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El Gobierno dará reversa en uno de los puntos más debatidos de su proyecto de ley de ajuste fiscal: el IVA de 19 % a productos de la canasta familiar. Lo anunció el presidente Abelardo de la Espriella en la noche del domingo, en la alocución con la que hizo balance de sus primeros 100 días al frente del Ejecutivo.
“La canasta familiar no pagará IVA”, dijo el mandatario, quien agregó que su Gobierno tampoco promoverá nuevas cargas de este impuesto sobre el sector agropecuario. De la Espriella también adelantó que el Ministerio de Hacienda trabaja para bajar algunos puntos porcentuales la tarifa general del IVA, hoy en 19 %, a 18 % o 17 %.
Y es que, precisamente, el impuesto al consumo era uno de los puntos más polémicos del proyecto y, a la vez, de los que más recaudo le aportarían al erario. Así lo planteó el Gobierno hace unas semanas, cuando presentó la iniciativa con cambios en renta de personas naturales y empresas, patrimonio y aportes a la seguridad social, además de un recorte del gasto público, para enfrentar el déficit y la compleja situación de las finanzas del Estado.
Lo que proponía el proyecto con el IVA
El proyecto que el Gobierno radicó en el Congreso el pasado 29 de octubre cambiaba de raíz la estructura de este impuesto. Con la ley se eliminaban prácticamente todas las exclusiones y gran parte de las exenciones del IVA.
En la práctica, desde enero de 2028 pasarían a pagar 19 % de IVA productos que hoy no lo pagan, entre ellos:
- Frutas: banano, naranja, piña, aguacate, mango, guayaba, papaya, uvas y manzanas.
- Hortalizas: tomate, cebolla, ajo, zanahoria, lechuga y repollo.
- Cereales y granos: fríjol, lenteja y garbanzo secos, maíz para consumo, café verde y cacao.
- Otros: sal, miel, queso fresco, camarones de cultivo, y animales vivos como ganado, cerdos, aves y peces.
A ellos se sumaban otros productos que hoy pagan 5 % y subirían a 19 %: café tostado, chocolate de mesa, azúcar, harinas, pastas, cereales industriales y alimentos para animales. En contraste, el proyecto bajaba de 5 % a 0 % el IVA del salchichón, la butifarra y la mortadela.
En contexto: Es más fácil en el papel: los retos para la devolución del IVA que propone el Gobierno
¿Cuánto se notaría en el bolsillo? En cálculos gruesos, si el proyecto fuera aprobado tal como llegó al Congreso, una libra de sal pasaría de unos COP 1.250 a unos COP 1.500; una de fríjol seco, de COP 4.250 a COP 5.050, y una de café molido, de unos COP 26.300 a unos COP 29.800. Son estimaciones aproximadas, hechas a partir de los precios del Sipsa, el Sistema de Información de Precios y Abastecimiento del Sector Agropecuario del DANE.
Para amortiguar el golpe en los hogares de menores ingresos, el proyecto incluía un mecanismo llamado "EfectIVA", con el que se les devolvería el impuesto que pagan en sus compras. Según el vicepresidente José Manuel Restrepo, 19 millones de colombianos recibirían una devolución total y otros 16 millones, una parcial.
Esta devolución, además, sería progresiva. Según el Gobierno, sería de 100 % para los tres primeros deciles de ingreso (cada decil es una décima parte de la población, ordenada de menores a mayores ingresos) y de 50 %, 40 % y 30 % para los deciles cuarto, quinto y sexto. Llegaría a hogares con ingresos de hasta COP 3,4 millones al mes. El proyecto fija un tope de 5,5 UVT mensuales por beneficiario (COP 288.000 a valores de 2026), y el Minhacienda llegó a calcular una devolución de COP 213.000 mensuales por hogar.
El mecanismo, según la exposición de motivos del proyecto, arrancaría con la factura electrónica: el comercio la genera, la información del IVA pagado llega a la DIAN, que la consolida y la remite a Prosperidad Social. Esta entidad la cruza con la lista de beneficiarios que le envía Planeación Nacional y ordena el giro. Los pagos serían, como máximo, cada 15 días desde enero de 2028, con un primer giro anticipado a más tardar el 20 de diciembre de 2027. Quien no tenga un producto financiero lo recibiría por giro postal.
Hoy ya existe un programa parecido de devolución del IVA, creado en 2020: cada dos meses Prosperidad Social gira una suma fija (COP 111.000 en 2026) a cerca de 700.000 hogares. Según el proyecto de ley de ajuste fiscal, este desaparecería cuando empiece EfectIVA.
