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En el sur rural de Córdoba, donde las montañas arden al cobijo de un sol perpetuo, hay una tierra que desde hace siglos ha sido perforada por manos campesinas. La vereda Mina El Alacrán, en Puerto Libertador, una de las zonas de conflicto más marcadas por el recurso natural, tuvo un giro en la historia minera del país —tradicional, artesanal, informal y empresarial—.
El cobre, mineral estrella de la transición energética, será extraído bajo liderazgo chino. La compañía JCHX Mining Management compró las operaciones en el sitio a Cordoba Minerals, firma canadiense que desde 2017 ostentaba el título de explotación del yacimiento. La transacción convierte a JCHX en el nuevo dueño absoluto del Proyecto El Alacrán, con una inversión proyectada de más de US$400 millones, y el compromiso de desarrollar la que sería la mina de cobre más grande del país.
“Esta nueva etapa es una oportunidad para profundizar el trabajo articulado con todos los actores de la región”, destacó Santiago Varela, vicepresidente de operaciones de JCHX en Colombia.
Por su parte, Sarah Armstrong-Montoya, CEO de Cordoba Minerals, apuntó al “compromiso con una gestión responsable que beneficie a todos los actores involucrados, con un enfoque claro en la sostenibilidad a largo plazo”.
La empresa canadiense aclaró que mantendrá “todos los compromisos sociales, ambientales y comunitarios”, incluyendo a los directivos y operaciones con luz verde.
Sin embargo, a pesar de la victoria inversionista, el proyecto guarda un fantasma de viejas tensiones con la comunidad.
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El Proyecto El Alacrán no es nuevo. Desde 2009, dos empresas —ASHMONT OMNI S.A.S. y la Compañía Minera El Alacrán S.A.S.— empezaron a recibir títulos mineros en la zona. En paralelo, los pobladores fundaron la Asociación de Mineros del Alacrán, en un intento por formalizar su actividad artesanal, proteger su derecho histórico y resistir el despojo con argumentos jurídicos.
En 2015, tras años de lucha, obtuvieron la sentencia T-095 de la Corte Constitucional, que exhortaba al Ministerio de Minas, la ANLA y la Agencia Nacional de Minería a estudiar y reconocer el carácter tradicional de la comunidad minera. Fue una victoria simbólica, pero no vinculante en lo estructural, ya que la explotación industrial siguió su curso y los enfrentamientos sociales nunca cesaron del todo.
En 2021, los desalojos llegaron con botas y gases. Campesinos denunciaron operativos del ESMAD y la Policía Nacional que incluyeron la destrucción de viviendas y herramientas de trabajo.
Hoy, ese mismo territorio cambia de manos corporativas bajo la promesa de sostenibilidad, inversión extranjera y transición energética. Pero ¿cuáles son los cambios que facilitarían la mediación de la comunidad con la compañía china?
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En abril de este año, el Minminas expidió la resolución 40141, que redefine los criterios de identificación y protección de la minería a pequeña escala, en su mayoría de mineros informales. La medida establece mecanismos para su transición a la formalización y legalización.
La norma, enmarcada en el actual ordenamiento jurídico, reconoce la existencia de una minería informal con vocación de legalización y establece procedimientos para facilitar este proceso. Se trata de una iniciativa que, si bien responde a las históricas demandas del sector, también impone plazos y criterios que podrían marcar el futuro de miles de pequeños mineros en el país.
En este hay un punto clave, el de las medicaciones con titulares mineros, como en el caso de las compañías mencionadas. Esto se debe a que muchos mineros informales operan en zonas con títulos ya otorgados, lo que genera conflictos con las empresas concesionarias. La mediación se perfila como una alternativa para evitar enfrentamientos y generar acuerdos en los que ambas partes puedan beneficiarse.
La formalización minera no es solo un trámite burocrático: implica el acceso a derechos laborales, seguridad social y condiciones de trabajo dignas.
La resolución promete celeridad en los trámites, pero también impone un año como límite para formalizar la manifestación de interés. Para pequeños mineros sin acceso a asesoría técnica y jurídica, este tiempo puede resultar insuficiente.
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¿Por qué es importante esta mina?
Según investigaciones de la Liga Contra el Silencio, la zona contiene más de 417.000 toneladas de cobre, 724.000 onzas de oro y casi 6 millones de onzas de plata. Minerales Córdoba —empresa que JCHX absorbe en su totalidad— tiene 22 títulos mineros que abarcan 11 % del área total del territorio.
Para el Estado colombiano, este tipo de inversiones representan oportunidades de desarrollo, empleo y competitividad regional.
Para los inversionistas globales, son un canal directo al cobre: insumo fundamental para paneles solares, autos eléctricos y redes de transmisión.
Y para China, es una jugada más en su estrategia de aseguramiento de materias primas en América Latina, región donde su influencia es creciente.
Pero en este país, las promesas mineras a las comunidades son tan frágiles como el suelo que excavan. La sostenibilidad, si no incluye reconocimiento legal, respeto por las comunidades y distribución justa de beneficios, es solo una etiqueta exportable. La Corte ya dijo en 2015 que aquí hay una comunidad tradicional con derecho a ser formalizada. Diez años después, apenas tuvo el visto bueno del Ministerio.
Para miles de mineros informales en el país, esto representa una oportunidad de acceder a la legalidad y a mejores condiciones laborales.
Este año, los extremos de la cuerda por la inversión extranjera y derechos comunitarios parece menos tensos. Al menos, por ahora.
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