AES, EPM, Enel e Isagen citadas por la Superintendencia de Servicios

La Represa Urrá I, en Córdoba, es abastecida principalmente por el río Sinú y sus afluentes.

Foto: Gobernación de Córdoba

“La entidad exige rigor normativo y cumplimiento técnico para proteger al usuario final”, así comienza una de las oraciones de la Superintendencia de Servicios Públicos, en medio de las lluvias intensas que han marcado el inicio de año.

La entidad se propone reforzar la vigilancia sobre las principales generadoras hidroeléctricas del país. Y para ello citó en Bogotá a representantes legales de compañías AES Colombia, Celsia, Empresa Urrá, Empresas Públicas de Medellín, Enel Colombia, Hidroeléctrica del Alto Porce e Isagen, con el fin de verificar el manejo técnico, financiero y operativo de los embalses en medio de la actual coyuntura hidrológica.

“La entidad revisará que, a pesar de la coyuntura, se mantengan las condiciones de eficiencia y no se presenten desviaciones en los estándares de prestación del servicio”, señaló la entidad en el comunicado.

La revisión cubrirá la información reportada desde el 1 de enero de 2025 hasta la fecha.

La decisión se produce en un momento de aportes hídricos extraordinarios. Ayer, la entidad reportó que el embalse de Playas, en Antioquia, superó el 100 % de su volumen útil y alcanzó 106,5 %, lo que obligó a iniciar vertimientos. Playas se sumó a Ituango y Urrá I, que ya acumulaban varios días descargando excedentes, mientras Topocoro se acercaba al nivel de vertimiento con 94,5 % de llenado.

En contraste, otros sistemas muestran comportamientos distintos: Punchiná pasó de 16,3 % a 47,4 % en un solo día por el aumento de caudales del río San Carlos, mientras Betania cayó de 81,4 % a 75 % tras la reducción de aportes en la cuenca del Magdalena.

La temporada invernal ya había encendido alertas técnicas. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales reportó recientemente cinco hidroeléctricas en alerta roja por altos niveles de almacenamiento —entre ellas Urrá I, Hidroituango y Calima— y una en alerta amarilla. En el caso de Urrá, el embalse superó el 100 % de su capacidad tras un aumento acelerado de los aportes hídricos, obligando a descargas preventivas para proteger la presa y a las comunidades aguas abajo.

En este contexto, la Superintendencia examinará en detalle los niveles y volúmenes útiles de los embalses, la disponibilidad declarada y la consistencia de los datos sobre caudales, descargas y vertimientos. También evaluará los planes de mantenimiento ejecutados y programados, así como las razones técnicas de cualquier indisponibilidad que haya reducido la oferta de energía.

Otro frente de supervisión será la forma en que las compañías toman decisiones operativas. La entidad verificará los modelos técnicos utilizados para administrar los embalses y definir ofertas de energía, con el fin de establecer si reflejan adecuadamente las condiciones hidrológicas actuales.

La Superservicios señaló que el objetivo es asegurar transparencia y cumplimiento normativo en un momento en que la gestión del agua vuelve a ser un factor crítico para la estabilidad del sistema eléctrico. La vigilancia, insistió la entidad, busca evitar desviaciones en la prestación del servicio y preservar la continuidad del suministro en todo el país.

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