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Las obras en una planta arrocera ubicada en Valencia, Valledupar (departamento de Cesar) se convirtieron en el centro de una controversia entre la Contraloría General de la República y la Federación Nacional de Arroceros (Fedearroz), luego de que el organismo de control determinara un hallazgo fiscal por COP 4.037 millones en una auditoría a recursos del contingente arancelario COL RICE y del Fondo Nacional del Arroz.
De acuerdo con la Contraloría, el presunto daño patrimonial se originó en la ejecución de obras civiles financiadas con recursos del contingente arancelario COL RICE, destinados al mejoramiento y adecuación de la planta de almacenamiento, secado y trilla de arroz del municipio de Valencia.
Para el organismo de control, estos recursos tienen carácter público, al provenir de una disposición legal y de subastas de arroz, y su inversión en bienes pertenecientes a una entidad privada contraviene los principios de destinación específica y legalidad en el manejo de recursos públicos.
Como resultado de la auditoría de cumplimiento a la vigencia 2024, la Contraloría constituyó seis hallazgos administrativos, uno de ellos con presunta incidencia fiscal y disciplinaria por COP 4.037 millones.
La respuesta de Fedearroz
A través de un comunicado, Fedearroz sostuvo que el hallazgo fiscal no corresponde a inversiones realizadas con recursos del Fondo Nacional del Arroz, sino a dineros provenientes del Contingente Arancelario COL RICE, generados por subastas de arroz importado desde Estados Unidos en el marco del Tratado de Libre Comercio.
Según el gremio, estos recursos se canalizan a través de una sociedad constituida en Estados Unidos y los ingresos que percibe la Federación por su participación en esta son de naturaleza privada.
Fedearroz afirmó que las inversiones realizadas contaron con el aval del Ministerio de Agricultura y estuvieron orientadas a fortalecer la infraestructura necesaria para el secamiento, almacenamiento y trilla del arroz, en beneficio de los productores.
El gremio también enfatizó que los hallazgos comunicados por la Contraloría no constituyen una decisión definitiva, sino que hacen parte de un proceso administrativo en curso.
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