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A finales de noviembre, la Contraloría General de la República ratificó el fallo de responsabilidad fiscal contra 26 personas naturales y jurídicas por el detrimento patrimonial y el lucro cesante que se han generado en Hidroituango, que debió entrar en operación en noviembre de 2018.
La Contraloría determinó que estas personas debían pagar $4,3 billones. Sin embargo, el panorama del proyecto hidroeléctrico cambió por cuenta de las aseguradoras que se comprometieron a cubrir estas responsabilidades.
Este martes Mapfre Seguros Generales de Colombia, aseguradora de Hidroituango, realizó el último pago por 633,8 millones de dólares (que hace parte de la cobertura de la póliza “todo riesgo construcción y montaje”) por la contingencia de abril de 2018.
El pago, como lo explicó EPM, se da en cumplimiento de lo establecido en el Contrato de Transacción suscrito el 10 de diciembre de 2021 entre Mapfre y EPM y en el Fallo de Segunda Instancia de la Contraloría. (Lea: Luz en el caso Hidroituango: Mapfre y EPM logran acuerdo por US$983 millones)
“A este pago por 633,8 millones de dólares recibidos hoy, se suman los pagos anticipados por Mapfre a EPM por 350 millones de dólares. Así, el pago total de la aseguradora Mapfre por la contingencia en Hidroituango asciende a 983,8 millones de dólares”, dijo Jorge Andrés Carrillo, gerente general de EPM.
Con esta confirmación, EPM retirará la demanda arbitral que se encuentra suspendida ante el Centro de Conciliación, Arbitraje y Amigable Composición de la Cámara de Comercio de Medellín. También deberá informar a la Contraloría para que este sea considerado dentro del Fallo de Segunda Instancia.
El 23 de diciembre EPM recibió $402.454 millones de Sura por el pago de la póliza por la contingencia ocurrida en el proyecto. Esa misma semana la empresa recibió el dinero de las aseguradoras AXA y SBS por $21.500 millones y $2.000 millones, respectivamente.
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Según EPM, actualmente el proyecto tiene estabilidad en todos sus frentes de trabajo y “mantiene la disminución de los riesgos para las comunidades ubicadas aguas abajo de la presa, el cuidado del ambiente y la recuperación técnica de la obra”. Con corte al 31 de diciembre de 2021 el avance era del 86,9 %.
Según la promesa del Gobierno y de la empresa, las dos primeras unidades de generación de energía del proyecto, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, entrarán a operar en el segundo semestre de 2022.
Por otro lado, en la última semana se conoció el informe sobre las condiciones de estabilidad del proyecto, solicitado por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) desde 2018, EPM respondió algunos de los cuestionamientos.
Entre otras cosas, el informe de la consultora chilena Pöyry contempla que el proyecto es técnicamente recuperable y considera que la rehabilitación y puesta en marcha “es la única alternativa para gestionar los peligros y riesgos correspondientes en una forma controlada; un abandono del proyecto no representa una solución válida y además factible con respecto a los riesgos involucrados”.
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