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La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) entidad estatal encargada de vigilar, inspeccionar y controlar a las empresas que prestan servicios de acueducto, alcantarillado, aseo, energía eléctrica y gas combustible, publicó un informe con corte a mayo de 2026 donde afirma que los usuarios del servicio de energía han pagado COP 24,9 billones en los últimos cuatro años. Este gasto se debe a las restricciones del sistema asociadas a obras de transmisión que no han culminado o no terminaron a tiempo.
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“El costo total de las restricciones del Sistema Interconectado Nacional (SIN) pasó de COP 1,15 billones en 2008 a COP 8,34 billones en 2024, acumulando COP 58,9 billones entre 2008 y 2025, en un contexto en el que la generación de seguridad fuera de mérito se explica, en promedio, en un 71,4 % por restricciones de la red de transmisión”, estipula el comunicado.
La tardanza con el cumplimiento de las fechas de puesta en operación (FPO) de los proyectos del Sistema de Transmisión Nacional (STN) y Regional (STR) se deben, según afirman, a barreras logísticas y técnicas en la ejecución de las obras. Incluso hubo demoras en los trámites de licenciamiento ambiental.
De hecho dicen que casi la mitad de las restricciones identificadas (el 48,5 %) no tiene un proyecto de expansión asociado. Además, “el 94,9 % no cuenta con una obra en ejecución conforme al cronograma, lo que evidencia restricciones cuya atención aún no ha sido incorporada mediante obras de expansión del sistema”. El área operativa Caribe es la que carga con el 39 % de las restricciones que se registran y 73 de ellas no tiene un proyecto asociado.
El informe sostiene que bastante proyectos del STR tienen pendiente la definición del mecanismo de ejecución porque no ha habido interés por parte del operador de red o simplemente se han superado los plazos regulatorios correspondientes.
Frente a este panorama, la Superservicios formuló ocho recomendaciones de política pública. Entre ellas, propone activar cuanto antes las convocatorias para los proyectos del STR cuyos operadores de red no manifestaron interés a tiempo, así como impulsar mecanismos que garanticen el cumplimiento de los plazos ya establecidos para el licenciamiento ambiental.
La entidad también plantea fortalecer la articulación entre el Gobierno nacional, las autoridades territoriales y ambientales, y los demás actores involucrados en la gestión de permisos y trámites, además de ajustar el procedimiento de seguimiento a los proyectos del STN para incorporar alertas tempranas que permitan actuar antes de que los atrasos se materialicen.
La Superservicios pide, igualmente, priorizar el seguimiento en las áreas operativas Caribe y Oriental, las más afectadas por restricciones sin solución, y definir de una vez el mecanismo de ejecución para el 48,5 % de las restricciones que hoy no cuentan con ningún proyecto asociado.
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