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El Gobierno, a través del Minas y Energía, Edwin Palma, estableció algunas medidas concretas para blindar la seguridad energética de la Costa Caribe. Se trata de:
- Contratar directamente energía para proteger a los usuarios y estabilizar tarifas.
- Realizar una subasta pública de las obras del mercado de energía de Air-e.
- Estructurar la creación de una solución empresarial para sanear financieramente a Air-e.
- Dialogar con la banca y el sector privado para generar respaldo financiero.
- Definir una agenda regulatoria con la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
Las determinaciones fueron anunciadas luego de que el ministro se reuniera con el superintendente de Servicios Públicos y su equipo técnico.
Vale recordar que Air-e es el distribuidor y comercializador de energía para los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, tras la salida de Electricaribe.
La empresa ha tenido importantes dificultades en la prestación del servicio energético, por lo que se encuentra intervenida por la Superservicios desde septiembre de 2024 y con fines liquidatorios desde enero de 2025, lo que significa que si no se recupera entraría en liquidación.
“Air-e no regresará a los antiguos dueños, y mucho menos serán los colombianos quienes paguen las deudas que ellos dejaron. Con decisión política y responsabilidad social, estamos construyendo una salida real y justa para millones de usuarios”, afirmó Palma.
Por su parte, el superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios, Felipe Durán, anunció además la instalación de mesas de trabajo semanales junto al Ministerio de Minas y Energía y demás entidades del Gobierno Nacional. El objetivo es tomar decisiones rápidas y efectivas.
“Nuestro propósito es responder a la urgencia de la Costa Caribe, garantizar la prestación del servicio y proteger a los usuarios que por años han sufrido un suministro deficiente”, explicó Durán.
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