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Faltan menos de 15 días para que se termine el 2025 y es un hecho que el Gobierno no tiene con qué solventar los gastos que le llegan con el año nuevo.
Y aunque estar en enero con plata en el bolsillo es un reto para cualquiera, el hueco que tiene el Presupuesto General de 2026 no es un bache menor, estamos de COP 16,3 billones que tienen que salir de algún lado.
Por lo pronto, la solución que está implementando el Gobierno viene con la declaratoria de una emergencia económica. En palabras sencillas, esto es lo que se sabe de dicha figura para que esté informado sin tanto enredo mientras continúan las celebraciones decembrinas porque en el paquete pueden venir impuestos.
Clave 1: ¿qué es?
La emergencia económica es un estado de excepción con el que busca solventar los problemas de caja que tiene el presupuesto.
La figura, y su finalidad, no es inédita en la historia nacional. Uno de los antecedentes recientes sucedió en la pandemia de covid-19, que introdujo una de las peores crisis económicas y sociales en el país y el mundo.
Este ejemplo ayuda a poner en perspectiva lo que quiere hacer el Gobierno Petro, pues en este momento no hay cientos de personas muriendo diariamente ni una pandemia que afecte la cotidianidad.
Pero sí hay varios indicadores positivos que hablan bien de la economía como la reducción de la inflación (frente a los años posteriores al covid-19), el desempleo lleva meses en un solo dígito y el PIB podría cerrar este año rondando 2,9 %, según el Minhacienda.
Clave 2: ¿cuál es la finalidad de la emergencia?
Entonces, aunque la economía en sí no es un problema, el Gobierno tiene que encontrar una manera de obtener COP 16,3 billones antes de que llegue el 2026.
La urgencia se da luego de que el Congreso aprobara el Presupuesto General de la Nación 2026, pero que hundiera la ley de financiamiento (que realmente era una reforma tributaria) que era la que iba a garantizar los recursos para cubrir el presupuesto.
En pocas palabras eso quiere decir que el legislativo está de acuerdo con el gasto que plantea el Gobierno, aunque no con las formas que estaba anunciando para completar el dinero.
Clave 3: ¿por qué la quieren decretar?
El faltante de COP 16,3 billones es la clave. Desde el Minhacienda argumentan que hay impactos derivados de la desfinanciación del presupuesto. Por ejemplo, en el sector salud la Corte Constitucional ha exigido cambios en la UPC al Ministerio de Salud que, argumenta Hacienda, costarían unos COP 3,3 billones.
Entre las razones que dio Germán Ávila, jefe de la cartera, es que se está poniendo en riesgo el pago de los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, la preocupación por garantizar el cumplimiento de las vigencias futuras (por cerca de COP 15 billones), el pago de sentencias judiciales y la “seria situación de seguridad nacional”.
Clave 4: ¿qué impuestos podrían venir con ella?
El ministro Ávila anticipó que el Gobierno buscará los nuevos recursos con los mismos impuestos que traía la ley de financiamiento y por el mismo monto, COP 16,3 billones. Sin embargo, este diario conoció un borrador de decreto, que indica que el Gobierno sumaría otros tributos.
En resumen, estas serían las medidas:
- Gravamen a los movimientos financieros: pasaría del 4 x 1.000 a un 5 x 1.000 durante 2026.
- Consumo de alcohol y tabaco: subiría el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos y similares, y de cigarrillos y vapeadores.
- Patrimonio: bajaría el umbral para tener que pagar ese tributo y subirían las tarifas.
- Más IVA: se gravaría con el 19 % los juegos de suerte y azar en línea.
- El aporte minero-energético: se grava la extracción de petróleo y carbón en la primera venta o exportación con una tarifa de 1 %.
Como todavía no es del todo claro cuáles son todos los impuestos, todavía está abierta la puerta para que el Minhacienda reviva tributos que contemplaba el trámite legislativo.
Clave 5: ¿es una buena idea?
Como la emergencia económica es un estado de excepción, la Constitución establece unas reglas para poder acceder a los poderes que otorga, por lo que debe haber una razón de peso.
Sin embargo, para los analistas y expertos consultados por este medio, el hecho de que el Gobierno tenga problemas de caja no es razón suficiente para justificar la emergencia.
Luis Fernando Mejía, saliente director de Fedesarrollo, argumentó que esos COP 16,3 billones representan menos de 3 % del Presupuesto General de la Nación, que asciende a COP 546,9 billones.
Dadas las condiciones, lo más probable, según los analistas, es que la medida se caiga en la Corte Constitucional. Aun así, el Gobierno va por esa ruta. ¿Por qué?
Brandon Espinel, experto en tributación y miembro de la Red de Trabajo Fiscal, explica que incluso si fuese así, “la Corte se demoraría en revisarlo”. Además, la vacancia judicial ya entró en efecto.
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