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La Corte Constitucional tumbó el tercer decreto que había expedido el Gobierno de Gustavo Petro en el marco de la emergencia económica declarada el pasado 22 de diciembre. La medida establecía una contribución parafiscal para fortalecer el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos. El impuesto era del 2,5 % sobre la utilidad antes de impuestos en la vigencia 2025 y lo debían pagar las generadoras de energía.
“Es una decisión que muestra la independencia de los poderes, que resalta las malas maneras que tuvo el Gobierno nacional decretando unos impuestos que no tenían sentido desde el punto de vista constitucional”, aseguró Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg). Agregó que la decisión del alto tribunal muestra que “el Gobierno actuó mal y no actuó en derecho”.
En su momento, el Ejecutivo argumentó en el decreto que se había materializado una “perturbación grave e inminente del orden económico y social asociada a la prestación del servicio público de energía eléctrica”, puntualmente, por la situación de Air-e, comercializadora de energía que presta el servicio en Atlántico, La Guajira y Magdalena.
Para finales de enero, momento en el que se expidió el decreto, Air-e, empresa intervenida por la Superservicios, necesitaba unos COP 5,44 billones para pagar la deuda con las generadoras de energía y para cubrir la necesidad proyectada de flujo de caja. Esa suma, según cálculos del Gobierno, era vital para sostener la operación y ejecutar inversiones indispensables.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, además, estableció que la declaratoria de inexequibilidad tendrá efectos retroactivos, es decir, “las sumas de dinero que se hubieren recaudado por concepto de la contribución parafiscal deberán ser devueltas o compensadas a los sujetos pasivos”.
Sin embargo, fuentes del sector explicaron a El Espectador que el monto a devolver no sería significativo (e incluso podría ser 0) porque la Corte Constitucional suspendió la emergencia económica, como medida cautelar, antes de que se cobrara.
Por su parte, el presidente Gustavo Petro defendió que “la emergencia económica era necesaria y sigue siendo necesaria”.
A mediados de abril, la Corte Constitucional también ordenó devolver el dinero de los otros impuestos que se alcanzaron a recaudar en el marco de la emergencia que decretó el Gobierno Petro en diciembre.
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En el mes que estuvo vigente la emergencia económica, la DIAN alcanzó a recaudar cerca de COP 1,65 billones, según informó el Ministerio de Hacienda, pero no toda esa plata se devolverá; de hecho, será un monto mucho menor. La mayoría de los recursos (COP 1,63 billones) corresponden a alivios tributarios, en especial para contribuyentes morosos. Esos pagos no se pueden reversar porque, como dijo a El Espectador una fuente cercana a la discusión, “no se puede afectar a la gente y no atender favorabilidad tributaria”.
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