Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Muchas preguntas e incertidumbre deja la decisión del Consejo de Estado de suspender el incremento del salario mínimo de 2026, decretado por el gobierno de Gustavo Petro a finales del año pasado.
La determinación es cautelar (mientras hay una resolución definitiva) y se da en medio del proceso de demanda que se sustenta en la hipótesis de que el incremento no consideró los criterios técnicos que señala la ley.
Al respecto, como era de esperarse, el Gobierno se pronunció en contra y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró que harán una defensa jurídica. Mientras que el presidente Petro dijo que el hecho “pone en riesgo la Constitución que no permite deteriorar el poder adquisitivo del salario y anular la prerrogativa del gobierno y sus derechos en materia de salario”.
En general, los empresarios y principales empresarios del país piden que las decisiones sobre el salario mínimo protejan los derechos de los trabajadores y, al mismo tiempo, reconozcan la realidad económica: crecimiento, productividad, informalidad laboral, inflación y capacidad de generación de empleo formal, en palabras del Consejo Gremial.
Sin embargo, otras reacciones del sector económico han sido dispares. Algunos celebran la determinación del Consejo de Estado, mientras que otros la rechazan o advierten de sus consecuencias. Así está el panorama:
Los que respaldan la suspensión del salario mínimo
La Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) apoya la decisión del Consejo de Estado porque, aunque el aumento “puede resultar atractivo en cifras, no responde a la realidad económica del país”.
El líder gremial, Jaime Alberto Cabal, sostiene que se trata de un llamado claro al respeto por el Estado de Derecho y por los mecanismos institucionales de concertación laboral. Resalta que “un aumento desmedido del salario mínimo no solo pone en riesgo la generación y permanencia del empleo formal, sino que termina trasladándose a mayores precios de bienes y servicios, afectando el bolsillo de los mismos trabajadores y ciudadanos que se pretende proteger”.
Las alertas y preocupaciones
Por su parte, a la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi) le preocupa la incertidumbre jurídica que deja la determinación, ya que las microempresas son las que más contratan en el rango del salario mínimo.
“Hoy miles de empleadores formales no tenemos certeza sobre cuál referencia aplicar en nóminas, contratos, aportes a seguridad social y presupuestos, lo que afecta la planeación financiera y la estabilidad operativa”, alertó Acopi.
La asociación pidió estabilidad normativa porque “la economía real no puede operar en un limbo jurídico”. También se mostró abierta a mantenerse en las mesas de concertación con el Ministerio del Trabajo y a informar al empresariado sobre las orientaciones que se deriven del acto transitorio que se expida. Esto “con el propósito de garantizar cumplimiento, estabilidad laboral y continuidad empresarial”.
Otros empresarios que no quedaron muy satisfechos con la incertidumbre que deja este revuelo son los representados por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). Su presidente, Bruce Mac Master, explicó que habían decidido no demandar el incremento del mínimo.
Mac Master reconoce los complejos efectos económicos y sociales que genera la decisión tomada por el Gobierno. “Sin embargo, en muchos casos se trata de hechos cumplidos que debemos asumir como sociedad buscando minimizar las consecuencias negativas de los mismos”, dijo.
El análisis macroeconómico que realiza Luis Fernando Mejía, CEO del centro de análisis Lumen Economic Intelligence, apunta a que el fallo no altera de inmediato el choque de costos asociado al aumento del salario mínimo, pero que incertidumbre puede traducirse en menores incentivos a la contratación formal y una mayor dispersión en las expectativas de inflación. Por lo menos hasta que el Consejo de Estado dicte sentencia.
El rechazo a la suspensión
Los sindicatos de trabajadores encabezaron la oposición a la determinación del Consejo de Estado. La CUT considera que es “un acto de injusticia social y de mezquindad empresarial, donde los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados con sectores del Consejo de Estado, están atentando contra un acto de justicia social para millones de trabajadores”.
La central afirmó que no pueden perder el derecho constitucional y legal que tiene el Gobierno para “redimir y hacer justicia social” en Colombia con un salario mínimo de dos millones de pesos para el año 2026.
Percy Oyola, presidente de la Confederación General del Trabajo (CGT), se sumó al rechazo y sostuvo que están revisando las medidas jurídicas que pueden tomar para defender sus derechos y que no descartan la movilización nacional.
Desde la CGT consideran que el tribunal sienta un precedente porque “en el pasado hemos demandado los decretos y nunca se tomó una medida cautelar que favoreciera a los trabajadores”.
Incluso el líder de la ANDI reconoce que ya se generaron algunos derechos que, consideran, no se deben afectar. “Hay que ser cuidadosos con eso. En este momento el país se tiene que volcar a tratar de contrarrestar los inmensos efectos que, sobre inflación y empleo, se han generado”, agrega.
Finalmente, Adriana Guillén, presidenta de Asocajas (Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar) ve difícil que retroceda el ingreso de los trabajadores y se pregunta cómo lo vas a hacer regresivo, a desmejorar la condición del empleado. Y añade que, en la medida en que ya se pagaron los primeros salarios se creó un derecho laboral, que es irrenunciable.
💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.
