordinario.
Este nuevo decreto se suma al paraguas de la emergencia económica, el tapete fiscal para remendar la caída de la reforma tributaria (por COP 16 billones) en el Congreso.
Estado de emergencia económica
La emergencia económica sirvió como vía de escape con un recaudo que ya ronda, a dos semanas de su firma, cerca de COP 236.000 millones, gracias a los beneficios tributarios. La cifra todavía es modesta frente al tamaño del hueco fiscal.
La cartera que los contribuyentes le deben al Estado asciende a COP 36,7 billones.
El país atraviesa una discusión de fondo sobre deuda, el déficit fiscal y la confianza bajo el paraguas del decreto de emergencia, en revisión, incluso, por la Corte Constitucional. Los mercados miran también de reojo cada movimiento.
Aun así, el Gobierno defiende el mecanismo como una puerta de entrada. El decreto de emergencia no solo se limita a cobrar deudas viejas. También amplía la base tributaria y ajusta impuestos rezagados.
Entre las medidas se encuentra el IVA del 19 % a los juegos de azar en línea, que antes estaban exentos; IVA del 19 % a licores y destilados como whisky, vodka o ron, que pagaban solo 5 %, y el impuesto al patrimonio para fortunas superiores a los COP 2.081 millones, que afecta a cerca de 104.000 personas.
Menos utilidades netas
Con el Decreto 044, el mercado eléctrico “socializará” parte de las utilidades netas para salvar a las empresas intervenidas, una especie de redistribución de cargas.
A corto plazo, la solución facilita la liquidez en las empresas golpeadas financieramente; a largo plazo trae nuevas incertidumbres regulatorias para los generadores que han sorteado la marea.
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