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El borrador de decreto, que busca modificar el tope de inversión en el extranjero que pueden hacer los fondos de pensiones privados con el ahorro de sus usuarios, sigue generando reacciones por los posibles impactos que tendría la medida, si eventualmente es implementada por el Gobierno.
En palabras sencillas, este decreto buscaría que los fondos privados sólo puedan invertir un máximo de 30 % del ahorro pensional en el exterior. El tiempo límite para cumplir el tope son cinco años, en el tercer año el tope será 35 %. Con corte a noviembre de 2025, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) tenían invertido el 48 % de estos recursos por fuera de Colombia, según cifras de la Superintendencia Financiera.
De fondo, el argumento de la administración del presidente Gustavo Petro es que traer esos recursos al país es una forma de estimular la inversión en diversos sectores, así como de dinamizar el mercado local de capitales.
¿De cuánto dinero estamos hablando? Algunas fuentes cercanas al sector han dado estimados de unos COP 100 billones en cinco años. En otras palabras, unos COP 20 billones por año.
Para hacerse una idea, la última reforma tributaria aprobada por el Congreso (la única que pudo aprobar el Gobierno Petro) buscaba, justamente, un monto de recaudo de alrededor de COP 20 billones.
Desde la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos) se hacen varias críticas a la medida, aunque, de entrada, ven con buenos ojos que el tope de inversión sea de 30 % y no se esté hablando de repatriar un 100 % de los fondos que se manejan en el exterior.
“Pero la idea sigue siendo mala. Porque a menor diversificación, menor rentabilidad, mayor riesgo y menor capacidad de los colombianos de encontrar una pensión”, dijo a este diario Andrés Velasco, presidente de esta asociación.
En la justificación del proyecto de decreto se evidencia que en Colombia ha habido una caída en la inversión, cuyo punto más bajo en años recientes se puede rastrear a los días de la pandemia, por razones obvias.
Pero para Velasco la norma propuesta no es la solución para los problemas de inversión en el país. “La realidad es que la inversión en Colombia es baja porque las condiciones para la inversión, la confianza, la estabilidad jurídica han limitado la capacidad de los agentes colombianos de soñar con invertir y hacer más inversiones. Entonces, la respuesta que se da a través de este proyecto de decreto, de limitar la diversificación, es inadecuada porque termina por afectar a los colombianos que estamos ahorrando en los fondos de pensiones porque lo que quisiéramos tener es la mejor rentabilidad posible”.
Según las cuentas de Asofondos, si se toma un millón de pesos y se invierte en el exterior, la rentabilidad a 15 años ronda 8,5 %, dejando un saldo de unos COP 3,2 millones. “Ese mismo millón de pesos invertido sólo en Colombia, en activos colombianos, no llega al millón y medio. Es la mitad de la rentabilidad y el doble del riesgo”, asegura Velasco.
El Gobierno argumenta que la medida dinamiza el mercado de capitales y, de paso, permite irrigar la economía con recursos frescos que, si llegan a sectores como la construcción y la infraestructura, podrían sumar 0,34 puntos porcentuales por año al PIB durante los próximos tres años, según cálculos del Minhacienda.
El martes se realizó una mesa organizada por la Procuraduría, en la que participaron entidades del Gobierno y los fondos privados. El proyecto de decreto dice que para facilitar el cumplimiento del límite global de inversión y promover la canalización del ahorro pensional hacia proyectos de inversión públicos o privados en el país, Minhacienda podrá promover la creación de un banco de proyectos de inversión con enfoque productivo. La cartera también podrá convocar a mesas de trabajo, en las que participen las AFP, representantes del sector privado y entidades públicas.
El borrador que estará para comentarios hasta el 4 de febrero establece que no serán necesarias desinversiones abruptas. Según información de la Superfinanciera, se puede cumplir el tope en el periodo establecido priorizando la inversión nacional con los flujos provenientes de nuevas cotizaciones y la gestión natural de instrumentos en el exterior. Las AFP están analizando este escenario.
Si bien el panorama se ve menos oscuro en este momento desde el gremio (en comparación con una repatriación de 100 %), Asofondos asegura que “cualquier decisión que limite la diversificación, limita la rentabilidad” y esto iría en contravía del bienestar financiero de los usuarios.
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