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Gremios industriales alertan por arancel del 30 % de Ecuador y advierten efectos bilaterales

El Gobierno de Ecuador impuso un arancel del 30 % a las importaciones colombianas, decisión que gremios como Acoplásticos y la ANDI consideran contraria a los acuerdos de la Comunidad Andina.

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22 de enero de 2026 - 12:14 a. m.
La medida afecta cadenas productivas binacionales y genera preocupación por el impacto en empleo, costos industriales y cooperación regional.
La medida afecta cadenas productivas binacionales y genera preocupación por el impacto en empleo, costos industriales y cooperación regional.
Foto: Bloomberg - Carsten Snejbjerg
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La decisión del Gobierno de Ecuador de imponer un arancel del 30 % a las importaciones colombianas encendió las alarmas en el sector productivo. Acoplásticos y la ANDI coincidieron en que la medida no solo contradice los acuerdos vigentes en la Comunidad Andina (CAN), sino que introduce un riesgo económico innecesario para dos economías profundamente interconectadas.

El anuncio del presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, se sustenta en la falta de cooperación de Colombia frente a la violencia en la frontera común. Sin embargo, para los gremios empresariales el instrumento elegido —un arancel generalizado— traslada un conflicto de seguridad al terreno comercial y rompe reglas básicas de integración regional.

Acoplásticos advirtió que el arancel tendría un impacto directo sobre las cadenas productivas del plástico, que en Colombia generan cerca de 250.000 empleos directos, producen alrededor de COP 40 billones al año y exportan al mercado ecuatoriano unos USD 150 millones, cerca del 9 % del total del sector.

El gremio recordó que Colombia y Ecuador mantienen un acuerdo de libre comercio dentro de la CAN, que establece procedimientos claros para atender situaciones extraordinarias. “Sorprende el anuncio del presidente ecuatoriano de sustentar un aumento arancelario generalizado a partir de una situación de seguridad” y no en situaciones comerciales y de mercado, señaló la asociación.

El impacto no sería unidireccional. Ecuador depende de Colombia para el abastecimiento de materias primas plásticas como PVC y polipropileno, que no se producen en ese país. Al encarecer estos insumos, advirtió Acoplásticos, se elevarían los costos de producción de bienes básicos en la propia economía ecuatoriana, desde empaques hasta productos para la construcción y el consumo cotidiano.

Además, el comercio es complementario: Ecuador exporta a Colombia más de USD 40 millones anuales en productos plásticos, lo que refuerza el carácter de pierde-pierde de la medida.

La Cámara de Comercio e Industrias Ecuatoriano Colombiana y el Comité Intergremial y Empresarial del Valle del Cauca (CIEV) señalaron que la medida podría generar impactos económicos, productivos y sociales. En un comunicado en sus cuentas de X, instaron a la apertura de “diálogo al más alto nivel” para encontrar soluciones de beneficio mutuo.

Desde una mirada más amplia, la ANDI calificó la decisión como “profundamente preocupante” y recordó que, solo en 2024, Colombia registró una balanza comercial superavitaria con Ecuador por USD 1.144 millones. Ese año, las exportaciones nacionales hacia ese país alcanzaron USD 1.921 millones, con una canasta diversificada que incluye minería, química básica, maquinaria, cosméticos, automotores y bienes agroindustriales.

Ecuador es hoy el séptimo socio comercial de Colombia y uno de los principales destinos de las exportaciones no minero-energéticas. En ese contexto, la ANDI insistió en que el libre comercio entre los países andinos —Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú— está protegido por el Acuerdo de Cartagena, que exime de aranceles a los productos originarios de la región.

Una de las primeras reacciones en contra del anuncio hecho por el presidente Noboa vino de la mano de Edwin Palma, ministro de Minas y Energía: “Rechazamos la medida arancelaria impuesta por Ecuador, una agresión económica que rompe el principio de integración regional. En materia energética, Colombia ha actuado con hechos, cooperación y solidaridad”, publicó en X.

De acuerdo con el ministro Palma, “mantuvimos la venta de energía a Ecuador cuando su sistema más lo necesitó, exportando incluso en muchas ocasiones más de 450 MW de manera sostenida (90 % de capacidad que posee la infraestructura de exportación), incluso cuando nuestro sistema estaba pasando por la situación hidrológica de sequía más crítica de toda su historia debido a los efectos del cambio climático”.

Palma ordenó desmontar los mecanismos de cooperación con empresas privadas del sector que venden energía a Ecuador.

Además de energía eléctrica, Ecuador es un amplio comprador del renglón de productos industriales colombianos, que entre enero y noviembre del año pasado tuvo una participación de 84 % en las ventas externas a ese país, de acuerdo con cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit).

“El mundo está demasiado convulsionado para que ahora a nivel regional entremos en medidas arancelarias o restricción del comercio para resolver problemas que deben ser del orden de la diplomacia”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI. Según el gremio, este tipo de decisiones termina afectando al consumidor y debilitando la inversión y la cooperación regional.

La lucha contra el narcotráfico y el contrabando, coinciden los gremios, debe ser un objetivo compartido. Pero hacerlo a costa de desconocer acuerdos vigentes introduce una lógica de corto plazo que debilita la integración regional en un momento de alta volatilidad global.

“Este escenario exige al Gobierno Nacional reforzar con urgencia la estrategia de seguridad, debilitar el crimen transnacional y activar los canales diplomáticos y comerciales con Ecuador, como naciones hermanas, para proteger el empleo, la inversión y el comercio formal”, señaló el CIEV.

El llamado es a que los gobiernos de Colombia y Ecuador reconduzcan la discusión por los canales institucionales de la CAN y eviten una escalada que, más que sancionar, fractura una relación económica construida durante décadas.

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