Exmiembros de la junta directiva de EPM se pronuncian sobre el informe de las reaseguradoras

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En un comunicado difundido este jueves, los exfuncionarios aseguran que el estudio “no lo conoció ni fue puesto a disposición de la Junta directiva por parte de Mapfre”.

El miércoles, Daniel Quintero, alcalde de Medellín, le entregó a la Fiscalía el informe hecho por la firma Advanta sobre la emergencia ocurrida en Hidroituango en 2018. Según el funcionario, ese documento fue ocultado por la administración anterior. Tras las declaraciones del alcalde, el grupo de exmiembros de la junta directiva de Empresas Públicas de Medellín (EPM) se pronunció mediante un comunicado.

Los exmiembros de la junta, que renunciaron en agosto pasado, comienzan su pronunciamiento reiterando que sus actuaciones estuvieron "plenamente apegadas tanto a los dictados de la Constitución y de la ley como a los altos estándares de gobierno corporativo de EPM, los cuales siempre guiaron nuestras discusiones y decisiones como integrantes de la Junta Directiva de la que hicimos parte”.

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Vale la pena aclarar que los exmiembros que firman el documento, Claudia Jiménez Elena Rico, Gabriel Ricardo Maya, Alberto Arroyave, Andrés Bernal, Carlos Raúl Yepes, Manuel Santiago Mejía, Javier Genaro Gutiérrez, Federico Gutiérrez y Jorge Londoño de La Cuesta (quien fue el gerente general de EPM) dijeron en las últimas horas no solo que no conocían el informe, sino que este fue contratado por la aseguradora (Mapfre) para su “uso exclusivo”. En el comunicado que se compartió, este jueves, afirman que se ha hecho una interpretación equivocada del acta de la junta.

“Debemos aclarar que la junta de la cual formamos parte en el pasado no estaba a la espera del informe rendido por peritos técnicos contratados por las reaseguradoras, al cual se ha hecho referencia durante los últimos días. Basta leer el texto del acta difundida (1668 del 25 de junio de 2019, en su apartado dos para darse cuenta de que la Junta estaba ejerciendo su función de monitoreo al informe correspondiente a la cobertura de la póliza y no al estudio de los peritos técnicos relacionado con el análisis de la causa raíz que las reaseguradoras pudiesen hacer del incidente de Hidroituango”.

Agregan que el tema de la cobertura de la póliza era de interés de la junta, razón por la que “se revisaba de forma regular en los comités financiero, de proyectos, de auditoría y en las sesiones”.

Reiteran que el informe técnico solicitado por las reaseguradoras fue contratado a su costo, para su uso interno y del asegurador, con el fin de determinar si procedía aceptar o no la cobertura de la póliza, “lo que finalmente sucedió declarando la cobertura que ascendía hasta US$2.500 millones”.

Aseguran, además, que el estudio “no lo conoció ni fue puesto a disposición de la Junta directiva por parte de Mapfre”. Tras las explicación, los exmiembros rechazaron las afirmaciones “que ponen en tela de juicio nuestro proceder”. Por lo que piden poner en el centro del debate el futuro operacional de EPM. “Estamos abiertos a aclarar y ampliar todas las decisiones que se tomaron con transparencia y a aportar nuestro conocimiento y experiencia”.

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