¿Luz al final de la Troncal de los Andes?

La concesión construyó 1,8 kilómetros de vía entre la Autopista Norte y el río Bogotá. / José Vargas - El Espectador

Foto: JOSE VARGAS ESGUERRA

Desde hace meses, las obras para culminar la Troncal de los Andes, en Chía (Cundinamarca), están detenidas por cuenta de una amarga disputa entre miembros de la comunidad y los constructores: en la mitad del debate se encuentra un terreno por el que debe pasar la nueva vía y que, hasta el momento, nadie ha determinado oficialmente si se trata de un humedal o no.

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Aunque en varias ocasiones este ecosistema ha sido tildado de potrero, una categoría popular que casi habilita el paso de buldóceres y asfalto, la realidad del lugar contiene varias capas más de complejidad. En diciembre de 2020, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), Luis Fernando Sanabria, accedió a visitar la zona después de meses de alertas de los colectivos ambientales, preocupados por el daño de la obra de infraestructura. Tras su recorrido, les dijo a los medios locales que se trataba de “un paraíso ambiental”; pero su percepción se quedó en el terreno, pues nunca volvió a referirse al tema.

La historia se repitió el pasado lunes 15 de marzo, cuando el alcalde de Chía, Luis Carlos Segura, y el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, visitaron por primera vez el terreno y se comprometieron a proteger su biodiversidad, independientemente de si se declara humedal o no. Doce horas después, la polémica parecía resuelta. Los funcionarios aprovecharon una cita que tenían ese mismo día en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para elevar su preocupación y salieron con buenas noticias del encuentro: se cambiará el trazado de la carretera para evitar pasar por encima del ecosistema.

En las próximas semanas, la ANI revisará la propuesta de nuevo trazado que llevó la Alcaldía (ver gráfico), la cual toca solo el tramo que falta de la vía entre el río Bogotá y la intersección El Humero. Específicamente, sugiere que la carretera se desvíe antes del ecosistema entre treinta y cincuenta metros al costado izquierdo y siga derecho por los predios de la empresa floricultora Mongibello S.A.S., para evitar el espejo de agua y un canal que recoge aguas de la zona, conocido como Proleche.

Una vez concluya la evaluación técnica, financiera y ambiental de la ANI, tendrá lugar una nueva mesa de trabajo con el gobierno local para socializar los resultados y definir cómo se terminará la variante, que debía estar en operación en diciembre del año pasado, pero lleva meses con un avance de apenas el 54 %.

Vale la pena recordar que hace menos de dos meses la ANI le dijo a este medio que no era posible hacer modificaciones porque ya se habían construido 1.870 metros de doble calzada con ramales de acceso, 280 metros de calzada sencilla, los estribos del puente y la estructura de la intersección, entre otras obras. La entidad insistió en que el proyecto, “que se construye en beneficio del interés general”, cumplió la totalidad de los procedimientos legalmente establecidos. Sin embargo, el vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, Luis Eduardo Gutiérrez, manifestó que están revisando unas alternativas de trazado “bajo el argumento de que seguimos en la protección del ecosistema del sector”.

José Ignacio Nieto G., profesor del centro de estudios de vías y transporte de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, fue enfático el trazado de un proyecto debe definirse con suficiente precisión antes de la solicitud de licencias y permisos, para que las autoridades competentes realicen los procesos de revisión y aprobación sobre planos definitivos. Esto significa que los cambios para atender problemas particulares o mitigar el daño al medio ambiente deben tener lugar en las primeras etapas. “La definición del trazado del corredor vial no es algo que normalmente se lleve a la ligera o se deje en términos del azar o a la suerte de las condiciones que se descubran confirme avanza las diferentes etapas del plan de intervención o construcción, pues de este dependen además la definición de estrategias técnicas de intervención, el cronograma de obra, el presupuesto, las condiciones técnicas especiales, entre otros”, señalo.

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Pero no fueron los únicos que tomaron cartas en el asunto. La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le impuso a Accenorte, la concesión a cargo del proyecto, una medida ambiental adicional para que en un plazo de dos meses haga una caracterización del ecosistema en cuestión y del canal Proleche, la cual incluye análisis del comportamiento hidráulico, identificación de cuerpos de agua, elaboración de mapas de coberturas vegetales, reconocimiento de las comunidades de fauna, descripción de servicios ecosistémicos, seguimiento a niveles freáticos, continuidad del agua y coeficientes de escorrentía, etc.

La lógica de la entidad es que las condiciones de la zona han cambiado desde que se otorgó la licencia ambiental (2018) y quiere ver qué tanto, especialmente después de 2019, tras una adecuación hidráulica que hizo la CAR con jarillones. Sin embargo, el estudio multitemporal del colectivo ambiental Voces del Río confirmó (con aerofotografías, planchas e imágenes satelitales) que el posible humedal existe hace ochenta años.

Con esa información, la ANLA decidirá si actualiza o propone nuevas medidas de manejo ambiental. El director de la entidad, Rodrigo Suárez, fue enfático en que el requisito es de cumplimiento obligatorio. De hecho, hasta que la concesión conteste la petición no puede avanzar en ese punto de la vía: “El balón queda en [manos de] la empresa”, aseguró.

La caracterización le permitirá a la autoridad determinar con información primaria si es un humedal o no, según la definición del Ministerio de Ambiente. “Puede que termine siendo una zona de no intervención. Ese sería el aspecto más relevante, porque significaría un ajuste en el trazado”, dijo el funcionario.

