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Cuando se habla de desempleo, pobreza o ingresos en Colombia, casi siempre se habla en promedios: la tasa de desempleo nacional o el ingreso promedio del hogar. Detrás de esos promedios, que parecen ser solo cifras, hay experiencias diferenciadas en cada persona y en cada hogar. La experiencia cambia si se habla de indígenas, colombianos afrodescendientes, migrantes, campesinas o campesinos, indígenas, personas transgénero, hombres o mujeres cisgénero o personas en condición de discapacidad.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) presentó este 5 de agosto la segunda versión de su “Guía para la Inclusión del Enfoque Diferencial e Interseccional”, un documento que busca que esas características dejen de refundirse en cifras. Reconocen, además, el riesgo del subregistro que existe por ejemplo en temas como identidad de género o discapacidad.
El Dane define el enfoque diferencial como “una perspectiva de análisis que permite obtener y difundir información sobre grupos poblacionales con características particulares, susceptibles a la discriminación y a la exclusión” y esto con el fin de “visibilizar las desigualdades y brechas existentes” y guiar la toma de decisiones públicas y privadas.
Claudia Díaz, directora general encargada del Dane compartió la actualización de esta guía afirmando sus cinco enfoques: ciclo de vida, discapacidad, étnico-racial, género y campesinado.
En contexto: Feminización del desempleo: la brecha laboral que persiste | EL ESPECTADOR
La autonomía económica de las mujeres
Uno de los cambios más relevantes está en el enfoque de género. Este se estructura ahora en dos líneas: autonomía de las mujeres y diversidad sexual y de género. En la primera, una de las clasificaciones de autonomía es, justamente, la económica, el Dane define esta como “la capacidad de las mujeres de acceder, generar y controlar ingresos propios, activos y recursos productivos, financieros y tecnológicos, así como el tiempo y la propiedad”.
En esta definición entra la organización social del cuidado que, desde siempre, ha sido desigual. En 2020 en Colombia el tiempo de cuidado destinado por mujeres a integrantes de un hogar con personas mayores de 65 años fue de 66,68 horas semanales, mientras que los hombres le destinaron 39,36 horas semanales. Esto según cifras de World Population Prospects y Ecofeminita, la Asociación Civil Economía Feminista.
La diferencia es casi alarmante sabiendo que el trabajo del cuidado no es remunerado. Las mujeres dejaron de ganar aproximadamente COP 556.000 semanales mientras que los hombres COP 328.000. Esta autonomía se puede entonces medir, según la guía, con indicadores de participación laboral, ingresos propios y uso del tiempo.
Nuevas preguntas para nuevas mediciones
Por primera vez, la guía incluye preguntas estandarizadas para reconocer la identidad de género más allá de la binariedad hombre-mujer y para esto incluyen la categoría de “persona no binaria”. Junto a esto agregaron una pregunta específica de autorreconocimiento para la población trans.
Solo en Bogotá, según la circular 55 de 2024 del Ministerio de Trabajo, “el 49 % de las personas trans no cuentan con algún tipo de formación para el trabajo y de estas el 80 % han sentido discriminación en los procesos de selección y contratación por su identidad de género”.
Algo parecido ocurre con el enfoque de discapacidad, que ahora se basa en la Resolución 1197 de 2024 del Ministerio de Salud y adopta un modelo “biopsicosocial”, es decir, la condición de discapacidad ya no se entiende como una condición individual, sino como “el resultado de la interacción entre una persona con alguna deficiencia física, mental, intelectual o sensorial y las barreras del entorno que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad”.
Para medirla, el Dane ahora adopta para sus encuestas las seis preguntas sugeridas por el Grupo de Washington y le agrega dos más. Las categorías corresponden a la visión, la audición, la movilidad, la cognición, el cuidado personal y la comunicación. Ante esto, el Dane agregó aspectos relacionados con la facilidad o dificultad para realizar actividades como: manipular objetos con las manos y relacionarse con otras personas.
Aunque el Dane fortaleció la representatividad de esta población, según el Servicio Público de Empleo, la participación laboral de personas en condición de discapacidad varía entre el 1 y el 3 % en empresas donde trabajan entre 1 y 3.001 empleados. Una cifra que evidencia las barreras que aun persisten para su inclusión laboral.
Con el propósito de cerrar esta brecha, la ley 2466 del 2025 estableció una cuota de carácter obligatorio para la vinculación de personas en condición de discapacidad en empresas de 100 o más trabajadores. Esta obligación empezó a regir a partir de junio 2026.
La actualización de la guía propone entonces que su utilización de datos y producción de estadísticas nacionales sean interseccionales para disminuir las brechas del subregistro y así mismo representar con mayor integridad las vivencias individuales y colectivas de cada colombiana y colombiano.
Indicadores como el desempleo, la informalidad o el ingreso laboral dejan de ser una sola cifra nacional para convertirse en cifras diferenciadas según quién las viva.
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Por Sophie Echappé Palomino
