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El ministerio español de Consumo sancionó con 64 millones de euros a la plataforma en línea de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, publicar anuncios de alojamientos turísticos sin licencia.
Esta resolución es ya firme, después del recurso interpuesto por la compañía, informó el Ministerio.
Además, implica dos sanciones accesorias que obligan a la plataforma a rectificar los incumplimientos identificados, eliminando los contenidos ilícitos publicados, y a hacer pública la multa impuesta.
Las infracciones de la normativa de Consumo, identificadas en 65.122 anuncios en Airbnb, son también por publicar anuncios que indican un número de registro que no se corresponde con los que se utilizan en dichos anuncios turísticos.
Por estas infracciones graves se les impone una sanción de 64,05 millones de euros, equivalente a seis veces el beneficio ilícito obtenido por la plataforma durante el tiempo en que permanecieron publicados los anuncios desde el apercibimiento del Ministerio hasta su retirada por la plataforma.
Tras conocer la noticia, la asociación de consumidores Facua celebró la sanción y destacó que se trata de la segunda mayor multa impuesta en España, solo superada por los 108 millones con los que sancionó a la aerolínea Ryanair por cobrar recargo por el equipaje de mano.
El Gobierno instó a Aibnb a eliminar de manera inmediata más de 65.000 anuncios ilegales de viviendas turísticas el pasado mes de mayo, después de haberle remitido hasta tres resoluciones en las que se notificaron la detección de los anuncios ilícitos.
España ha vivido en los últimos años una proliferación de pisos turísticos, muchos de ellos ofertados al margen de la legalidad, ya que la legislación actual obliga desde este año a que los pisos turísticos tengan un número de registro para que se puedan ofertar, pero miles de ellos no los tienen.
¿Qué pasa en Colombia con la regulación de Airbnb?
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia confirmó que trabaja en una versión fortalecida del Registro Nacional de Turismo (RNT), esta vez diseñada a partir de mesas técnicas y encuentros con empresarios, propietarios de vivienda, plataformas digitales y autoridades locales.
Se trata de una norma que busca dejar claros los parámetros que deben cumplir las plataformas como Airbnb para anunciar los establecimientos que tengan RNT.
Para el turista, esto equivale a saber quién le presta el servicio; para el Estado, a ordenar un mercado que hoy mezcla emprendimiento, economía colaborativa y actividades comerciales tradicionales.
Sobre esto, la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco) destacó el valor que tiene este ejercicio, pues actualiza el RNT.
“Para nosotros, fortalecer el registro es esencial para avanzar hacia un turismo verdaderamente sostenible, competitivo y alineado con las necesidades de las comunidades y de los territorios”, señaló la asociación.
Aunque también hay quienes se oponen a la actualización porque consideran que la iniciativa crea una licencia de facto para la actividad turística al “imponer cargas documentales que van más allá de la Ley”, según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (CCIT).
La discusión sigue abierta, pues continúan las mesas de trabajo al respecto. Aunque cada vez es más notoria la necesidad de que haya normas claras y mecanismos que aseguren su cumplimiento para las plataformas de renta turística, como Airbnb.
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