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El Gobierno dio un paso más este viernes en el camino hacia decretar un estado de emergencia económica para solucionar sus problemas de caja.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión sobre tasas de interés del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que el Gobierno está terminando de “concretar” la alternativa de declarar emergencia económica. La idea de este estado de excepción es decretar impuestos para encontrar los COP 16,3 billones que se esfumaron del Presupuesto General de 2026 por cuenta de la caída de la ley de financiamiento en el Congreso.
“Esperamos que la Corte Constitucional estudie con cuidado y detalle la propuesta de emergencia económica y los decretos reglamentarios para que avale la decisión que el gobierno tomará, que consideramos válida y bien sustentada”, dijo Ávila durante la rueda de prensa.
Según el funcionario, la declaratoria se daría este viernes y los decretos reglamentarios llegarían la próxima semana.
La idea de decretar un estado de excepción viene rondando hace semanas por cuenta de mensajes del presidente Gustavo Petro (a través de su cuenta de X), pero también por pronunciamientos y alertas de los congresistas durante los debates de la tributaria, que se hundió en las comisiones económicas del Congreso (con votos negativos en el Senado).
Sin los recursos de la ley de financiamiento, el presupuesto del próximo año está desfinanciado y lo que procedería sería realizar un recorte de gasto o, cuando menos, un aplazamiento de partidas por los COP 16,3 billones. Pero la palabra recorte no parece estar en el diccionario del Gobierno, aunque es la opción que recomiendan varios analistas y académicos.
Por eso el camino es el estado de excepción y así solventar la desfinanciación del presupuesto.
¿Por qué una emergencia económica?
La situación fiscal es una de las principales preocupaciones del país. Ávila dijo que el Gobierno ha hecho un esfuerzo de equilibrio fiscal porque los ingresos tributarios no crecieron al ritmo previsto. Para 2026, el jefe de la cartera destacó que hay varios obstáculos, incluyendo restricciones para la contratación pública por la ley de garantías y el hundimiento de la tributaria.
Frente a la pregunta por los hechos sobrevinientes que justificarían la emergencia económica, Ávila dijo que en los últimos 30 años “no existe antecedente” de que el Congreso apruebe un presupuesto, asociado a una ley de financiamiento, y dos meses después, niegue la ley. “Es una especie de trampa que le hace el Congreso al país”, afirmó.
Agregó que hay impactos derivados, por ejemplo, en el sector salud: “La misma Corte Constitucional, en fallos y autos recientes, ha demandado al Ministerio de Salud que se equipare la Unidad de Pago por Capitación que se paga para los servicios de salud en el sistema subsidiado, con el sistema contributivo. La decisión tiene un costo de cerca de COP 3,3 billones”.
Para Ávila también se está poniendo en riesgo el pago de los subsidios de energía para estratos 1, 2 y 3, que tendría alto impacto, especialmente en el Caribe. “Son dos ejemplos de derechos fundamentales que se están poniendo en riesgo como resultado de esta acción del Congreso”.
Agregó que hay otros hechos de especial preocupación: garantizar que se pueda cumplir con las vigencias futuras, anualmente hay abonos por cerca de COP 15 billones que deben estar incorporados en el presupuesto de inversión, y el pago de sentencias judiciales.
Ávila argumentó que hay una “seria situación de seguridad nacional”, por ataques a la fuerza pública en Cesar y Cauca, y el uso de drones por parte de organizaciones criminales, con los que están afectando la infraestructura de las Fuerzas Militares. “Esta circunstancia obliga a equilibrar la inversión para asegurar los desarrollos tecnológicos necesarios en sistemas antidrones, por ejemplo, para garantizar que la utilización de estas tecnologías no esté fácilmente al alcance de las organizaciones armadas. Creemos que esto demanda acciones presupuestales inmediatas”.
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