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La intermediación en la compra y venta de energía ya tiene cifra. La Superintendencia de Servicios Públicos calcula que podría estar agregando un sobrecosto promedio de COP 59,58 por kWh en la tarifa final que pagan los usuarios.
Al mismo tiempo, la entidad encendió alertas por señales recientes en el mercado mayorista: precios al alza y comportamientos que pueden estar influyendo en cómo se forman.
El resultado del diagnóstico apuntó a una intermediación que creció en peso dentro del sistema.
El fenómeno viene creciendo. En siete años, la participación se ha multiplicado por casi tres. En 2020, la participación de la intermediación rondaba el 9 %. Para 2026 se acerca al 25 %.
El diagnóstico, que se basa en un análisis con datos del Sistema Único de Información (SUI) entre 2020 y 2025, cruzó números financieros y operativos de comercializadores puros y generadores puros.
Ese aumento corre en paralelo con la demanda. El consumo nacional ha subido de forma continua desde 2020 y, en ese mismo trayecto, también lo ha hecho el espacio ocupado por intermediarios.
El punto no es que existan intermediarios. Están permitidos. El problema es cuando su operación deja de responder a eficiencia económica y empuja los precios en el sistema y que, al final, aparece en la factura de los usuarios.
“La intermediación (…) debe responder a criterios de eficiencia económica y no traducirse en distorsiones en la formación de precios”, advierte la entidad.
Según la Superservicios, algunos generadores están vendiendo más energía de la que producen. Terminan comprando en el mercado mayorista para cumplir contratos. Eso los vuelve dependientes de ese mismo mercado y refuerza la cadena de intermediación.
El regulador está mirando de cerca tres cosas: cómo evolucionan esos intermediarios, qué tan coherentes son sus márgenes frente a costos e ingresos, y qué tan concentrado está el negocio.
“La relación entre ingresos, costos y márgenes (…) y la consistencia entre la capacidad operativa de los agentes y la energía comercializada en el sistema” entraron en revisión, según Superservicios.
La multa a Enel
La Superintendencia sancionó a Enel Colombia con una multa de COP 2.847 millones por distorsionar el precio de la energía en bolsa. La investigación encontró ofertas por encima de las condiciones reales de operación de la hidroeléctrica Betania.
Lea también: Superservicios multa a Enel por distorsionar precio de energía en bolsa
Las simulaciones de XM, operador del sistema, confirmaron el impacto. Si la hidroeléctrica hubiera ofertado acorde a su costo real, el precio habría sido menor en todos los periodos analizados.
“Nos llama la atención que (…) la evolución de los precios en el mercado mayorista de energía se encuentre con tendencia al alza”, dijo el superintendente Felipe Durán.
La demanda sigue creciendo.
En marzo de 2026 aumentó 5,67 %, y en el acumulado del año va en 4,48 %, según XM. Regiones como Caribe y Centro concentran buena parte del consumo, mientras sectores como industria y minería lideran en el mercado no regulado.
Más consumo presiona el sistema. Pero no explica por sí solo el comportamiento de precios.
Contexto: La demanda eléctrica del país creció en marzo y mantuvo su tendencia al alza
Con ese panorama, la Superintendencia ya movió ficha. Recomendó a la CREG revisar el peso de la intermediación en la tarifa, ajustar reglas para mejorar la competencia y reforzar la transparencia en la formación de precios.
Si aparecen incumplimientos, vendrán medidas administrativas.
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