Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La mañana de ayer, 11 de marzo, abrió un frente delicado en la principal empresa del país. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias de servidor público.
La diligencia se realizó ante el despacho del juez 35 de control de garantías de Bogotá y, como ocurre en esta etapa del proceso penal, no implica una condena ni una decisión de fondo. Es, en cambio, el momento en que la Fiscalía comunica formalmente los hechos investigados y vincula a una persona al proceso para que ejerza su defensa.
Roa respondió de inmediato.
“Su señoría, no acepto los cargos y me declaro inocente”, dijo durante la audiencia.
Mientras el proceso penal entra en su siguiente fase, la Junta Directiva de Ecopetrol emitió un pronunciamiento público en el que confirmó que activó los protocolos de gobierno corporativo para evaluar la situación.
“La Junta Directiva respeta la presunción de inocencia de Ricardo Roa y su derecho al debido proceso”, señaló en un comunicado.
Sin embargo, también informó que inició una evaluación “evaluación rigurosa, objetiva y documentada del asunto” de los posibles impactos de la investigación en la compañía, en cumplimiento de sus deberes fiduciarios establecidos en la Ley 222 de 1995, Ley 964 de 2005 y el Código de Buen Gobierno.
El órgano directivo aseguró que ha recibido información completa por la administración de Ecopetrol y, junto con firmas nacionales e internacionales, realizará un seguimiento detallado de la información financiera y del comportamiento de los valores de la compañía.
La investigación ocurre en la empresa más grande del país
Ecopetrol equivale a cerca del 60 % de la producción petrolera de Colombia, participa en más del 80 % del transporte de hidrocarburos y es uno de los mayores contribuyentes fiscales del Estado.
Por ejemplo, en 2025, la compañía reportó ingresos por $119,6 billones (-10,2 %) y utilidades cercanas a $9 billones (-39,5 %), una caída general frente al año anterior, que viene, incluso, desde 2023.
“Los resultados operativos, junto con una rigurosa disciplina financiera, un plan de eficiencias que alcanzó cifras históricas por $6,6 billones y nuestra riqueza humana y capacidad de ejecución, fueron determinantes para los resultados financieros obtenidos y un aporte total a la Nación de $34,6 billones entre dividendos, impuestos y regalías en el 2025”, dijo Roa a principios de este mes en la reunión de accionistas.
La empresa además cotiza simultáneamente en dos mercados: la Bolsa de Valores de Colombia y la New York Stock Exchange.
Eso significa que cualquier evento que afecte su gobernanza corporativa puede ser observado no solo por autoridades nacionales, sino también por inversionistas internacionales y reguladores del mercado estadounidense.
Por esa razón, las juntas directivas de empresas listadas suelen activar protocolos de evaluación cuando un alto directivo enfrenta procesos judiciales.
El origen del caso
La investigación de la Fiscalía gira alrededor de dos hechos que habrían ocurrido en paralelo durante 2024, cuando Ricardo Roa ya se desempeñaba como presidente de Ecopetrol.
El primero es una operación inmobiliaria. Según la Fiscalía, Roa estaba negociando la compra de un apartamento en el edificio Entreparques, ubicado en el sector de El Chicó, en el norte de Bogotá. El inmueble pertenecía a la empresa Princeton International Holding y tenía un avalúo superior a $2.700 millones.
La transacción finalmente se habría pactado por $1.800 millones, cerca de $900 millones por debajo del valor estimado del inmueble.
El intermediario del negocio habría sido Juan Guillermo Mancera, un empresario y expolicía que actuaba a través de la empresa Innova Mercadeo.
El segundo frente es un proyecto energético en La Guajira. Mientras se adelantaba esa negociación inmobiliaria, otro proceso ocurría dentro del grupo empresarial.
La filial Hocol, dedicada a exploración y producción de hidrocarburos, evaluaba la operación del proyecto Chuchupa–Ballena LNG, una iniciativa de regasificación ubicada en La Guajira.
Según la teoría de la Fiscalía, Juan Guillermo Mancera también estaba vinculado a ese negocio.
El empresario figuraba como representante legal de Gaxi S.A. E.S.P., una empresa interesada en participar en el proyecto energético.
La hipótesis del ente investigador es que Roa habría dado instrucciones al entonces presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para direccionar ese contrato hacia la empresa representada por Mancera.
Esa instrucción, según la fiscal del caso, Claudia Emilia Garrido Durán, se habría dado en dos momentos: durante un encuentro en un restaurante en Bogotá, y posteriormente en una reunión privada en oficinas de Ecopetrol.
Como parte de esas conversaciones, Hocol y Gaxi firmaron un memorando de entendimiento para avanzar en el negocio energético.
💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.
