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Para nadie es un secreto que la minería ilegal de oro es una de las principales fuentes de financiación de actividades ilegales en prácticamente todo el país. El Gobierno alista una serie extra de medidas para combatir el fenómeno, que incluyen un proyecto para endurecer las penas por este delito, que será llevada al Congreso, y conversaciones con la banca central buscando centralizar la compra del preciado metal.
El año pasado Colombia produjo 1’450.000 onzas de oro, y solo 450.000 onzas de esa cantidad fueron producto del trabajo de compañías legales, formales, constituidas y vigiladas por las autoridades. “Ese otro millón de onzas anuales no está vinculado a procesos que sean fácilmente controlables. Ahí está el gran reto que tenemos como país”, señala Juan Camilo Nariño, presidente de la Asociación Colombiana de Minería (ACM).
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El combate de la minería ilegal ha tenido tanto éxito como la reducción de los cultivos ilícitos, consideran analistas. Y aquí hay que recordar que hace cerca de cinco años fue creada la Brigada contra la Minería Ilegal, a cargo del Ejército.
Esa brigada militar ha tenido su centro de operaciones en Antioquia —uno de los lugares de mayor impacto de esta actividad—, Chocó y Nariño. También en Valle del Cauca, Córdoba, Cauca, sur de Bolívar y en otros departamentos que han sentido el rigor de esta actividad criminal, como Putumayo, Amazonas y Vichada.
Recientemente, el presidente Duque aprovechó un evento internacional coordinado por la ACM para retomar el tema de lucha contra la extracción y comercialización ilegal del oro. “Hemos considerado reabrir una conversación, también con la banca central para que volvamos a centralizar, en el caso específico, la compra de oro”, dijo el mandatario.
Siendo fiscal general, Néstor Humberto Martínez sugirió como alternativa para combatir esta actividad ilegal que el Banco de la República retomara el monopolio de compraventa del metal, como sucedía en el pasado. En ese entonces, la propuesta no tuvo mayor eco.
Ahora, Duque estima que al centralizar la compra de oro se evita estar expuestos “a que esa extracción ilegal rápidamente termine en un mercado negro del oro en nuestro país, que termina siendo combustible de la violencia”.
Para determinar qué tanto beneficia al Banco de la República involucrarse de nuevo en la compra de oro, la institución contrató en 2019 un estudio a la firma EConcept, de análisis económico independiente.
El informe empieza por recordar que el esquema de control de cambios que se instauró en Colombia en 1967, a través del famoso Decreto 444, le entregó al Banco de la República el monopolio de la comercialización de oro. “De acuerdo con el artículo 37 de esta pieza normativa, únicamente el Banco de la República podrá comprar, vender, poseer y exportar oro en polvo, en barras o amonedado”, precisa el análisis.
Andrés Escobar Arango y Tomás González Estrada, autores del estudio, recuerdan que “con el fin de cumplir con el mandato legal de adquirir la totalidad del oro que se produjera en el país, el Banco de la República llegó a contar con 27 puntos de compra, número que resulta de sumar sus sucursales y agencias directas, así como las agencias delegadas con la Caja Agraria” (hoy Banco Agrario de Colombia).
Sin embargo, el mismo estudio concluye que “el Banco de la República no es un buen candidato para asumir las funciones de un comprador único local”. Y añade: “Si se obligara a esta institución a volver a la compra centralizada del oro, se le expone a riesgos reputacionales considerables, al tiempo que no soluciona los problemas de ilegalidad en el mercado”.
Con base en este informe, la junta directiva del Banco de la República prácticamente ha cerrado la puerta a la posibilidad de que la institución retome estas funciones como un mecanismo de control de esta actividad criminal. En muchas oportunidades se ha dicho que la explotación y comercialización ilegal del oro es el único “negocio” que le compite a la producción del alcaloide de la hoja de coca.
Dentro de todo ese amplio plan de actividades para contrarrestar el accionar de los grupos criminales, el ministro de Minas y Energía, Diego Mesa, ha denominado al 2021 como el año de la formalización de la minería. “Queremos pasar de 3.500 a 21.000 pequeños mineros formalizados, que cuenten con títulos, licencia ambiental y, sobre todo, empleo de calidad”, dijo. Una meta ambiciosa, por decir lo menos.
Recordó que mientras en los cuatro años anteriores se formalizaron 1.750 mineros, “nuestra meta es multiplicar por más de quince veces lo que se ha hecho, entendiendo las necesidades y los requisitos que tienen estos pequeños mineros”. Actualmente, se calcula que en el país, por lo menos 153 municipios tienen explotaciones mineras ilegales en general, no solo la relacionada con el oro.
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Algunos empresarios involucrados en el negocio del oro en el país admiten que haber cerrado las compras de oro por parte del banco central fue una decisión correcta porque no le estaba agregando ningún valor a la cadena. Ante la idea del presidente Duque, consideran que el Banco de la República va a tener mucha dificultad para saber a quién le está comprando el metal.
El emisor recuerda que, de acuerdo con la Ley 31 de 1992, el Banco de la República está autorizado para realizar operaciones de compra, venta, procesamiento, certificación y exportación de metales preciosos, las cuales realiza en la forma y condiciones que señale la Junta Directiva de la entidad. De igual manera, compra el oro de producción nacional que le sea ofrecido en venta.
Pero vale la pena aclarar que el Banco adquiere oro y platino de producción nacional en presentación aluvial libre, es decir sin tratamientos físicos o químicos posteriores a su extracción, y previo el cumplimiento por parte del vendedor de requisitos establecidos.
En otras palabras, el Banco no adquiere estos metales en otras presentaciones como fundido, tratado químicamente, de joyería, quirúrgico, retal de joyería o recuperado de otros procesos industriales, señala una comunicación de la institución.
Para los autores del informe contratado por el banco central, los criterios “de compra deben obedecer a objetivos de política macroeconómica y no a necesidades de controlar la producción y comercialización del oro”.