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El martes 15 de junio, último día para postular los candidatos a la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina —conocido anteriormente como Corporación Andina de Fomento (CAF)— el Gobierno puso a consideración el nombre de Sergio Díaz-Granados, actual director del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para Colombia y Perú.
Así lo indica una misiva firmada por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo; el director del DNP, Luis Alberto Rodríguez; el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, y ministros de Economía de Perú, quienes son miembros del directorio de CAF.
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Con esta decisión, queda descartada la postulación del exministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, quien había sido la primera opción del Gobierno antes del retiro de la reforma tributaria.
La carta destaca que Díaz-Granados es “un colombiano con amplia experiencia en integración regional, desarrollo económico y cooperación internacional”. Fue ministro de Comercio del Gobierno Santos, congresista y presidente de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (ANATO). El abogado también perteneció a las juntas directivas de Bancóldex, el Fondo Nacional de Garantías y del Fondo para el desarrollo del Turismo (FONTUR).
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La CAF dijo en un comunicado que al cierre del plazo establecido por el directorio, se presentó además la candidatura del argentino Christian Gonzalo Asinelli, actual subsecretario de Relaciones Financieras Internacionales para el Desarrollo de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación Argentina.
La elección del Presidente Ejecutivo se efectuará en una siguiente reunión del organismo, prevista tentativamente para el 5 de julio. Quien llegue al cargo durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido una sola vez por un periodo adicional. El proceso de selección incluye “una serie de requisitos y procedimientos para garantizar la probidad de los candidatos y la transparencia de la elección”, así como una entrevista formal.
Cabe recordar que la organización abrió postulaciones luego de que el peruano Luis Carranza renunció a la presidencia el pasado marzo en medio de denuncias por abuso de poder.
“Esta decisión responde a mi juicio, en parte, a mi negativa a ceder el interés de algunos países de interferir políticamente en las atribuciones que el Convenio Constitutivo le otorga al Presidente Ejecutivo para designar a sus colaboradores inmediatos”, señaló Carranza en un comunicado.