Las dudas sobre la devolución
Para varios expertos, el principal obstáculo del proyecto está en la factura electrónica. EfectIVA depende de ella para saber cuánto IVA pagó cada hogar, y muchos comercios pequeños y de barrio todavía no la generan. El Ministerio de Hacienda aseguró en un comunicado que, aun sin factura electrónica, los colombianos de menores ingresos recibirían devolución. Pero la exposición de motivos aclara que eso aplicaría solo para quienes están en pobreza extrema, con un monto mínimo que todavía no se conoce. Según el DANE, en 2025 una persona estaba en esa condición si el ingreso de su hogar, dividido entre sus integrantes, era inferior a COP 236.580 al mes. Eran casi cinco millones de personas.
Jairo Orlando Villabona, director de la DIAN entre junio de 2024 y enero de 2025 y miembro del Grupo de Estudios Fiscales y de Equidad de la Universidad Nacional, dijo a este diario que no se puede afirmar que el alza del IVA no les pegará a las personas de menores ingresos si la devolución depende de una factura que no está extendida en los pequeños negocios. Para ilustrarlo cita dos datos: un estudio de 2023 del Observatorio de Comercio Electrónico del Mintic, con 1.616 micronegocios, encontró que solo 26 % tenía facturación electrónica. Y una encuesta de 2024 de Super Vecino, la aplicación de la empresa MIQ (Marketing Intelligence Quotient), halló que 91,6 % de los comerciantes de barrio consultados no contaba con un facturador electrónico.
El riesgo, explica Villabona, es pagar el IVA sin recibir factura. Su ejemplo: una tienda en la vereda Guacamaya, en Apulo, a unas tres horas de Bogotá. Usted compra chocolate, harina y pasta, y no le entregan factura electrónica, pero el aumento del IVA sí estaría en el precio, pues el vendedor muy probablemente lo traslada al producto porque sus proveedores lo subieron. Felipe Jiménez Ángel, experto en descentralización y exsecretario de Gobierno de Bogotá durante la administración de Claudia López, matiza que en las ciudades el consumidor terminaría pagando el IVA en las tiendas de barrio aunque no haya factura, mientras que en muchas plazas de mercado y en la compra de productos del agro en zonas rurales es probable que no.
“En el papel me parece estupendo, pero en la práctica no estamos preparados para eso”, dijo Lisandro Junco, experto en derecho tributario y director de la DIAN entre marzo de 2021 y agosto de 2022. Para emitir una factura electrónica, los comercios necesitan conexión a internet, y no todos la tienen: en 2025, según el DANE, 26 % de los hogares no contaba con ella, y en las zonas rurales la cifra llegaba a 43 %. Según Jiménez, formalizarse implica además actualizar el RUT, tener firma digital y comprar el software.
Hay otras dudas. Michelle Visbal, experta en derecho tributario y socia de Serrano Martínez CMA, menciona la focalización: definir con precisión quién recibe la devolución y en qué proporción depende de una base de datos actualizada, el Registro Universal de Ingresos (RUI), que todavía no ha reemplazado al Sisbén. No devolverle la plata a quien la necesita, advierte la experta, puede significar que un hogar termine pasando hambre. Jiménez, por su parte, pregunta qué pasaría con los pequeños comercios del régimen simple de tributación que no son responsables del IVA, y con los hogares donde las compras no siempre las hace la misma persona o se pagan al fiado, sin factura de por medio.
Hay también quienes ven viable el mecanismo. Hacienda sostiene que la expansión de la facturación electrónica, la digitalización de las transacciones y la mayor capacidad de procesamiento de datos aseguran la viabilidad de EfectIVA, y el ministro Miguel Gómez ha dicho que el país tiene un año para prepararse. Marc Hofstetter, profesor de la Universidad de los Andes y columnista de El Espectador, considera que sería más viable de lo que se cree, por la experiencia en transferencias de la pandemia y por avances como Bre-B, el sistema de pagos inmediatos. A su juicio, en las regiones donde las compras son informales la gente en la práctica no paga IVA y, por lo tanto, no habría nada que devolver. No obstante, EfectIVA podría incentivar la formalización de los comercios si los consumidores empiezan a pedir factura.
