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Esta semana será vital en materia económica no tanto por lo que pasará (aunque hay reunión de la Fed, que no es poca cosa), sino por lo que se prepará para la siguiente.
Entre lunes y martes el Gobierno debe presentar el Plan Nacional de Desarrollo (PND), por un lado, pero también la adición presupuestal con la que solucionará cosas como el subsidio a las tarifas de los peajes a nivel nacional.
Las dos son iniciativa en las que participa ampliamente el Ministerio de Hacienda, aunque, claro, el PND es de lejos el ítem más importante entre los dos.
El PND es la columna vertebral de cada Gobierno, pues es la hoja de ruta que materializa las ambiciones de cada administración nacional. En otras palabras, es el documento que comienza a juntar las necesidades y realidades del país, pero sin el barniz fantástico de las promesas de campaña.
Aquí vale aclarar que tener un PND no significa que todo va de maravilla y se ejecuta al pie de la letra. De hecho, hay algunos cálculos que señalan que de las metas que establecen este tipo de documentos se cumple un 60 %, aproximadamente. Pero el hecho duro y crudo es que la promulgación del Plan (que termina siendo Ley de la República) es vital para ejercer cualquier tipo de transformación.
Este documento viene en construcción prácticamente desde que entró en ejercicio el gobierno del presidente Gustavo Petro, el 7 de agosto del año pasado. Y la ley da como plazo para su introducción en el Congreso este martes 7 de febrero. Desde ahí, el proyecto contará con 90 días calendario para ser aprobado en Senado y Cámara antes de convertirse en ley comenzar a ser ejecutado.
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Antes de empezar el proceso de depuración, el Plan contaba con unas 405 propuestas, la mayoría provenientes del programa de gobierno de la administración Petro, según un documento del Departamento Nacional de Planeación, que ha articulado todo el proceso de construcción del PND.
En ese momento, de las 405 propuestas al menos 248 requerían desarrollo normativo y para 187 no habría un proyecto de inversión.
Para este punto, el Plan es un documento con unas 200 páginas, que ya ha pasado por las revisiones de tres consejos claves en este proceso: Planeación, Política Económica y Superior de Política Fiscal (estos dos últimos conocidos como Conpes y Confis).
Se espera que esta semana haya nuevas reuniones con estos dos órganos, de donde deben salir ya la versión lista que será introducida al Congreso.
En noviembre pasado, el DNP, en cabeza de Jorge Iván González, presentó las bases sobre las que se construye el Plan, que giran alrededor de lo que se han denominado como cinco transformaciones: ordenamiento del territorio alrededor de agua y la justicia ambiental, seguridad humana y justicia social, derecho humano a la alimentación, convergencia regional y, por último, internacionalización, transformación productiva para la vida y acción climática. En ese punto, el PND contaba con inversiones por más de $1.000 billones.
El documento base del Plan establece unos grandes parámetros y visiones, abstractas hasta un punto, si se quiere. Pero esta visión macro de organización del territorio, como lo dijo González en una entrevista pasada, contiene cosas como proyectos de acueducto, construcción de vías terciarias y transformaciones productivas en el campo. Si bien no se describen en detalle en este texto, la visión general llevará hacia estos puntos específicos en la siguiente fase del proceso de construcción del Plan (que ya incluye la presentación de un articulado).
El proceso de construcción del Plan incluyó la participación ciudadana. En unas 1.800 mesas en todo el país (llamados diálogos regionales) los colombianos han ido expresando qué necesitan y, de fondo, qué esperan del PND.
Sobre esto, González cuenta que “en los diálogos han aparecido tendencias claves. Vías terciarias, por todo lado. Pero también han salido muchos temas como inundaciones, La Mojana, los acueductos: en general, todos los aspectos que afectan a la gente desde el manejo de los recursos hídricos. Asimismo, se habla de la sostenibilidad de las ciudades, de su relación con los páramos”.
Según el director del DNP, entre las prioridades de la gente en los diálogos regionales ha resaltado el interés de la juventud por la educación universitaria y técnica, “no aparece con tanta fuerza el interés por la primaria, básica ni primera infancia. Igual se habla mucho de producción agropecuaria, de créditos y asistencia técnica para el campo, de sistemas de riego”.
Adición presupuestal
El lunes de la próxima semana, el Ministerio de Hacienda también debe formalizar la adición presupuestal que entrará a suplir las cuentas de la Nación por orden de $22 billones. Unos $20 vienen por cuenta del mayor recaudo que dejará la reforma tributaria aprobada a finales del año pasado y $2 más debido a rendimientos del Banco de la República, entre otras fuentes, según explicó la semana pasada José Antonio Ocampo, titular de esta cartera.
Hasta el momento no es claro cuál será el destino específico de estos recursos. Este fin de semana se realizó un consejo de ministros en Villa de Leyva con el fin, entre otras cosas, de definir en qué se invertirá la adición presupuestal.
Sin embargo, se sabe, por ejemplo, que al menos $800.000 millones se irán para cubrir el menor recaudo en los peajes que oficializó el Gobierno al congelar el precio de estas instalaciones para 2023.
Esta medida, de acuerdo con la administración Petro, busca atacar la inflación a través de las tarifas del transporte, especialmente de alimentos. Sin embargo, varios analistas han asegurado que no se conoce qué impacto puede tener la decisión en los precios de la comida, a cambio de ser popular.
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