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Hace casi un año fuimos testigos de la posesión de Trump rodeada de las cabezas de las grandes empresas de tecnología: Meta, Google y Amazon. Esa imagen no fue solo protocolaria, sino que marcó el inicio de una agenda internacional agresiva de la Casa Blanca para proteger sus compañías, asegurando que no se les impongan impuestos o regulaciones orientadas a la protección de datos personales.
En 2026, la defensa de las “big tech” será un factor determinante en las relaciones bilaterales de Estados Unidos, justo cuando Colombia intenta definir sus propias reglas de juego.
Mientras la presión externa busca mantener la desregulación, Colombia corre el riesgo de caer en el extremo opuesto, lo cual también es un error. El país está transitando hacia un modelo de control tecnológico basado en la vigilancia, bajo la excusa de proteger a poblaciones vulnerables. El reto de 2026 será evitar que la regulación se convierta en un sistema de monitoreo masivo y apostar, en cambio, por soluciones garantes de derechos.
El ejemplo más claro es la Ley 2489, aprobada a mitad de 2025. Esta norma creó un sistema de monitoreo, en el que participa el Ministerio de Defensa, para detectar “contenido inapropiado”. Lo más grave es que la norma terminó por crear un mecanismo potencial de vigilancia, les asignó la mayor parte de responsabilidad a familias y a personas cuidadoras, y dejó por fuera de las obligaciones a las grandes empresas.
El peligro es evidente: al delegar el control a autoridades de vigilancia y exigir verificaciones de edad, terminamos obligando a las personas a entregar su rastro digital (GPS, identificadores de SIM) para poder navegar. Como se vio en Inglaterra y Australia, esto no protege a la niñez, sino que solo impulsa el uso de VPN para evadir controles y empuja a niños, niñas y adolescentes a navegar en la clandestinidad, donde los riesgos son invisibles. En respuesta, en estos países ya se discute la posibilidad de prohibir el uso de VPN, lo que desconoce mucho usos legítimos de esta herramienta, dicho sea de paso.
Frente a este modelo de vigilancia fallido, la verdadera oportunidad para Colombia en 2026 está en el Congreso, en donde se debatirá la reforma a la Ley de Protección de Datos. Allí se definirá, hasta cierto punto, el equilibrio de poder entre la ciudadanía, las “big tech” y el Estado.
Lejos de ser un trámite técnico, esta reforma establecerá, por ejemplo, los términos de nuestra identidad digital, decidiendo cómo funcionaría la entrega de datos biométricos o su uso sin consentimiento para el sector público. Igualmente, la propuesta que cursa en el Congreso es un poco más clara de las restricciones para el uso de datos de niños, niñas y adolescentes.
Otra oportunidad será la aplicación de la Sentencia T-067 de 2025 y la Directiva Conjunta 007 de la Procuraduría y la Defensoría sobre transparencia algorítmica, que hasta cierto punto logran lo que las decenas de propuestas legislativas para regular la inteligencia artificial han intentado hacer sin resultados. Es en estos espacios en donde podemos exigir responsabilidad real a las empresas sobre cómo usan nuestros datos, en lugar de simplemente patrullar lo que decimos o vemos en internet.
Ignorar esta oportunidad de regular con enfoque de derechos es peligrosísimo en un año electoral. En 2026, las tensiones políticas aumentarán la presión para controlar el contenido en línea, desde la publicidad electoral hasta la labor de influenciadores. Si la infraestructura de vigilancia ya está montada, aun cuando realmente no protege a quien dice proteger, será muy tentador usarla para monitorear el discurso político. Lo que hemos dicho en favor de mejorar la regulación de las actividades de inteligencia aplica en este caso. Les conviene a todos los sectores políticos que haya una regulación balanceada y que esté orientada a la protección de derechos y a la prevención de abusos.
Es vital dejar atrás los esquemas basados en la vigilancia. Entidades como la Defensoría del Pueblo y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen el deber de articular a la sociedad civil, la academia y la empresa privada para enderezar el camino.
La soberanía digital de Colombia no se defiende prohibiendo el acceso a internet o implementando las infraestructuras que permiten vigilancia sin garantías democráticas, sino asegurando que, cuando los ciudadanos entren en él, sus derechos no sean la moneda de cambio.
* Fundación Karisma.
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Por Catalina Moreno y Juan Diego Castañeda *
