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La Contraloría General suspendió el proceso de responsabilidad fiscal por Hidroituango contra 26 personas naturales y jurídicas imputadas por la emergencia en el proyecto hidroeléctrico.
Según confirmó el máximo órgano de control fiscal, el contralor delegado intersectorial no. 2 de la Sala fiscal y Sancionatoria tomó la decisión a raíz de una recusación presentada por una de las implicadas: María Eugenia Ramos Villa, exsecretaria de Planeación de la Gobernación de Antioquia.
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Ramos Villa presentó dicha recusación el 12 de octubre contra el mencionado contralor delegado, el contralor general, Carlos Felipe Córdoba; la procuradora Margarita Cabello, dos funcionarios de la Sala Fiscal y Sancionatoria y la contralora delegada de Investigaciones Especiales.
Según informó Blu Radio, la exfuncionaria argumenta que se le violó el principio de imparcialidad objetiva, pues, dice, no hay garantías de independencia e imparcialidad en la estructura organizacional de la Contraloría.
En la petición, divulgada por la emisora, Ramos Villa dice que los funcionarios han tenido conductas inconstitucionales al defender públicamente un fallo que todavía no está en firme y deslegitimar las acciones judiciales dirigidas a proteger el debido proceso.
La exfuncionaria de Sergio Fajardo también pidió al Congreso de la República que se elija un contralor ad hoc para definir el caso Hidroituango.
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La Contraloría explicó este jueves que es la tercera vez que el proceso se suspende por una recusación. De hecho, se había suspendido por la pandemia.
“Mediante la Resolución Número 801119- 243 -2021 del 15 de octubre de 2021 se ordenó la suspensión de los términos del proceso para que el competente (...) proceda a resolver lo que en derecho corresponde”, dijo el máximo órgano de control fiscal.
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La Contraloría General debe resolver la segunda instancia del billonario fallo que declaró en septiembre. De confirmarse, los 26 implicados quedarían inhabilitados para contratar con el Estado (una sanción que recibe cualquier persona que recibe un fallo de responsabilidad fiscal de la Contraloría).
Esto complicaría la puesta en marcha de Hidroituango, que prometía proveer el 17 % de la electricidad de Colombia, pues legalmente no se podía seguir con el proyecto. También comprometería otros proyectos de infraestructura, ya que detrás de la hidroeléctrica hay varios gigantes de la construcción.