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Este martes, 11 de noviembre, Ecopetrol realizó una asamblea extraordinaria de accionistas para votar un cambio puntual en sus estatutos: permitir que un trabajador o trabajadora de la compañía integre la junta directiva.
La decisión se da en un momento de movimientos en ese órgano, luego de la renuncia de Mónica de Greiff a la junta directiva que también presidía.
A la reunión de este martes asistió el 97,09 % del capital accionario de la compañía (cerca de 39.920 millones de acciones presentes), por lo que hubo quórum suficiente para decidir.
¿Qué se votó en la asamblea extraordinaria de Ecopetrol?
Durante la sesión, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, recordó que esta reforma a los estatutos sociales de la petrolera responde a una decisión previa de la asamblea ordinaria del 28 de marzo de este año, cuando se ordenó citar a una reunión extraordinaria para ajustar las reglas sobre la conformación de la junta directiva y permitir la entrada de un trabajador o trabajadora.
En la sesión de este martes se pusieron sobre la mesa dos propuestas: una que había presentado Ecopetrol (en cumplimiento de lo acordado en la asamblea ordinaria de marzo) y otra del accionista mayoritario de la petrolera, es decir, el Gobierno.
La opción de Ecopetrol proponía crear un renglón (un asiento) para un empleado de la petrolera dentro de la junta directiva, pero con ciertos requisitos en materia de formación y trayectoria profesional.
A grandes rasgos, estos requisitos eran: que el elegido o elegida debe ser trabajador de Ecopetrol con contrato directo e indefinido, no debe tener cargos en juntas o comités sindicales y que cumpliera los requisitos estatutarios completos, entre ellos los 12 años de experiencia profesional, el conocimiento en las áreas relacionadas con el objeto social de la empresa, buen nombre, no pertenecer a más de cinco juntas directivas de sociedades anónimas y no estar en cargos que reporten directamente al presidente de Ecopetrol (Ricardo Roa), ni realizar labores de auditoría o cumplimiento.
Por su parte, la proposición del Gobierno va un poco más allá. Además de ratificar que ese nuevo puesto en la junta debe ser ocupado por un trabajador o trabajadora elegido por voto de los empleados, planteó flexibilizar las exigencias de experiencia y formación, permitiendo que se puedan acreditar años de trayectoria con títulos técnicos, tecnológicos o profesionales.
La idea, según explicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, es que el proceso de elección tenga “las menores limitaciones posibles” para que más personal de la compañía pueda postularse.
Así las cosas, la propuesta de Ecopetrol dejaba el filtro de experiencia más rígido y no permitía acreditarlo con diplomas educativos, como sí planteó el Gobierno.
Los resultados de la votación
Tras someter ambas propuestas al voto, la asamblea se inclinó ampliamente por la opción del accionista mayoritario.
La propuesta del Gobierno obtuvo 36.284.872.643 acciones a favor, equivalente al 91,14 % de los votos presentes. La propuesta de Ecopetrol, en cambio, apenas recibió 13.142.039 acciones (0,032 %).
Con ese resultado, quedó aprobada la modificación de estatutos en los términos planteados por el Gobierno, es decir, con un asiento para un trabajador elegido por los empleados y con requisitos más flexibles para poder aspirar a esta posición.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila señaló que la inclusión de un trabajador en la junta es una iniciativa promovida por el presidente Gustavo Petro y que el apoyo del Ejecutivo es “total”.
Según dijo el ministro, la intención del Gobierno es hacer “más incluyente” el acceso de los empleados a ese nuevo renglón en la junta directiva, de modo que los requisitos de formación o de trayectoria profesional no se vuelvan una barrera para quienes quieran postularse.
Dentro de las voces que votaron negativamente a la propuesta, Colfondos advirtió que la junta directiva es un órgano que debe mantener su carácter técnico, plural e independiente, y que permitir cambios que reduzcan los filtros o que abran la puerta a intereses particulares puede “debilitar el análisis estratégico” y aumentar el “riesgo de captura” del órgano a intereses particulares frente al interés social de Ecopetrol.
Qué viene para Ecopetrol
Con la reforma a los estatutos sociales de Ecopetrol aprobada, ese representante de los trabajadores irá en la plancha que presente la Nación y ocupará el renglón 7 de la junta directiva.
Antes de llegar a la asamblea, deberá ser elegido por votación entre los empleados de Ecopetrol que tengan contrato directo e indefinido. Si en esa convocatoria interna nadie se postula o ningún trabajador cumple los requisitos mínimos, la Nación podrá disponer de ese renglón y nominar a otra persona que sí los reúna, tal como quedó en el texto aprobado.
