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Empresas Públicas de Medellín (EPM) pidió oficialmente a los constructores de Hidroituango ceder su contrato para la terminación del proyecto. Así lo confirmó el gerente de EPM Jorge Andrés Carrillo ante el concejo de Medellín.
Carrillo informó que ha solicitado al consorcio buscar otros cesionarios para garantizar la continuidad del proyecto. Aún sabiendo que se desconoce el fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría en segunda instancia.
“Lo que nos corresponde es prepararnos para un eventual fallo. Para el peor escenario. Sin olvidar que eso puede representar en que se suspendan las obras”, dijo Carrillo durante su intervención.
Si bien el alcalde de Medellín y presidente de la junta directiva de EPM, Daniel Quintero, ya había asegurado ante medios de comunicación que analizaba la posibilidad de acelerar un cambio de contratistas, la solicitud ya se habría presentado formalmente.
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“La vicepresidencia jurídica de EPM pidió ceder el contrato en una reunión. Nos dieron un mensaje de la gerencia que por qué no cedíamos el contrato. (…) Nosotros le pedimos a EPM que especificara las calidades que debería reunir el cesionario”, dijo a Blu Radio el representante legal del Consorcio CCC Ituango, Santiago García.
En una carta divulgada por la senadora Paola Holguín, el consorcio le solicitó al gerente de EPM ser claro sobre el futuro del consorcio en la megaobra. Señaló que, si bien se cumple el contrato el próximo 31 de diciembre, EPM debió informar su intención de ampliar o no el mismo desde hace seis meses, pues este automáticamente se renueva.
Consorcio CCC Hidroituango solicita al Gerente de @EPMestamosahi que responda si continúan o no en la obra.
— Paola Holguín 🇨🇴 (@PaolaHolguin) October 22, 2021
Grave para la obra, EPM y el país, cambio de los contratistas a estas alturas; grave que se haga realidad la amenaza permanente de Quintero. @infopresidencia @IvanDuque pic.twitter.com/QZMVE5iPpm
En la misiva también manifestaron que la incertidumbre sobre el proyecto tendría consecuencias sobre su avance. “Indudablemente, se tendrán impactos negativos en sus plazos de ejecución, costos adicionales y, seguramente, en otras actividades que hoy no son previsibles y que forman parte de los riesgos ante la decisión de un cambio de contratistas”, dice la carta. Todo esto a pesar de que Quintero dijo que el impacto sería de solo dos meses.
Así mismo, el representante legal de los constructores explicó a Blu Radio que solo se puede ceder el contrato si se determina una inhabilidad. Y esta ocurriría si la Contraloría ratifica el fallo de responsabilidad fiscal en segunda instancia. “Mientras esto no exista, no hay obligación de ceder este contrato”, puntualizó.
Cabe recordar que dicho proceso se encuentra suspendido a raíz de una recusación presentada por una de las imputadas: María Eugenia Ramos, exsecretaria de Planeación de Antioquia, quien argumentó falta de garantías. Es la tercera vez que el proceso se suspende por una recusación.
Según García, la cesión del contrato no sería fácil, pues tienen previstas varias intervenciones claves de la obra. Además, opina que es “bastante improbable” que cualquier constructora del mundo se haga responsable de dicha obra a raíz de la contingencia de 2018. “Es difícil que encontremos quién lo acepte”, señaló.
CCC Ituango afirma contar con la capacidad jurídica, técnica y financiera para apoyar a EPM y terminar las obras de la hidroeléctrica. “Nosotros recibimos la solicitud, pero mientras no exista un fallo no vamos a ceder el contrato. Realmente, nunca habíamos contemplado esa opción”, agregó García.
Escuche la entrevista completa aquí:
EPM: las partes se reunirán el 26 de octubre
Este viernes, 22 de octubre, EPM publicó un comunicado en la página de la Superintendencia Financiera en el que mencionó que han tenido reuniones con el consorcio CCC Ituango desde antes del fallo de responsabilidad fiscal con el objetivo de resolver “temas relacionados con costos, cronograma del proyecto y claridad sobre los consorciados, temas que deben dilucidarse antes de decidir sobre la prórroga del contrato. Desafortunadamente, no ha sido posible obtener la aprobación de parte del consorcio, pese a las diferentes propuestas que le ha extendido la compañía”.