Las advertencias del campo y de los gremios
Los cambios del IVA en la ley de ajuste fiscal no solo tocaban lo que los hogares compran en la tienda: también gravaban lo que el campo necesita para producir esos alimentos. Desde enero de 2028, fertilizantes, plaguicidas, semillas, tractores, maquinaria, paneles solares y sistemas de riego, que hoy no pagan IVA, pasarían a 19 %. Lo mismo ocurriría con otros insumos que hoy pagan 5 %, como los alimentos para animales, algunas herramientas, el almacenamiento y el seguro agropecuario. Por eso expertos y gremios advirtieron que la medida encarecería no solo el plato, sino también la producción.
Como lo explica Jairo Andrés Rendón, director del Observatorio Financiero Rural de la Pontificia Universidad Javeriana, el productor compra semillas y fertilizantes durante el ciclo de producción, pero sus ingresos llegan sobre todo en la cosecha y la comercialización. Si esos insumos están gravados, tiene que financiar el IVA desde el momento de la compra. Si puede descontarlo, lo recuperaría con sus declaraciones tributarias, pero mientras tanto necesita más capital de trabajo, lo que crea un problema de caja para dicho productor. Eso por el lado de la agroindustria, los cuales pueden descontar el IVA.
Pero hay productores que venden bienes que seguirían excluidos del impuesto, es decir, que no lo cobran en sus ventas. Como no cobran IVA, tampoco pueden descontar el que pagan por sus insumos, y esa plata se vuelve un mayor costo sin forma de recuperarla. Es el caso de los campesinos, los pescadores artesanales y otros productores de esos bienes, según Carlos Duarte, miembro del Instituto de Estudios Interculturales de la Javeriana de Cali. En sus palabras, la reforma termina “cargándole al campesino (el eslabón más débil) un impuesto que fue diseñado para grandes empresas formales”. El dato pesa: según el Ministerio de Agricultura, 70 % de los alimentos frescos dependen de la pequeña agricultura, campesina y familiar.
Por su parte, Jorge Luis Pacheco, presidente y fundador de la compañía de fertilizantes Nitrofert, defiende la propuesta. A su juicio, favorecería que más productores se vinculen al sector financiero, lo que les permitiría invertir en sus cultivos y ser más productivos. Pese a que los productos de su empresa quedarían gravados, Pacheco ve una oportunidad para descontar el IVA que paga por insumos que hoy no están exentos y así recuperar la inversión. Tampoco cree que caiga la demanda: según dijo, el fertilizante es determinante para la productividad y quien no lo compre está destinado al fracaso.
Los expertos coinciden en otro riesgo: que se aplace la modernización del campo. Jaime Alberto Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle, recuerda que los productores ya tienen dificultades de financiación para comprar maquinaria y tecnología, y que con el impuesto se pierde el incentivo para mecanizar.
En contexto: IVA del 19 % para alimentos e insumos: el impacto que tendría en el agro
Del lado de la demanda, Duarte advierte que los alimentos frescos y saludables tendrían un aumento directo de precio. Según su análisis, el cobro afectaría por completo al 30 % de los hogares de mayores ingresos y a las familias de bajos recursos que compran sin factura electrónica, y la clase media solo recuperaría una parte del impuesto.
La Federación Nacional de Cafeteros también expresó su preocupación por el proyecto que el Gobierno presentó a inicios de octubre. “Un incremento de esta magnitud podría contraer la demanda, afectar a la industria nacional y debilitar los esfuerzos que venimos realizando para promover el consumo de café 100 % colombiano”, alertó su gerente, Germán Bahamón. Además, dijo el líder gremial, podría incentivar que los consumidores cambien a cafés importados de menor precio, en detrimento del valor agregado que se genera en el país.
El rechazo político al IVA a la canasta
En las semanas previas a la presentación del proyecto de ley de ajuste fiscal, funcionarios del gabinete económico habían dicho que el ajuste sería sobre todo un recorte del gasto. Pero el proyecto traía, como se vio después, cambios en el IVA, en la renta de personas naturales y empresas, en patrimonio y en aportes a la seguridad social.
El vicepresidente José Manuel Restrepo ha dicho que 70 % del ajuste saldría de apretarse el cinturón en el Estado y el resto, de quienes más tienen, y afirmó que nueve de cada diez colombianos no se verían afectados. Pero el desglose del economista Luis Fernando Mejía, CEO de Lumen Economic Intelligence, muestra que el mayor componente son los ingresos tributarios y parafiscales. Según Mejía, el ajuste total equivaldría a 2,32 % del PIB en 2027 y a 4,20 % en 2030: de ese total, los ingresos aportarían 1,69 % y 2,75 % del PIB, respectivamente, y el gasto, 0,63 % y 1,45 %. Con esas cifras, los ingresos pesarían cerca de 73 % del ajuste en 2027 y cerca de 65 % en 2030.
