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Colombia podría quedarse sin suficiente gas en menos de una década y su mayor apuesta para evitarlo, el pozo Komodo-1 en el Caribe, sigue aplazándose.
La presidenta de la junta directiva de Ecopetrol, Mónica de Greiff, confirmó en entrevista con W Radio que Occidental Petroleum (Oxy) no perforará en 2026 el pozo Komodo-1, ubicado en aguas profundas del mar Caribe colombiano.
La ejecutiva señaló que el proyecto estrella que podría cambiar la balanza energética del país sigue atrapado en la telaraña de licencias ambientales, plazos incumplidos y exigencias que la industria califica de inviables.
Komodo-1 está considerado el pozo exploratorio más profundo del mundo y se proyecta como una de las grandes apuestas para garantizar gas y petróleo en Colombia.
El potencial es inmenso: se calcula que podría multiplicar por 17 las reservas de gas del país, aportando cerca de 20 terapies cúbicos (TPC). Es decir, sería el “seguro” frente al inminente agotamiento de reservas actuales.
Representa además la posibilidad de que Colombia tenga, por primera vez, un hallazgo petrolero offshore de gran escala.
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El rompecabezas ambiental
Pero lo que en papeles suena a soberanía energética choca con una maraña de requisitos ambientales.
A principios del segundo semestre de 2024, se tenía previsto que arrancaran las actividades en el pozo exploratorio Komodo-X1, lo que abriría un portafolio de oportunidades en un área de 1,6 millones de hectáreas a 4.000 metros de profundidad.
Sin embargo, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) suspendió el trámite de licencia, cuando el barco perforador ya estaba listo para zarpar.
Aunque la licencia fue otorgada en diciembre, incluyó condiciones que Anadarko y Ecopetrol califican de desproporcionadas. La más polémica: exigir un plan ambiental y de contingencias para cada uno de los 20 pozos exploratorios, una especie de “minilicencias”, algo inédito en el sector.
Expertos sostienen que esto contradice el propio Decreto 1076 de 2015, que señala que ningún proyecto puede estar sujeto a más de una licencia ambiental.
Ambas empresas ya han invertido más de US$350 millones en estudios, certificaciones y equipos para perforar en una ventana de clima específica que se perdió por las demoras de la ANLA.
La suspensión significó también aplazar contratos y poner en pausa bienes y servicios especializados adquiridos para la operación.
Con cada retraso, la reprogramación logística se encarece y las condiciones técnicas se vuelven más restrictivas, lo que aprieta el músculo financiero.
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El choque entre transición y soberanía
La licencia de la ANLA autorizaría a las dos petroleras a explotar profundidades de 5.500 metros y 11.000 metros por debajo de la superficie del mar.
La industria, a través del gremio Acipet, insistió a principios de año en que no se trata de “pasar por alto la sostenibilidad”, sino de armonizar criterios técnicos con exigencias ambientales realistas.
La Procuraduría respaldó la necesidad de ajustar los requisitos, advirtiendo que la ausencia de un marco legal específico para exploración offshore deja a los proyectos en un limbo.
En contraste, sectores ambientalistas recuerdan que el mar Caribe es un ecosistema frágil y que perforar a más de 5.000 metros bajo el agua conlleva riesgos que no pueden minimizarse.
El retraso de Komodo-1
El país enfrenta un declive sostenido en reservas de gas. La Contraloría ha advertido que hay “pocos años” para revertir la tendencia.
Si Komodo no se perfora, la alternativa será importar gas, con costos altos y dependencia de mercados externos. Según Fedesarrollo, si la línea roja continúa extendiéndose, en ocho años el país enfrentaría un déficit que le obligaría a importar más gas licuado y aumentar las tarifas a los usuarios. El costo rondaría los $28 billones.
Primero, un golpe de $11,2 billones entre 2025 y 2031, y después, si no hay soluciones estructurales, un choque mayor que elevaría la factura a $28 billones hacia 2033.
El efecto dominó podría ser mayor: freno a la inversión extranjera en exploración, desconfianza en el sistema de licencias y un golpe a la credibilidad del país como destino para proyectos offshore.
Tres aristas
Para la ANLA, endurecer las exigencias es una forma de blindar la sostenibilidad.
Para la industria, es un obstáculo que hace inviable un proyecto de interés nacional.
Para el ciudadano, la pregunta es más básica: ¿habrá gas suficiente en los próximos años o terminará Colombia dependiendo del mercado internacional?
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