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El precio del diésel vuelve al centro del debate, pero esta vez con una novedad que cambia el tablero: no todos los vehículos pagarán lo mismo.
El Gobierno decidió corregir el subsidio al ACPM para carros particulares, oficiales y diplomáticos, mientras mantiene el beneficio para el transporte de carga y de pasajeros. La medida busca aliviar las finanzas públicas, pero su aplicación abre preguntas prácticas que recaen, otra vez, en las estaciones de servicio.
Ese es el punto de partida del pronunciamiento del gremio Somos Uno, que agrupa a Comce y Fendipetróleo, los distribuidores minoristas de combustibles.
Lejos de una oposición al decreto, el gremio marca distancia frente a posibles roces que pueda generar para los usuarios afectados, además solicitó que la posterior reglamentación sea clara, técnicamente viable y de aplicación nacional para evitar desequilibrios en las ventas por la huida a municipios que la vendan más barata.
¿Qué decidió el Gobierno?
El Decreto 1428 de 2025 establece un mecanismo diferencial de estabilización del precio del diésel. Esto implica que los vehículos particulares pagarán un diésel cercano a su precio real.
La razón de fondo es fiscal. El Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC), creado en 2008 para amortiguar los choques del mercado internacional, se convirtió con los años en un hueco difícil de sostener. Solo hasta finales de 2024, el Estado logró pagar COP 57,3 billones en deudas acumuladas desde 2022. Para 2025, se estima que sumará COP 8 billones.
De los 19,8 millones de vehículos registrados en Colombia, solo 1,06 millones usan diésel. De ese total, 295.167 vehículos serán impactados por la medida, con un ahorro fiscal proyectado de COP 386.700 millones.
El bote salvavidas queda reservado únicamente para vehículos de servicio público (transporte de carga y pasajeros), que, según el Gobierno, cumplen una función estratégica directa sobre el costo de vida de los hogares y la competitividad del aparato productivo. La idea es reorientar el esfuerzo fiscal hacia quienes realmente lo requieren.
Cerrar primero el subsidio a la gasolina y ahora corregir el del diésel hace parte de la misma estrategia: reducir un déficit que ya no cabe en el presupuesto. El Gobierno insiste en que la medida es gradual y comenzará en grandes ciudades, justamente para medir impactos y ajustar controles.
La discusión, sin embargo, no es nueva. Desde julio de 2025, cuando el Gobierno socializó un primer borrador del esquema diferencial para el ACPM, distintos gremios ya habían advertido que el principal riesgo no estaba en el retiro del subsidio (que reconocen como fiscalmente necesario) sino en la forma de implementarlo.
En ese momento, distribuidores y sectores productivos alertaron sobre la falta de condiciones técnicas para diferenciar precios por tipo de vehículo y por territorio, un vacío que podría derivar en distorsiones de mercado, desplazamientos de la demanda y mayores costos operativos.
¿Qué dicen las estaciones?
Desde el lado de quienes venden el combustible, el mensaje es más terrenal. Las estaciones recuerdan que no fijan precios ni deciden quién tiene o no subsidio. Solo aplican tarifas y márgenes definidos por el Gobierno.
Tampoco reciben subsidios ni participan en su diseño.
Ahora, el temor del gremio es quedar atrapado entre la norma y el usuario. Si la reglamentación es confusa o incompleta, la fricción no se dará en los ministerios, sino en el surtidor. En ese sentido, piden no convertirse en árbitros de la política pública.
Por eso, el comunicado pone el foco en tres riesgos concretos:
- Ambigüedad operativa: sin reglas claras sobre identificación vehicular y control, las estaciones podrían enfrentar reclamos, errores de cobro o sanciones.
- Diferencias regionales de precio: si el ajuste no se aplica de forma homogénea, se incentiva que los conductores se desplacen a municipios vecinos a tanquear más barato, afectando la competencia y el equilibrio de ventas.
- Sobrecarga de funciones: el gremio advierte que no puede asumir tareas de fiscalización que corresponden al Estado.
El decreto establece una focalización geográfica inicial: la medida comenzará en 61 municipios de 11 departamentos, incluyendo Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Bucaramanga, Ibagué y Pereira.
El comunicado gremial detalla que la red de estaciones opera 24 horas, genera más de 50.000 empleos formales y sostiene la movilidad cotidiana del país. Si ese eslabón se tensiona, el impacto sería operativo.
Entre las soluciones para evitar golpes en la demanda de las estaciones en municipios no vigilados se encuentran: trazabilidad digital, monitoreo de rutas con peajes electrónicos y diálogos con sectores productivos. Por ahora, amanecerá y veremos a qué definirá el Ministerio de Minas y Energía.
Y es que el trasfondo del debate es, nuevamente, la ejecución. El desmonte del subsidio al diésel para vehículos particulares responde a un problema real de sostenibilidad del FEPC, pero deja abierta una pregunta clave que ya estaba sobre la mesa desde 2025: ¿tiene el Estado hoy la capacidad técnica y operativa para focalizar el beneficio sin trasladar los costos, los conflictos y los riesgos a las estaciones de servicio y a los consumidores?
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