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Más de 1,2 millones de empleados estatales serán beneficiados por el Acuerdo Nacional Estatal, firmado este 12 de agosto en Bogotá, que marca un punto de inflexión en la relación entre las organizaciones sindicales y el Gobierno.
La negociación, calificada por el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, como “una especie de reforma aplicada al sector de los trabajadores estatales”, consolida mejoras salariales, garantías sindicales y un robustecimiento de los derechos laborales en el servicio público.
El pacto es el resultado de un proceso inédito en el marco del Decreto 243 de 2024, en el que participaron nueve confederaciones y 37 federaciones de empleados públicos.
De las 94 solicitudes presentadas en el pliego unificado, 71 fueron objeto de negociación y 60 alcanzaron acuerdo.
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Entre los compromisos destacan: incremento salarial, aumento de la prima de servicio, radicación de un proyecto de ley de garantías sindicales, compensación por beneficio del acuerdo colectivo, y la creación de mesas técnicas para reglamentar la prevención y atención de violencias basadas en género y acoso sexual en el sector público.
“El legado que dejamos con este acuerdo no solo es salarial, es estructural, fortalece las garantías sindicales, robustece los mecanismos de prevención y atención en salud y seguridad laboral, impulsa la formalización, la participación ciudadana y afianza la negociación colectiva del sector público”, afirmó Sanguino, quien subrayó que este es “apenas un paso firme hacia una administración pública más digna, más humana y justa”.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, respaldó la iniciativa asegurando que el Gobierno será “rígido” en el cumplimiento de los compromisos adquiridos.
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La directora de Función Pública, Mariela Barragán, destacó que el acuerdo brinda mayores niveles de bienestar y capacitación y refuerza el compromiso del Gobierno con el trabajo digno.
El acto contó con la presencia de líderes sindicales como Fabio Arias (CUT), Jhon Jairo Caicedo (CTC) y Percy Oyola (CGT), quienes coincidieron en que el pacto abre una nueva etapa de unidad de acción sindical.
El acuerdo fue suscrito por un amplio bloque sindical que incluye, entre otros, a la CUT, CGT, CTC, CNT, UTC, Fecode, Fenaltrase, Utradec y más de 30 federaciones y confederaciones que representan a sectores estratégicos de la función pública.
La convergencia, destacaron sus firmantes, se logró pese a las diferencias, bajo la premisa de que “el diálogo y voluntad política, es posible avanzar en la consecución de importantes acuerdos colectivos para el país”.
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