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Pero, por ahora, Accenorte no podrá cumplir dicho requerimiento, pues el dueño del predio en donde se ubica el ecosistema, Mauricio Mustafá, les negó el ingreso a la zona a los ingenieros de la concesión: “El viernes me enviaron un correo decretando que iban a entrar el lunes por orden de la ANLA. No se los permití porque tuvieron quince días para notificarnos y no lo hicieron”, contó el propietario.

Además, aseguró que desconfía de la concesión porque hace cuatro años dos empleados entraron a ver el humedal, pero ocultaron su existencia tiempo después en una reunión con funcionarios públicos y lo sacaron del estudio de impacto ambiental, según cuenta. “No vamos a permitir que entre un privado que tiene un interés clarísimo y engañó deliberadamente a la ANLA. Esa es una prueba contundente para pedir la nulidad de la licencia ambiental”.

En compensación, Mustafá entregará a todas las partes involucradas un estudio realizado por la Universidad El Bosque que envió a un grupo de investigación (categoría A, según Colciencias) para obtener datos del terreno y caracterizar el ecosistema, como lo ha hecho otras veces en varias regiones del país. “Si dentro de lo que recoge el estudio falta algo que pide la ANLA, preferimos contratarlo con otro ente independiente, como una fundación, y presentarlo nosotros”, sentenció Mustafá. Si la entidad insiste en que Accenorte debe ingresar, el propietario advirtió que exigirá el acompañamiento permanentemente del Ministerio Público y biólogos de su confianza.

En total, 265 estudiantes, 18 profesores en diferentes especializaciones y los miembros de una fundación conformada por egresados de la Universidad El Bosque hicieron parte del levantamiento de información durante tres días consecutivos y concluyeron que se trata de un humedal en todo el sentido de la palabra. “Lo que tratamos de hacer es aportar información, porque estos desatinos pasan porque no hay datos suficientes, apoyar causas desde el conocimiento y no solo desde las buenas intenciones. En estas situaciones lo hacemos sin ningún costo para evitar el conflicto ético y porque sabemos que de nuestros resultados dependen muchas decisiones y queremos que se tomen como idóneos”, dijo Clara Santafé, directora del programa de Biología de la institución, quien contó que, en su momento, identificaron decenas de especies emblemáticas de humedales sujeto de protección, como la tingua moteada, que incluso han anidado, por las características del ecosistema. Sin embargo, estaba muy afectado por cobertura vegetal (quicuyo) y por varias acciones que contribuían a secarlo, como la siembra de eucaliptos o acacias y el desecho de residuos de construcción. “Encontramos un ecosistema que no se rinde. El trópico tiene una capacidad de resiliencia impresionante”, destacó la académica. En la visita se tomó además la decisión de conectar el cuerpo de agua con el canal Proleche, donde se estanca el agua por falta de fuerza para llegar al río, para generar un circuito de oxigenación.

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La única entidad que no se ha pronunciado en todo el proceso es la CAR, que lleva meses aplazando la fecha de entrega de la caracterización que se comprometió a hacer. Sin embargo, de acuerdo con el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, la CAR tomará acciones para proteger el cuerpo de agua “independiente del nombre técnico que se le dé y lo vamos a ratificar en el Consejo Directivo de la CAR, en mi condición de presidente”. Según García, el director de la entidad, Luis Fernando Sanabria, está en la misma línea.

La nueva Troncal de los Andes

Mientras no se conozca el nuevo trazado, no se puede hablar de una solución definitiva que garantice la protección del ecosistema. Por ahora, lo único que se sabe es que no se necesitará una inversión adicional del Estado, pues, de acuerdo con el vicepresidente de Gestión Contractual de la ANI, los sobrecostos los va a asumir Accenorte.

Tampoco lo pagarán los usuarios de la vía, pues el vocero descartó la posibilidad de que se permita un incremento en las tarifas de los peajes de la concesión. La empresa no entregó ninguna declaración al respecto. Según Diego Bravo, exdirector de la CAR, modificar la obra costará unos $10.000 millones.

Lo que sigue es una concertación para que se pueda conservar el ecosistema tanto como sea posible y, al mismo tiempo, se atiendan las necesidades de movilidad de este municipio de la Sabana de Bogotá.

Aunque la protección del cuerpo de agua se les escapó a la CAR (no se pronunció a tiempo ni advirtió la existencia del ecosistema), la ANLA (no identificó el espejo de agua y, según el dueño del predio, nunca ingresó a la zona) y la ANI (validó la información levantada por Accenorte a través de la interventoría), la primera responsabilidad recae sobre la concesión, pues la evaluación del proyecto se hace principalmente sobre los documentos que presenta el constructor, una serie de estudios puntuales que toman hasta seis meses: “Se parte del principio de la buena fe”, dijo el director de la ANLA respecto al papel del constructor.

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De acuerdo con el profesor Nieto, aunque la responsabilidad es compartida entre el Gobierno y la concesión, el mayor peso recae sobre las autoridades ambientales regionales y nacionales. Por un lado, el privado entrega toda la información del proyecto y sus consideraciones para revisión y aprobación; por otro, las entidades deben revisar la documentación y contrastarla con visitas de campo. Así se da lugar a las aprobaciones o permisos. Pero la tarea no acaba ahí, según el académico, las autoridades competentes deben asegurarse de que no se presenten imprevistos ambientales y de que la ejecución de los proyectos se realice efectivamente.

“En algunos casos, la compensación del impacto ambiental ha llevado a suspender o modificar obras de infraestructura y es obligación de las autoridades ambientales establecer la categoría del evento e identificar las responsabilidades, tanto del privado como de la parte pública, en esta situación”, explicó.

En la medida en la que se hace más evidente la urgencia y escala de la crisis climática, las ideas alrededor del progreso y la infraestructura han tenido que ser repensadas para que sean más que sólo cemento y maquinaria pesada.