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El Gobierno firmó; la DIAN recaudó. El alivio comienza, al menos por ahora.
En apenas dos semanas de enero, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) recaudó más de COP 237.000 millones gracias a los beneficios tributarios creados por el decreto de emergencia económica. La cifra todavía es modesta frente al tamaño del hueco fiscal.
El país atraviesa una discusión de fondo sobre deuda, el déficit fiscal y la confianza bajo el paraguas del decreto de emergencia, en revisión, incluso, por la Corte Constitucional. Los mercados miran también de reojo cada movimiento.
Entre el 1 y 16 de enero, personas naturales, empresas y grandes contribuyentes se acogieron a un paquete de alivios que reduce drásticamente el costo de ponerse al día con el Estado.
El decreto cambió la ecuación del castigo:
- La tasa de interés por mora cayó del 22,36 % al 4,5 % efectivo anual.
- Las sanciones se redujeron al 15 % de su valor original, un ahorro cercano al 85 %.
- A cambio, el contribuyente debe pagar el 100 % de la deuda antes del 31 de marzo de 2026.
LA DIAN salió a buscar activamente a los morosos. Contactó a 459.000 contribuyentes y busca realizar unas 16.000 llamadas diarias, muchas de ellas apoyadas en sistemas automatizados, una medida que busca que el abaratamiento de la mora sale más barato que esperar.
La cartera que los contribuyentes le deben al Estado asciende a COP 36,7 billones. El recaudo de COP 236.000 millones representa menos del 1 % de esa cifra.
Aun así, el Gobierno defiende el mecanismo como una puerta de entrada. El decreto de emergencia no solo se limita a cobrar deudas viejas. También amplía la base tributaria y ajusta impuestos rezagados.
Entre las medidas se encuentra el IVA del 19 % a los juegos de azar en línea, que antes estaban exentos; IVA del 19 % a licores y destilados como whisky, vodka o ron, que pagaban solo 5 %, y el impuesto al patrimonio para fortunas superiores a los COP 2.094 millones, que afecta a cerca de 104.000 personas.
Según el Gobierno, estos recursos apuntan a financiar gasto social, especialmente en salud, y a reducir la presión sobre la deuda pública.
El vínculo con la deuda y los mercados
Este recaudo temprano es una pieza más en la defensa que ha hecho el presidente Gustavo Petro del decreto de emergencia. El argumento central es que sin ingresos suficientes, el Estado se endeuda más caro.
En enero, Colombia logró colocar cerca de USD 5.000 millones en bonos internacionales, con una demanda casi cinco veces superior a la oferta. Para el Ejecutivo, ese apetito reflejó confianza en que el país está recomponiendo su caja.
Las calificadoras, sin embargo, siguen siendo cautas. Fitch mantiene a Colombia en territorio especulativo y advierte sobre déficits persistentes y una deuda elevada.
Ahí, justamente, está la tensión. El mercado compra bonos, pero exige señales claras de disciplina fiscal. El recaudo por el decreto es una de esas señales, aunque todavía insuficiente para cambiar el panorama estructural.
Petro explicó que el decreto de emergencia permitió imponer impuestos vía decreto a los “ricos de los ricos” y a las rentas especulativas con el objetivo de reducir el déficit fiscal. “Entonces se cayeron las tasas de interés”, afirmó. “Y nos ofrecieron casi más de cuatro veces lo que pedimos”.
En diciembre, la calificadora de riesgo Fitch Ratings rebajó el puntaje soberano de Colombia de BB+ a BB, un escalón más dentro del territorio de los llamados bonos basura. La agencia citó los déficits fiscales persistentes y puso en duda que, tras elecciones de 2026, exista un ancla fiscal creíble que permita enderezar las cuentas públicas.
En su evaluación, Fitch advirtió que el gasto primario aumentará 13 % a finales de 2025 y llevará el déficit primario al 2,9 % del PIB.
Colombia perdió el grado de inversión en 2021 y, desde entonces, la deuda se ha mantenido elevada y la regla fiscal —que funcionaba como freno al gasto— fue suspendida, lo que activó la alarma del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Tres meses para aprovechar los alivios tributarios
Los alivios tributarios tienen fecha de vencimiento. Quien no se ponga al día antes de marzo y abril perderá los descuentos y volverá a enfrentar intereses altos y sanciones completas.
Al mismo tiempo, la Corte Constitucional revisa la legalidad del decreto. Si lo tumba, no solo se caen estos beneficios, sino una parte del plan del Gobierno para cerrar el déficit sin recortar gasto social.
Los COP 237.000 millones recaudados ayudan, sí, pero el problema fiscal de Colombia se mide en billones.
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