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El país quiso pagar con un clic y terminó sacando billetes del cajero. En apenas cinco días, Colombia vivió la combinación más incómoda posible para un sistema financiero: una caída global de servidores, una posible retención tributaria sobre las transacciones electrónicas y la inoperancia de los principales bancos del país.
Una semana que debía confirmar el salto hacia la economía sin efectivo terminó mostrando lo frágil que es su andamiaje.
Según un informe de Credicorp, cuatro de cada diez colombianos sigue por fuera del sistema financiero formal. Eso significa que millones de personas dependen del efectivo o de mecanismos informales, justo los más vulnerables a fallas tecnológicas.
“Cuando se generan fricciones en la experiencia de los usuarios, los llevamos de nuevo al efectivo”, explicó Colombia Fintech a El Espectador. “El propósito de los productos financieros digitales, como los pagos, es que sean tan fáciles y rápidos de usar como el efectivo. Cuando una falla de estas le impide a la gente utilizar sus productos financieros, los empujamos al efectivo”.
Lunes: el día en que el dinero digital se congeló
Todo comenzó el lunes 20 de octubre, cuando una falla masiva en los servicios de Amazon Web Services (AWS), el proveedor de nube de medio planeta, dejó en silencio a Nequi, Daviplata, Bancolombia, Nubank y otras plataformas. Los usuarios no podían transferir, pagar ni consultar saldos. Durante horas, el dinero digital fue una ilusión.
En redes sociales, el reclamo fue inmediato: “¿Dónde está mi plata?”. La respuesta, difusa. Para millones de personas que no conocían la nube, la falla fue el primer momento en que supieron que la agilidad de los pagos dependía de un solo proveedor.
Lo paradójico es que AWS, una empresa que presta servicios a gobiernos y bancos de todo el mundo, suele ser sinónimo de estabilidad. Pero cuando un servicio así se cae, se cae todo.
Para Colombia Fintech, este tipo de episodios revela la dependencia estructural del sistema financiero de actores tecnológicos globales. “La indisponibilidad de estos servicios puede afectar la confianza porque les impide realizar transacciones y afecta, sin duda, su día a día”, explicó el gremio.
Miércoles: el decreto que encareció la inclusión
Dos días después, el Ministerio de Hacienda publicó un proyecto de decreto que propone igualar la retención en la fuente de los pagos electrónicos al 1,5 %, la misma tarifa que hoy se aplica a los pagos con tarjeta débito o crédito.
En teoría, la medida busca “armonizar” el tratamiento fiscal de los distintos medios de pago. En la práctica, supone un costo adicional para miles de comercios pequeños que usan plataformas digitales como Nequi, Daviplata o transferencias QR.
Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 2,3 millones de micronegocios, según el DANE. Estos emprendimientos son la base de la economía popular: tiendas de barrio, talleres, pequeños servicios que, a la postre, dependen de plataformas sin barreras para cobrar. El efecto de los impuestos es un golpe directo a la caja diaria de millones de familias.
Aquí es donde entra Bre-B, el nuevo sistema del Banco de la República, que se estrenó este mes con la promesa de llevar al país a la nueva era de los pagos digitales, con transferencias inmediatas, gratuitas y fáciles de hacer. Parecía que todos los esfuerzos apuntaban a aumentar la inclusión financiera, pero con el borrador de Hacienda, según analistas y gremios, va en otra dirección y socava lo logrado en los últimos dos años.
El éxito de estos sistemas depende de la confianza y adopción masiva, dos variables muy sensibles a la percepción de control estatal.
Colombia Fintech reaccionó con dureza: “Nos hemos acostumbrado a ser pasivos y hoy la inclusión financiera está en riesgo. A pesar de que estas retenciones solo se apliquen a pagos de personas a comercios, el mensaje sobre la fiscalización de los pagos digitales tendrá profundos efectos negativos sobre su adopción y futuro”.
Por su parte, el Minhacienda respondió a las críticas. “La retención se practicará si el pago o abono no constituye ingreso tributario o si no se trata de adquisiciones de compras de bienes y servicios”, publicó en X.
Sin embargo, según el sector, la medida castigaría la digitalización, justo cuando el país intenta reducir su dependencia del efectivo —que aún representa cerca del 80 % de los pagos diarios, según el Emisor— y avanzar hacia la interoperabilidad de Bre-B.
“En este contexto, la discusión sobre cómo nivelar el terreno de juego debería centrarse no en aumentar las tarifas de retención, como plantea el Gobierno, sino en eliminar las existentes”, comentó la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF).
Estos serían los efectos de esta recomendación:
- 2026: habría una caída transitoria en el recaudo nacional de $5.621,5 millones, por pequeños negocios que no declaran renta.
- 2028 en adelante: el efecto se vuelve positivo gracias a mayor dinamismo en ventas y formalización de más unidades productivas.
- 2034: el balance fiscal acumulado sería favorable en $223.469,9 millones (a precios constantes de 2025).
Por ahora, Hacienda aseguró que el texto del decreto seguirá abierto a comentarios de ciudadanos y gremios antes de su firma definitiva.
Viernes: el golpe final, otra caída bancaria
La semana cerró como empezó: sin acceso a los bancos. Desde la madrugada del viernes 24 de octubre, Bancolombia, la entidad con más usuarios del país, reportó fallas generalizadas en su app y en Nequi. Durante casi toda la mañana, las transferencias, pagos y retiros estuvieron bloqueados.
Miles de colombianos se encontraron atrapados entre dos mundos: un efectivo que el Estado quiere desestimular y unas plataformas digitales que no funcionan.
“Los riesgos de indisponibilidad de los servicios transaccionales son un riesgo inherente a la transformación digital del sistema financiero. Es por eso, que los reguladores han adoptado medidas para proteger la confianza en los sistemas de pagos inmediatos”, respondió Colombia Fintech, en referencia al sistema Bre-B.
Recientemente, Bancolombia informó que ha logrado el restablecimiento de parte de sus servicios. La entidad informa que se puede usar los corresponsales bancarios, sucursales físicas, así como los pagos con tarjetas débito y crédito. El resto de los servicios siguen inoperantes, es decir, los cajeros y canales digitales.
En las últimas horas, Nequi también reportó que parte de sus operaciones volvieron a funcionar.
Sin embargo, sin confiabilidad tecnológica, no hay inclusión digital posible.
Un ecosistema a modo de prueba
Colombia no está sola en este dilema. En países como Brasil o México, los sistemas de pagos instantáneos (Pix o CoDi) también han sufrido caídas, pero sus autoridades han impuesto estándares mínimos de disponibilidad del 99,5 %.
Aquí, el Decreto 1069 de 2025 intenta seguir esa ruta: obliga a las entidades financieras a garantizar un nivel mínimo mensual de funcionamiento de sus plataformas, ajustado al tamaño de la entidad.
Es un primer paso, pero insuficiente. Porque la confianza no se decreta, se construye.
Y hoy, esa confianza está erosionada por una cadena de eventos que exponen el talón de Aquiles del modelo digital, en la fragilidad técnica, la lentitud fiscal y la falta de coordinación institucional.
Mientras los analistas advierten que la retención de 1,5 % en las transacciones Bre-B es un palo en la rueda para la inclusión, se intensifica la lluvia de críticas por la caída de los bancos en medio de la fragilidad técnica que pende de un hilo para que todo funcione.
La meta de la digitalización de los pagos en Colombia camina con un compañero incómodo que le impide correr al ritmo que necesita, atrapándolo en la paradoja de querer modernizarse sin garantizar que la modernidad funcione.
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Por Alejandro Rodríguez Torres
