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El sistema eléctrico atraviesa una tensión que se sentirá en la factura de los usuarios. Mientras en el Caribe la tarifa de Air-e, intervenida por el Gobierno en 2024, promete estabilidad durante este año, a nivel nacional los colombianos subsidiarán parte de las deudas de la empresa para evitar un colapso mayor, tras la falta de luz al final del túnel en sus finanzas.
Ese es el panorama que alumbra el debate tras el borrador de resolución publicado por el Ministerio de Minas y Energía, que propone un cobro transitorio de COP 8 por kilovatio hora a todos los usuarios del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
El objetivo es aliviar la presión financiera de Air-e, que continúa en las manos de la Superintendencia de Servicios Públicos, y frenar una deuda billonaria que amenaza con un efecto dominó hacia generadores, transmisores y, en cadena, al sistema completo.
Pero no todos ven la solución de la misma forma.
Recientemente, Air-e anunció que mantendrá su tarifa en COP 796 por kilovatio hora para Atlántico, Magdalena y La Guajira, cerca de COP 80 por debajo del promedio nacional.
Ese alivio convive con una realidad compleja. La empresa acumula una deuda cercana a los COP 2 billones, producto de cartera vencida y obligaciones con generadores y transmisores. Una circunstancia extraordinaria que podría poner en riesgo la continuidad del servicio.
De ahí la propuesta de socializar parte del costo a los usuarios del país, pues el bolsillo de la nación no se encuentra en su mejor momento para consolidar el pago.
En ese sentido, un hogar promedio que pague una factura de COP 150.000 vería un aumento cercano de 1.500, para un total de COP 151.500 (apenas 1 % del total).
Sin embargo, en grandes consumidores industriales, el golpe puede escalar a decenas de millones de pesos al mes, dependiendo del consumo.
La Asociación Colombiana de Comercializadores de Energía (ACCE) fue una de las primeras en rechazar el borrador. Su crítica va más allá del monto.
Para el gremio, el cobro propuesto tiene naturaleza tributaria, lo que lo haría “inconstitucional” al no pasar por el Congreso.
Además, ACCE advierte que trasladar las deudas de empresas intervenidas a los usuarios rompe los principios de equidad y responsabilidad del sector. Para ello, citan la Ley 142 de 1994: las pérdidas patrimoniales deben cubrirse con capital de los socios o utilidades futuras, no con alzas tarifarias.
Según el gremio, el impacto directo en los bolsillos de hogares y empresas, en un contexto de inflación todavía elevada (5,1 %).
Desde la otra orilla, la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg) reconoce que la medida es impopular, pero insiste en que el problema es estructural.
Alejandro Castañeda, presidente de Andeg, explica que, en caso de que siga creciendo la deuda de Air-e, la cadena se rompe. Los bancos dejan de prestar, las empresas se quedan sin liquidez y el riesgo se propaga.
Para Andeg, el cobro de COP 8 por kilovatio no es la solución ideal, pero sí una forma de detener el “desangre” financiero mientras se buscan salidas más profundas.
El propio gremio admite que había otras alternativas —como usar recursos del Presupuesto General o fortalecer el fondo empresarial de la Superintendencia—, pero reconoce que la estrechez fiscal del Estado cerró esas puertas.
Quienes rechazan la medida temen que la factura de la luz se convierta en una “bolsa nacional de salvamento”, donde las malas decisiones empresariales se socializan y la disciplina financiera se diluye. Quienes la defienden advierten que no intervenir ahora puede salir mucho más caro después, con apagones, quiebras en cadena o tarifas aún más altas en el futuro.
Mientras tanto, el Ministerio abrió un periodo de cuatro días calendario para recibir comentarios al borrador. Tras ese plazo, el Gobierno y la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) deberán decidir si el cobro se adopta, por cuánto tiempo y bajo qué condiciones.
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