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El Gobierno debe expedir un nuevo decreto en el que se establezca el incremento del salario mínimo para 2026. Han pasado cuatro de los ocho días de plazo que le dio el Consejo de Estado para establecer un porcentaje transitorio, luego de suspender el documento vigente en el marco de una demanda contra el aumento del mínimo.
El decreto que publicará el Gobierno estará vigente hasta que el tribunal tome una decisión final sobre si se mantiene o no la subida del 23,7 % para dicho salario.
El pasado lunes 16 de febrero, el presidente Gustavo Petro citó a la comisión de concertación de políticas salariales y laborales, en la que participaron empresarios y trabajadores.
Tras la reunión, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, señaló que se consiguió una opinión mayoritaria en defender el incremento y que no solo el Gobierno lo considera conveniente, sino también los gremios y las centrales obreras.
“Esta es una buena noticia para los trabajadores de Colombia. Se basa en no generar ni incentivar incertidumbres en el mercado colombiano, toda vez que este ingreso ya ha sido incorporado en las dinámicas empresariales”, aseguró Sanguino.
Como la opinión es mayoritaria, el Gobierno busca mantener y defender el alza del 23,7 % en el decreto transitorio que ordenó el Consejo de Estado, confirmó Sanguino en entrevista con Blu Radio. Se trata de una decisión tomada y “es positivo que haya un consenso”.
Reforzar el argumento detrás del mínimo
El ministro sostiene que lo que va a cambiar en el nuevo documento es que habrá una explicación más clara de la relación con el salario mínimo vital y su relación con otros elementos como el crecimiento económico, la inflación y la productividad.
El objetivo es que haya una “articulación demostrada entre el concepto y las variables que pide la ley que sean ponderadas. Para nosotros es claro que el concepto de salario vital es prevalente”, añadió Sanguino.
El funcionario confirmó que presentarán varios recursos ante el Consejo de Estado, entre ellos uno de aclaración y otro de súplica, mientras avanza en la expedición del decreto transitorio dentro del plazo establecido.
“Sabemos que la batalla no ha terminado porque son 38 las demandas que tiene el decreto y tenemos que llenar de argumentos nuestras explicaciones”, afirmó el ministro.
Además, se refirió a que el salario vital ya es un derecho adquirido porque se pagaron tres quincenas y la Corte Constitucional ha dicho que el Gobierno nunca debe disminuir el poder adquisitivo de los trabajadores. Por lo que, si esto se suma al hecho de que ya hay un acuerdo en la mesa, es un atenuante que se debe tener en cuenta.
¿Qué tiene en cuenta el mínimo vital?
La clave que explica el aumento del 23,7 % está ligado al concepto del salario mínimo vital. Se trata de un concepto impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que básicamente consiste en la remuneración que debe recibir un trabajador para satisfacer sus necesidades más básicas, y las de su familia.
Son múltiples los factores que entran en juego a la hora de revisar el valor del salario mínimo vital: alimentación, vivienda, vestimenta, transporte...
Para la comida, se tiene en cuenta que una persona debe consumir 2.856 calorías al día, lo que en pesos se traduce en un gasto mensual de COP 394.819. Para un hogar de cuatro personas, la cifra llega a los COP 1.288.654.
En vivienda, tener una que se considere digna ronda los COP 143.099 por persona, que serían COP 587.192 para un hogar de cuatro. Si se suma el costo de los servicios públicos, de COP 124.588, da un total de COP 711.780.
Para salud, educación, transporte, ropa, productos de limpieza y comunicaciones se calcularon COP 154.606 por persona, mientras que las otras necesidades del hogar son COP 827.549.
En total, un salario mínimo vital y móvil para un hogar de cuatro integrantes es de COP 2.982.960.
Se calcula que hay 1,5 asalariados por familia, lo que da un salario neto de mínimo vital de COP 1.988.640 (en 2024, cuando el salario mínimo estaba en COP 1.300.000), según el jefe de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Trabajo, Diego Garzón.
El argumento de base del Gobierno es que el ingreso de los trabajadores está por debajo de lo que organismos como la OIT consideran como realmente lo mínimo. Ese es el argumento que Petro buscará defender ante el Consejo de Estado.
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