Mientras tanto, la discusión política se fue complicando. Las bancadas oficialistas, entre ellas las de los partidos Centro Democrático, Conservador, Liberal, La U y Cambio Radical, le hicieron saber al Ejecutivo que no respaldarían el IVA a la canasta y que, en un año preelectoral, imponer más gravámenes era inviable. Todavía no se conocía al grueso de los ponentes y la iniciativa, que tiene mensaje de urgencia para debatirse en las comisiones económicas conjuntas, quedó en una suerte de congelador.
El sábado, en Rionegro (Antioquia), Restrepo y el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, se reunieron con el expresidente Álvaro Uribe y con parte de su bancada. Allí se confirmó que el IVA a la canasta no tenía apoyo y que, entre otras medidas, había que buscar una reducción mayor del Estado. Un día después, el presidente hizo su anuncio de que dará reversa a los cambios en el IVA para la canasta familiar.
Qué dicen los centros de pensamiento
Corficolombiana, ANIF y Fedesarrollo coinciden en que el país necesita un ajuste fiscal. Dónde y cómo hacerlo es lo que los separa en los detalles, y ahí entran los impuestos al consumo.
Corficolombiana estimó que, si esos impuestos no se aprueban, el ajuste previsto para 2030 bajaría de 4,73 % a 2,99 % del PIB.
ANIF proyectó que, sin la ley, la deuda neta llegaría a 81,9 % del PIB en 2030. Con el proyecto aprobado completo, sería de 64 %. Además, advirtió que cualquier modificación que reduzca los ingresos de la ley debe acompañarse de medidas alternativas con un efecto fiscal equivalente.
Lo que viene para el proyecto
Tras el anuncio del presidente sobre uno de los puntos claves del ajuste fiscal, el proyecto retoma su camino en el Congreso, pero todavía hay más preguntas que respuestas. Este martes a las 2:00 p. m. están programadas mesas técnicas del Gobierno con congresistas. Aún no se conoce la ponencia, pues el grueso de los ponentes no ha sido designado, y por ahora tampoco hay un nuevo articulado que detalle qué productos quedarían por fuera del IVA. Según Simón Molina, vicepresidente de la Cámara, el siguiente paso es nombrar a los ponentes y reconstruir el texto de forma conjunta. El diálogo político con los partidos lo coordinará el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, y el técnico estará a cargo del vicepresidente Restrepo.
El tiempo corre. La iniciativa tiene mensaje de urgencia, por lo que deberá debatirse de forma conjunta en las comisiones económicas (terceras y cuartas de Cámara y Senado) y luego en las plenarias. El Gobierno espera que se tramite antes de terminar el año, pero el texto puede ser modificado en el camino. Corficolombiana calcula que quedan alrededor de seis semanas para discutir una propuesta que toca el gasto, los impuestos, la financiación de la salud, el endeudamiento territorial y las reglas fiscales.
El Centro Democrático presentó una propuesta alternativa de ajuste fiscal que plantea reducir el tamaño del Estado, pasar de 18 a seis ministerios y reestructurar o eliminar 48 entidades, y que busca evitar nuevos impuestos sobre productos y servicios como el café, el internet para algunos hogares, la maquinaria agrícola y los fertilizantes. Sus ahorros y fuentes alternativas de financiación deberán contrastarse con los cálculos del Gobierno.
La oposición, entre tanto, mantiene su negativa a respaldar cualquier punto de la ley. Los senadores del Pacto Histórico Alejandro Ocampo y Esmeralda Hernández sostienen que, más allá del IVA, hay otros puntos del articulado que deben eliminarse. La oposición y sectores sindicales ratificaron la convocatoria a marchas para este 19 de noviembre.
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Frapolo(7328)•17 de noviembre de 2026 – 11:44Otra recul4dadel ovejo por parte del ilegítimo presi. Vió que se le venía otra derrota encima. Pero así como dice una cosa, mañana sale con otra, así que es poco creíble no vuelva a insistir en su empeño de masacr4r al pueblo.
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Helga66(40077)•17 de noviembre de 2026 – 11:28El IVA a las frutas, por ejemplo, lleva a informalidad. Nadie volverá a comprarlas en un supermercado que emita factura. Lo hará en la tienda o en la plaza de mercado. En esos sitios la facturación "no pega" todavía