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La suspensión del incremento de 23,7 % del salario mínimo anunciada por el Consejo de Estado ha generado todo tipo de reacciones en los sectores económicos y políticos.
La decisión es cautelar, mientras hay una resolución definitiva, y se da en medio del proceso de demanda que se parte de la base de que el incremento decretado por el Gobierno a finales del año pasado no consideró los criterios técnicos que señala la ley.
Algunos gremios, como la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) respaldaron la decisión del Consejo, mientras que las centrales de trabajadores la rechazaron y aseguraron que buscarán defender sus incrementos salariales por vía jurídica e incluso desde las calles.
Pero más allá de ambos polos, a la mayoría de los empresarios y gremios les preocupa la incertidumbre que deja la decisión del tribunal y más por lo que vendrá para el salario mínimo.
En principio, el Consejo de Estado le ordenó al Gobierno expedir un nuevo decreto en el que determine un aumento transitorio del salario mínimo, que aplicará mientras se toma una decisión de fondo. Para ello el plazo es de ocho días y regirá mientras se decide de fondo la legalidad del aumento implementado.
Es incierto el valor, aunque el presidente Gustavo Petro dijo que “respeta” la decisión de los jueces y que “actuará de acuerdo a la Constitución” que es la que determina, según él, el salario vital que estableció de COP 2.000.000. Si el presidente actúa conforme su interpretación de la Constitución, es probable que no reduzca el incremento.
Al respecto, Fenalco le pide al Gobierno Nacional que atienda rigurosamente los parámetros legales con el nuevo documento para que contribuya a la estabilidad económica y favorezca la preservación del empleo formal, condición indispensable para el bienestar social y el crecimiento sostenible del país.
Por su parte, el Consejo Gremial pide que cualquier decisión sobre el incremento salarial se adopte con rigor técnico, ponderando integralmente los criterios establecidos en la Ley 278 de 1996 y los principios constitucionales de progresividad, movilidad y sostenibilidad fiscal, bajo una visión de largo plazo.
Además, piden que la decisión se adopte de manera equilibrada, con base en criterios técnicos y dentro del marco institucional previsto por la ley.
De otro lado, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) tiene como prioridad inmediata evitar que la incertidumbre jurídica se traslade a la operación empresarial y a la garantía del ingreso de los trabajadores.
Por ello, le solicitan al Gobierno Nacional para que actúe con celeridad y dentro del marco legal, garantizando claridad normativa y seguridad jurídica.
“Las micro, pequeñas y medianas empresas necesitamos estabilidad normativa. Una decisión judicial de esta naturaleza debe traducirse en claridad inmediata para que podamos cumplir nuestra obligación de pagar oportunamente, y para que los trabajadores tengan certeza sobre su remuneración. La economía real no puede operar en un limbo jurídico”, dijo Acopi en un comunicado.
Algo similar es lo que espera la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). “Estamos convencidos de los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el gobierno nacional que afectan a toda la población especialmente a los más vulnerables. Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”, expresó su presidente, Bruce Mac Master.
Para la ANDI el remedio resulta menos deseado que la enfermedad y ya se habían hecho a la idea de volcar al país a tratar de contrarrestar los efectos del aumento del 23 % del mínimo sobre la inflación y el empleo.
Por eso, su solicitud es a que “se genere jurisprudencia alrededor del tema, que permita evitar que actuaciones irregulares como esta, se repitan en el futuro”, añade Mac Master.
Otro problema que surge de la decisión del Consejo de Estado es que representaría un “retroceso” para los trabajadores. Adriana Guillén, presidenta de Asocajas (Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar) cuestiona cómo una medida va a desmejorar la condición del empleado, especialmente porque “en la medida en que ya se pagaron los primeros salarios se creó un derecho laboral, que es irrenunciable”.
En ello concuerda el líder de la ANDI y reconoce que ya se generaron algunos derechos que, consideran, no se deben afectar y “hay que ser cuidadosos con eso”.
Finalmente, algunos de los sectores mencionados se mostraron abiertos al diálogo institucional y técnico. El país requiere consensos responsables que fortalezcan la confianza, la estabilidad económica y el bienestar de todos los colombianos, en palabras del Consejo Gremial.
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