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Este martes, a menos de dos semanas de que termine el gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Edwin Palma, radicó en el Congreso el proyecto de ley minera.
La actual administración busca dejar encaminada una reforma que modernice las reglas del sector, según la cartera de Minas y Energía, “para responder a los retos económicos, sociales y ambientales del país”.
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta sacar adelante el proyecto de ley. La primera versión fue radicada en el Congreso el 1° de octubre de 2025, pero terminó hundiéndose al cierre de la legislatura por falta de trámite.
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“Hacemos un llamado de urgencia para que este proyecto avance en el Congreso; es fundamental para la planeación minera y ambiental del país. La iniciativa debe salir adelante por la protección de los derechos y el desarrollo de las comunidades mineras y de nuestros territorios”, afirmó Palma.
¿Qué propone el Gobierno Petro?
El proyecto, de 255 artículos, busca fortalecer la soberanía del Estado sobre los recursos del subsuelo. Entre otras cosas, propone consolidar el conocimiento geológico como un bien público y mejorar la planeación estratégica de las áreas y los minerales estratégicos.
También incluye un enfoque diferencial para la minería de pequeña escala, tradicional y ancestral. El Gobierno propone la creación de un régimen especial que facilite la formalización y promueva procesos de reconversión productiva cuando sean necesarios, además de un marco regulatorio para las comunidades étnicas que desarrollan actividades mineras.
El Ministerio de Minas y Energía destacó que en materia ambiental el proyecto fortalece los instrumentos de protección del agua y los ecosistemas. Por ejemplo, en el articulado se propone una licencia ambiental que abarque todas las etapas de los proyectos, desde la exploración hasta el cierre.
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Con la iniciativa, habría caducidad de los títulos mineros cuando se ocasionen daños a las fuentes hídricas; se ampliarían las causales para excluir áreas de la actividad minera por razones ambientales, culturales y sociales, y se exigiría la presentación de planes de cierre progresivo y definitivo desde el inicio de cada proyecto, respaldados con garantías para asegurar su cumplimiento.
Para proteger a los trabajadores mineros, el proyecto establece herramientas de fiscalización y garantías para los procesos de cierre laboral. El documento propone medidas de acompañamiento para las regiones con procesos de reconversión económica.
El Gobierno Petro ha presentado varios proyectos en la recta final de su administración. El pasado 20 de julio, cuando se instaló el nuevo Congreso, el Ministerio de Hacienda radicó una reforma tributaria para recaudar COP 21,9 billones.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, explicó que este es un “mensaje” para la administración de Abelardo de la Espriella de que si bien es necesario aumentar los ingresos, hay caminos para hacerlo sin afectar a las personas de menores ingresos ni tocar la canasta básica. Días después, Miguel Gómez, ministro de Hacienda designado por Abelardo de la Espriella, dijo que esa propuesta debería archivarse y que la nueva administración presentará su tributaria en septiembre.
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