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Desde la primera semana de diciembre Gobierno, representantes de empresarios y trabajadores se han reunido para concertar lo que, consideran, debería ser un aumento justo del salario mínimo, que en 2023 se encuentra en $1.160.000.
Una discusión para nada sencilla, pues hay que tener en cuenta el contexto macroeconómico por el que atraviesa el país, marcado por altas tasas de interés, una inflación que continúa galopando sobre los dos dígitos y un PIB que cayó 0,3 puntos porcentuales en el tercer trimestre.
Sin embargo, y según lo explicado por los expertos, subir muy poco el salario mínimo se traduciría en un golpe a la capacidad de gasto de los hogares colombianos, la cual ya se ha visto afectada en 2023 por cuenta de la carestía. Esto, a su vez, afectaría al empresariado y economía en general, por cuenta de la baja demanda.
Pero subir exageradamente el salario mínimo también podría ser contraproducente, pues reduciría la capacidad de contratación de las empresas, las cuales dejarían de contratar, recortarían su nómina, migrarían a la informalidad o aumentarían sustancialmente el precio de sus productos y servicios para satisfacer esos nuevos costos de contratación.
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Para aterrizar esta negociación, y no dejar las propuestas a la mera especulación de quienes tienen asiente en la mesa, históricamente se han empleado varios indicadores que sugieren la medida en que debería aplicarse el incremento salarial.
La que es probablemente la más importante de estas es la inflación, que según proyecciones del Banco de la República podría cerrar el año en un 9,6 %. A esta se suma la productividad (que este año la mesa no se pudo poner de acuerdo en cuál de las diversas muestras que ofrece el DANE en torno a esta utilizar). Para los empresarios es importante que se siga usando la PTF (Productividad Total de los Factores), que para el tercer trimestre del año registró una caída del -1 %, mientras que para los sindicatos es más acertado que se emplee la productividad por hora trabajada, que consolidó una variación del 0,76 %, ya que esta discrimina los aportes que hacen los trabajadores, dejando de lado otros elementos como el capital y la maquinaria instalada.
Con esta primera diferencia, el panorama de la concertación comenzó a mostrar dificultades, pues tras las cuentas que permitieron estos primeros indicadores las centrales obreras destaparon su carta y pidieron, de manera conjunta (es decir, la CUT, la CTC y la CGT), un incremento del 18 % (incluido el subsidio de transporte) para el próximo año.
Lo anterior significa un alza de $208.800 para el próximo año, quedando el salario mínimo en $1.368.800 (de nuevo, incluyendo el subsidio de transporte).
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Tras conocerse esta petición, los empresarios manifestaron su rechazo. El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, calificó tal propuesta como una “sacada de la manga”, y recordó que ante el complejo panorama macroeconómico del país lo más prudente es concertar un incremento que se acerque a la inflación.
Si se cumple a rajatabla lo sugerido por los empresarios, el mínimo tendría un incremento cercano a los $111.360 para el próximo año, quedando el mínimo en $1.271.360 (sin contar el auxilio de transporte).
Es por lo anterior que se puede decir que lo que hoy separa a empresarios de centrales obreras son unos $100.000.
Los detalles de la concertación
Este medio ha estado en cada una de las reuniones que ha tenido en la mesa, y parte de los hechos que más han resaltado en la jornada es la falta de una propuesta por parte de los empresarios.
Se considera importante porque la ley establece un plazo para que los mismos presenten una cifra debidamente argumentada, compromiso que fue incumplido y hasta la fecha sigue sin conocerse.
Según lo explicado por Cabal, la razón por la que no se ha presentado una cifra obedece a la elevada petición que pusieron sobre la mesa las centrales obreras, por lo que, según él, cualquier iniciativa marcaría una diferencia irreconciliable. Es por esto que solicitaron a los sindicatos repensar su propuesta y presentar una nueva más baja.
Por su parte, las centrales manifestaron que cumplieron con el plazo establecido por la ley, y que no están dispuestas a presentar una cifra más baja hasta que las empresas destapen su carta en la mesa de concertación.
Faltando dos días para que se le acabe el plazo a la mesa de llegar a una concertación, nadie ha dado su brazo a torcer en este pulso y el norte del salario mínimo para 2024 permanece incierto.
Para limar esas diferencias, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha realizado varias rondas de reuniones bilaterales, en donde se ha reunido con cada uno de los sectores para conocer sus reclamos, propuestas y tratar de tejer una propuesta conjunta. Sin embargo, hasta la fecha todos estos esfuerzos aparentemente han sido infructuosos.
Según lo manifestado por las centrales obreras, todos estos hechos demuestran lo que sería una estrategia del empresariado para presionar un bajo incremento del salario mínimo para el próximo año, con la esperanza de que baje ese 18 %.
La más reciente salida a medios de los empresarios se dio mediante un comunicado, en donde aseguran que tienen la disposición de seguir trabajando en la construcción de un acuerdo.
“Estamos convencidos de que en la actual coyuntura debemos hacer un esfuerzo para que cualquier decisión que se tome, le permita al país realizar un incremento salarial que continúe en la senda de construcción de mayor poder adquisitivo de los trabajadores y sus familias; al tiempo de que represente un comportamiento cauteloso en términos de inflación, empleo y condiciones macroeconómicas que permitan al Banco de la República continuar la reducción de las tasas de interés”, comunicaron.
En entrevista con El Espectador, representantes de las centrales obreras manifestaron el interés de que el Gobierno también presente una propuesta en la mesa, con la esperanza de que la misma destrabe la negociación.
¿Y si no se logra un acuerdo?
Según lo establecido en la Ley 278 de 1996, la mesa de concertación tiene hasta el 30 de diciembre para tomar una decisión, por lo que se espera que en los próximos días la ministra de Trabajo convoque nuevas reuniones para buscar un acuerdo.
Si definitivamente no se logra concertar la cifra, la ley también establece que será el Gobierno, en cabeza del presidente Gustavo Petro, quien determinará el incremento. Esto con base en el comportamiento de variables como el PIB y el IPC, como sugieren los empresarios.
Sin embargo, el presidente también podría tener en cuenta factores como la inflación (IPC) proyectada para el próximo año, por lo que podría sumar algunos puntos a la inflación de 2023 para equipar a los trabajadores ante la carestía que se viviría en los próximos meses. A esto se le conoce como incremento real, y de aplicarse no sería novedad pues, de hecho, ha sido una tendencia en los últimos años.
Si esta responsabilidad recae sobre el presidente, cualquier decisión que tome le podría ser contraproducente, pues si se considera que el incremento es muy alto, saldrán los expertos en macroeconomía a criticar su decisión como irresponsable, sobre todo por la afectación que generaría en el tejido empresarial, y más con los resultados que pueda tener la reforma laboral; por el contrario, si se considera que el aumento es muy poco, la confianza en el mayor mandatario de quienes hoy lo apoyan (como las centrales obreras) podría verse sacrificada.
El hecho es que a más tardar el 30 de diciembre el país conocerá el incremento que tendrá el salario mínimo en 2024.
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