Y es que la modificación de los estatutos llega en un contexto en el que la composición de la junta de Ecopetrol no está completa.
A mediados de octubre, Mónica de Greiff presentó su renuncia a ese órgano y a su presidencia. Fuentes cercanas a la empresa le dijeron a este diario que detrás de esa decisión habría diferencias con el presidente Gustavo Petro sobre tres asuntos específicos: la compra de Monómeros, la negociación de gas con Venezuela y el manejo del activo en el Permian.
De Greiff, sin embargo, no ha confirmado públicamente los motivos de su salida ni si estos tienen relación directa con el jefe de Estado.
Con el cambio estatutario aprobado este martes, la compañía deja habilitado el camino para llenar esa silla y, además, para hacerlo con una trabajadora, dado que hoy no se cumple el mínimo de participación femenina.
El Permian, un tema sensible en la junta directiva
Uno de los temas que está presionando a la junta directiva de Ecopetrol, y que explica parte del ambiente de tensiones es el futuro del Permian, el yacimiento no convencional ubicado entre el oeste de Texas y el sureste de Nuevo México.
Ecopetrol entró allí en 2019 mediante una alianza con Occidental (OXY): la colombiana tiene el 49 % y OXY mantiene el 51 % y la operación. Se trata de una de las cuencas más prolíficas del mundo y del corazón del auge petrolero de EE. UU. en la última década.
El 1° de agosto de 2024 Ecopetrol informó que la compañía decidió no ampliar las operaciones de “fracking” en Estados Unidos en el proyecto Oslo, también en el Permian. A finales de ese mes, Juan José Echavarría y Luis Alberto Zuleta presentaron sus renuncias a los cargos de miembros independientes de la junta con un documento que avivó las dudas sobre el gobierno corporativo de la empresa.
En febrero de este año, el presidente Gustavo Petro señaló en un consejo de ministros que quiere que se venda la operación en el Permian que ya tiene Ecopetrol, para invertir los recursos en energías limpias.
Y hace unas semanas, en una entrevista con Daniel Coronell, Petro mencionó que informes de las agencias de control estadounidenses sobre capitales evidenciarían que el negocio no es “una mina de oro” como se presenta en Colombia y que, de hecho, pondría en riesgo la estabilidad financiera de la compañía.
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Un informe del Consejo Permanente para la Transición Energética Justa y de la Alianza Colombia Libre de Fracking (en el que se estaría apoyando el Gobierno para argumentar su posición sobre la participación de la petrolera estatal en el Permian) sostiene que este proyecto no es un buen negocio para Ecopetrol.
El informe dice que, en cinco años de operación, apenas se han recuperado USD 822 millones, frente a una inversión que ya supera los USD 2.800 millones, más USD 970 millones en pasivos; que la producción entre 2023 y 2024 no se tradujo en utilidades; que la rentabilidad cayó 48 % entre 2023 y 2024, y que el margen por barril es de solo USD 5, mientras las refinerías de Cartagena y Barrancabermeja generan el doble.
Por otro lado, a finales de octubre, expresidentes y exmiembros de la junta de Ecopetrol, exministros de Minas y Energía, entre más de 70 expertos del sector firmaron una carta en la que señalan que el Permian representa el 15 % de la producción de Ecopetrol y que en términos financieros es el mejor negocio de la compañía, con un margen Ebitda del 76 %, frente a un promedio del 35 al 40 % de los proyectos nacionales y el 14 % del Ebitda del segmento de exploración y producción. Los datos provienen de los reportes presentados por Ecopetrol ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos.
En la misma línea, Sergio Cabrales, investigador en temas de energía y docente de la Universidad de los Andes, explica que el retorno sobre el patrimonio (ROE) del Permian ha sido, en promedio, del 11,2 % entre 2021 y 2024, una cifra que se considera consistente en el sector petrolero. Durante ese periodo, el patrimonio del proyecto aumentó de COP 3,34 a COP 11,51 billones, lo que -en palabras de Cabrales- evidencia una capitalización progresiva, es decir, que parte de las utilidades se han reinvertido en el propio negocio para aumentar su valor y propender por un crecimiento futuro.
Una vez la junta directiva tenga sus asientos completos (incluyendo el nuevo renglón que tomaría un trabajador), deberá resolver uno de los temas más sensibles para la petrolera. Las decisiones que allí se tomen serán determinantes no solo para el rumbo de la empresa, sino también para las finanzas públicas, para el retorno de los accionistas y, en últimas, para el principal activo empresarial de los colombianos.
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Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón
