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El Gobierno abrió por primera vez un mecanismo de contratación de energía eléctrica a largo plazo, una especie de subasta que permitirá firmar contratos de hasta 15 años para proyectos de generación limpia y sistemas de almacenamiento.
La decisión busca dos cosas concretas: garantizar que no falte energía en los próximos años y ordenar la transición energética, con reglas claras para inversionistas y mayor estabilidad para los usuarios, una apuesta que el Gobierno viene amasando desde su entrada hace tres años.
La resolución, expedida por el Ministerio de Minas y Energía, marca un cambio relevante en la forma como el país asegura su electricidad. Hasta ahora, buena parte del mercado se ha movido con contratos cortos y precios volátiles, muy expuestos al clima, a la demanda y a los sobresaltos regulatorios. El nuevo esquema intenta corregir ese problema desde la raíz.
Es como asegurar la despensa eléctrica del país con anticipación, en lugar de salir a comprar a última hora cuando todo está más costoso.
¿Qué está haciendo exactamente el Gobierno?
El mecanismo convoca a generadores (quienes producen energía) y comercializadores (quienes la compran para venderla a hogares y empresas) a pactar hoy la energía que se entregará a partir del 1 de enero de 2030, con precios fijados desde ahora y contratos de largo aliento.
Solo podrán participar agentes habilitados del Mercado de Energía Mayorista, tanto públicos como privados, y los proyectos que entren deben cumplir exigencias técnicas, financieras y de respaldo que buscan evitar improvisaciones.
El resultado de la subasta será un contrato de energía a largo plazo, con estas características centrales:
- Duración de 15 años.
- Precio ofertado en pesos por kilovatio hora, con un esquema de actualización que sigue la inflación de productores en Colombia y Estados Unidos (para evitar que el contrato se vuelva inviable con el tiempo).
- Inicio de obligaciones desde 2030, con una ventana especial para algunos proyectos que arrancarían en 2035.
Uno de los cambios más relevantes del mecanismo es que no subasta la energía como un bloque único, sino que la divide según el momento del día en que se necesita.
Así, se crean cuatro tipos de contratos:
- Energía para las 24 horas del día.
- Energía solar concentrada entre 6 de la mañana y 6 de la tarde.
- Un producto mixto que cubre el día y la franja crítica de la tarde-noche.
- Energía exclusivamente para las horas más costosas, entre las 6 y las 10 de la noche, cuando el consumo sube y el sistema suele estar más tensionado.
“Con este mecanismo estamos corrigiendo rezagos, cerrando brechas y dando un paso estructural para blindar el sistema eléctrico frente a los riesgos climáticos y de demanda futura”, afirmó el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
El Ministerio sostiene que una parte relevante de los comercializadores aún no cumple la obligación legal de comprar entre 8 % y 10 % de su energía a partir de fuentes limpias, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo. Este mecanismo les facilita cumplir esa meta sin improvisaciones.
Además, los contratos largos reducen la volatilidad del mercado. Cuando la energía se negocia solo en el corto plazo, cualquier sequía, falla técnica o pico de demanda se traduce en precios más altos.
¿Hay respaldo técnico?
La confiabilidad, es decir, la garantía de que la energía esté disponible cuando se necesita, es una brújula entre los actores del sistema de energía.
Por eso, el mecanismo incorpora de forma explícita los sistemas de almacenamiento con baterías, que permiten guardar energía y liberarla en las horas críticas. Los proyectos que incluyan baterías deben demostrar capacidad, eficiencia, duración del almacenamiento y potencia de carga y descarga.
También se permite cierta flexibilidad si un proyecto se retrasa o no puede construirse, mediante cesiones temporales o definitivas de los contratos, siempre bajo reglas estrictas.
La subasta será operada por la Bolsa Mercantil de Colombia, con apoyo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial. El proceso de adjudicación deberá realizarse, a más tardar, el 30 de junio de 2026.
Antes de eso, el proyecto de resolución estará en consulta pública hasta el 3 de febrero, un paso clave para ajustar detalles técnicos y evitar errores de diseño que luego se paguen caro.
El sistema eléctrico ha venido caminando sobre una cuerda floja, muy dependiente del clima, con señales de precio (y los discursos del Gobierno) poco estables y con inversiones que no siempre encuentran certidumbre.
Los incentivos y reglas que funcionen son parte de la estructura fundamental para este sistema, y este primer mecanismo pone una base para que la energía del futuro, esa que está en incertidumbre, no se improvise y se respalde con precios fijos que no cambien cada vez que el clima o el mercado se agita.
La apuesta está hecha. Ahora vendrá la prueba más difícil, que los comentarios retroalimenten la propuesta antes de desecharla.
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