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El Deportivo Pereira pasa del ruido a la intervención. Después de semanas de escándalos, parálisis y comunicados cruzados, la Superintendencia de Sociedades activó la medida más fuerte de su arsenal preventivo: someter al club al grado de “control”, un mecanismo diseñado para empresas al borde del colapso económico o con riesgos jurídicos que amenazan su continuidad.
La medida, anunciada este 14 de noviembre, no implica una toma de posesión ni un proceso de liquidación inmediata, pero sí significa que el Estado entra de lleno a vigilar el manejo del club.
El “control” es el nivel más alto de supervisión de la Supersociedades, y ocurre cuando la entidad sospecha que una empresa puede romperse por dentro, pero aún hay margen para evitar que se hunda.
La ley ordena tomar esta medida cuando hay señales de deterioro patrimonial, riesgo jurídico grave, irregularidades contables, o dudas sobre la continuidad del negocio (es decir, si la empresa puede seguir funcionando en el futuro cercano).
Un club que dejó de poder pagar su mes a mes
El anuncio llega tras días de desorden. El cuadro risaraldense venía arrastrando deudas salariales que terminaron por romper la convivencia interna. El plantel profesional entró en paro el 24 de octubre. El entrenador Rafael Dudamel renunció. Y la Liga terminó jugándose con la Sub-20, con goleadas incluidas, porque el equipo profesional no volvió a presentarse.
El gerente del club, Alejandro Rendón, explicó el mes pasado el motivo: un desplome en los ingresos. Tras ganar COP 1.600 millones en 2023, impulsado por la participación en Copa Libertadores, el club pasó a tener pérdidas de COP 3.318 millones en 2024.
Sin Libertadores, sin transferencias importantes, y con tramos del torneo sin ingresos por taquilla ni televisión, la estructura financiera simplemente no aguantó.
Un endeudamiento que dejó de tener reversa
Peor aún: Acolfutpro (la agremiación de futbolistas) pidió este miércoles, 12 de noviembre, que el club fuera intervenido y liquidado tras revisar las cifras. Según la asociación, los pasivos del Pereira pasaron de COP 4.660 millones en 2023 a más de COP 17.398 millones en 2024.
Es un aumento que cuadruplica las deudas en un año.
La agremiación cuestionó que, pese a ese salto, no hubiera medidas reales para evitar la inviabilidad financiera.
La intervención laboral que paralizó al equipo
El Ministerio del Trabajo también se metió. Tras una inspección en Risaralda, encontró mora en salarios, mora en aportes a seguridad social, mora en primas y prestaciones.
Por eso, Antonio Sanguino, jefe de la cartera del Trabajo, ordenó una suspensión de actividades.
El Pereira respondió con una tutela. El caso fue admitido y, mientras se resolvía, el equipo pudo finalizar el campeonato. Pero el daño ya estaba hecho: dos derrotas por goleada y un escándalo nacional.
¿Qué puede pasar ahora?
Con el “control” de Supersociedades arrancan varios escenarios:
- Plan de recuperación o reorganización interna
La entidad puede exigir ajustes financieros, recortes, revisiones de contratos o cambios de estructura para evitar un colapso.
- Diagnóstico profundo sobre la viabilidad del negocio
Si la crisis es irreversible y el club no puede ser salvado, se abre la puerta a una intervención más fuerte o incluso a una liquidación. Por ahora, la Superintendencia no habló de eso.
- Revisión del rol de los accionistas
Aunque no pierden sus derechos, sí quedan bajo lupa. El respaldo formal del capital emitido por COP 31.190 millones, según Acolfutpro, contrasta con el salto explosivo de los pasivos.
- Seguimiento cercano a la situación laboral
Las decisiones del Ministerio del Trabajo continuarán influyendo. Si el club no cumple, arriesga perder su reconocimiento deportivo y con ello su permanencia en primera división.
Por ahora, el club está obligado a demostrar que puede pagar, reorganizarse y funcionar.
La temporada 2026 no arranca mañana, pero su suerte se define ahora, en una crisis empresarial completa, con impacto en jugadores, trabajadores, accionistas, hinchas y en el propio campeonato.
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