Según EPM, esta semana le comunicó a los representantes del consorcio que la empresa siempre ha estado interesada en la continuidad del proyecto Hidroeléctrico. “Por tal razón, le propuso al consorcio que, si es de su interés y teniendo presente que es su derecho, postule lo más pronto posible empresas cesionarias que lo sustituyan en la ejecución del proyecto”, se lee en el comunicado.
En el mismo acto de aprobación de la cesión, según explicó EPM, se prorrogaría el plazo del contrato para continuar las obras. Para definir esta opción, las partes acordaron una nueva reunión el próximo martes, 26 de octubre.
La empresa aseguró que “el cambio de alguno de los contratistas o consorciados actuales del proyecto no es una situación que obedezca a la voluntad de EPM. Esto sería consecuencia de la eventualidad que el fallo de responsabilidad fiscal quede en firme, lo que llevaría a los contratistas actuales a perder la capacidad jurídica y financiera, teniendo presente que esto generaría una inhabilidad sobreviniente en el marco del artículo 9 de la Ley 80 de 1993″
EPM agregó que, si se llegara a realizar la cesión del contrato y la búsqueda de un nuevo contratista, “buscaría hacer un tránsito armónico que garantice la terminación adecuada de la futura central de generación de energía”.
¿Qué pasará con el proyecto?
El futuro de Hidroituango plantea varias preguntas. Desde quienes podrían asumir la obra hasta cuándo podría entrar en operación la hidroeléctrica. Cabe recordar que Conconcreto y Coninsa Ramón H, miembros del consorcio CCC Ituango fueron admitidas en reorganización a mediados de octubre en el marco del pleito con EPM.
Conconcreto indicó que el fallo en primera instancia de la Contraloría General de la República por una cifra de $4,3 billones “tiene un innegable impacto patrimonial y operativo”. El órgano de control fiscal emitió dicho fallo contra 26 personas jurídicas y naturales, entre los que se encuentra el consorcio CCC Ituango.
El alcalde Quintero ha dicho públicamente que esta podría ser una “estrategia para no pagar” y acusó a los constructores de bajar la calidad de los materiales, cambiar los diseños y tomar decisiones irresponsables, declaraciones que el consorcio ha negado enfáticamente.
El gerente de EPM, por su parte, ha sido enfático en que esa figura no es sinónimo de que no puedan ejecutar, “pero sí es una señal de que el colapso sistémico se puede dar, y eso no lo puede ignorar EPM”. Esto justificaría la búsqueda de un nuevo consorcio.
El proyecto está en vilo hasta que la Contraloría defina si ratifica el fallo en segunda instancia. De confirmarse, legalmente no se podía seguir con la obra. Además, los 26 implicados quedarían inhabilitados para contratar con el Estado. Esto incluiría a figuras como Sergio Fajardo (gobernador de Antioquia 2012-2016), Alonso Salazar (alcalde de Medellín 2008-2011) y Luis Alfredo Ramos, gobernador de Antioquia 2008-2011).
Esto, a su vez, podría tener consecuencias sobre las grandes constructoras implicadas y, por ende, sobre el desarrollo de varias obras de infraestructura del país.
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En su paso por el concejo de Medellín, Carrillo aseguró que EPM contempla dos escenarios: el primero, que el consorcio presente cesionarios lo más pronto posible, “sin intereses políticos y poniendo el proyecto primero”.
El segundo es abrir un proceso de licitación pública para seleccionar a una empresa capaz de terminar el proyecto o de poner en funcionamiento las unidades 1 y 2. “¿Se puede perder tiempo? Puede ser. ¿Que la curva de aprendizaje es compleja?, también. Ojalá esa licitación no haya que usarla, pero tenemos que arrancarla ya”, afirmó.
EPM había dicho que Hidroituango comenzaría a generar energía con sus dos primeras unidades, cada una de 300 megavatios (MW) de capacidad, a partir de 2022. También esperaba que las seis unidades de generación restantes ingresen de manera paulatina, para completar 2.400 MW de capacidad instalada en 2025. Sin embargo, con la controversia, el propio consorcio dice que no tiene certeza de cuándo podría estar lista la hidroeléctrica, que promete generar 17 % de la energía que requiere el país.