El caso Justo & Bueno dio un nuevo giro tras la audiencia del jueves 12 de mayo, en la cual la Superintendencia de Sociedades ordenó la liquidación de la sociedad Mercadería S.A.S., dueña de la cadena de almacenes, medida que fue pedida por la misma empresa tras anunciar que no recibió el dinero del nuevo inversionista y, por lo tanto, no tendría la capacidad de cumplir con sus obligaciones.
Sin embargo, durante la audiencia del jueves varios abogados pidieron la nulidad de la decisión tomada por el juez (la de liquidar), a la vez que se presentó una solicitud de salvamento, que fue rechazada y apelada con espacio de unos pocos minutos durante los procedimientos.
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Después de un tiempo corto de deliberación, el juez resolvió a favor la solicitud de dar aplicación al artículo 6 del Decreto 560 de 2020, que permite hacer uso de la herramienta de salvamento de empresas en estado de liquidación inminente, tras la petición de un grupo de acreedores dispuestos a aportar nuevo capital para sacar adelante a la empresa.
Así las cosas, el juez advirtió que se suspenden los efectos de la liquidación judicial, “salvo el nombramiento del liquidador, la cesación de funciones de órganos sociales, la separación de los administradores, y el decreto de medidas cautelares, hasta tanto se resuelva la aprobación o no de tal operación”, explicó la Supersociedades. Vale la pena aclarar que la entidad ya nombró como liquidador a Darío Laguado Monsalve y se dejó constancia de que el proceso comenzaba con un activo reportado de $869.000 millones.
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El enredo de Justo & Bueno
Yeimy Alfonso, abogada y apoderada de los propietarios de bodegas afectados, dijo que, con la decisión de este jueves, se suspendieron unos efectos de la liquidación y “eso es lo más grave porque a nosotros nos interesa la restitución de los inmuebles. Hay inmuebles que llevan 15 días cerrados, pero hay otros que llevan hasta siete meses. Le están dando una prelación a los proveedores. Los acreedores se quedan con la empresa y recuperan la deuda, pero el arrendador sigue con la bodega cerrada y al trabajador aún no se le pagará el sueldo. Un mes es absurdo porque hay inmuebles con cortes de energía e inundados”.
Por su parte, Billy Escobar Pérez, superintendente de Sociedades mencionó que el salvamento “es un mecanismo legal que establece un plazo de un mes para que este liquidador actualice los activos y pasivos de la empresa. Para saber cuánto es el monto y cuánto es el dinero con el que se cuenta. El oferente que pidió el plazo no es el fondo chino, sino que son los acreedores quienes presentarán una oferta con relación al monto del avalúo que haga el liquidador. Ese es el estado del arte”.
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Entonces, si la oferta es razonable, estos acreedores pasarían a ser los dueños de la compañía y, de manera subsiguiente, no se terminarían los contratos laborales, es decir, la gente seguiría trabajando y se continuaría con la operación de Justo & Bueno.
Sin embargo, la decisión del mecanismo de salvamento terminó de enredar más la pita en este caso, pues para los acreedores se trató de un salvavidas y una oportunidad para salvar empleos, pero para los arrendatarios es una nueva etapa de suspenso y de incertidumbre sobre sus propiedades.
¿Quién se ofrece a salvar Justo & Bueno?
Gerardo Monroy es un empresario que promete salvar la empresa y capitalizar su acrecencia. Además de él hay otro acreedor interesado en sacar a flote la compañía: se trata del empresario Alfonso Giraldo, quien en entrevista con Blu Radio aseguró que los acreedores de Justo & Bueno están dispuestos a entregar dinero para salvar a la empresa.
“Represento a más de 15 acreedores, todos de muy buen tamaño. Están dispuestos a que revisemos cómo convertimos la deuda en capital de la compañía e inyectar otro dinero que permita que los gastos administrativos se puedan dar”, aseguró en diálogo con la emisora.
De acuerdo con la abogada Alfonso, los dos se deben poner de acuerdo para hacer una oferta, pero tendrán que pagar sueldos laborales, deudas y gastos de administración para que todas las partes lleguen a un acuerdo.
Los indecisos
La abogada Alfonso mencionó el “problema social” de las personas que están pasando momentos difíciles. “La gente está sufriendo de forma increíble y el juez le dio prioridad al capital y no a lo social. Es un drama porque salvan una empresa, pero perjudican a las personas de a pie”
También afirmó que no los “sueltan” porque los arrendatarios son los dueños de las bodegas, es decir, el canal de ventas. “Si nos sueltan pierden el canal porque en dónde van a vender”, señala Alfonso, quien representa a 250 propietarios.
Así las cosas, Alfonso reconoce que el juez tenía que tomar una decisión difícil. Sin embargo, asegura que no está de acuerdo con el salvamento. “A los arrendatarios no nos dan nada hace más de 14 meses”, pero que si les ofrecen una buena oferta, que tiene que tener más de US$50 millones, estaría interesada.
¿Qué viene ahora en el proceso?
Lo primero es que se debe hacer la valoración y actualización de activos y pasivos. Después, los acreedores deberán presentar la oferta de compra. “Esta oferta debe ser integral, incluyendo los créditos de primera clase, las indemnizaciones laborales, los gastos de la reorganización, entre otros”, afirmó Edgar Iván León, profesor de la Universidad Sergio Arboleda y socio de KMJ Legal. “Si se presenta la oferta en las cuentas del liquidador y estas son aprobadas por el juez, en este momento el oferente se convierte en accionista de la compañía logrando el rescate. Si bien el Decreto 560 de 2020 solo menciona la palabra acreedor, en mi concepto podría ser cualquier persona, quien realice la oferta. E incluso, pueden ser varios”, agregó.
Por su parte, Giraldo le dijo a Blu Radio que para poder poner en funcionamiento la empresa “necesitamos varios elementos: gastos básicos y administradores de los empleados y cánones de arrendamiento; sacarlos y darle tranquilad a dueños y empleados de locales”
Con el dinero que paguen se cubrirían las obligaciones en el orden de prioridades que establece la ley, “es decir, comenzando por los trabajadores y hasta lo que se logre cubrir. Si queda un remanente, opera una figura llamada ‘descargue del pasivo’. De ahí, surge una operación administrada por los nuevos dueños que deberán cumplir con las obligaciones que se presenten día a día”, dijo Escobar.
Así las cosas, lo que se pretende entonces con esta medida, ”es salvar la empresa, proteger a los trabajadores pagándoles lo debido, a los acreedores y proveedores y por supuesto a los accionistas que arriesgaron su patrimonio en la compañía”, señaló León.
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En este punto, el fundador de Justo & Bueno desaparece del panorama de la empresa. Ahora, la sociedad está en manos del liquidador quien también cumple el papel de representante legal. “La liquidación sigue adelante. Salvo que se dé este mecanismo que compra y sigue adelante la empresa”, mencionó Escobar.
Por el momento, pareciera que hay una tenue luz de esperanza para salvar la compañía y los empleos. Los interesados en ofertar deberán ser serios, pues si se echan para atrás tendrían que pagar una multa del 50 % de lo que oferten.
Así las cosas, queda “abierta la posibilidad de que en los próximos 30 días se presenten nuevas ofertas para rescatar la empresa, hecho sin precedentes dentro de este tipo de procesos en Colombia”, expresó Justo & Bueno en un comunicado.
Se espera que en un mes se reanude la audiencia para que la Supersociedades evalúe las posibles opciones de salvamento y, ahí sí, conocer el destino inmediato de la cadena de almacenes.
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