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En política fiscal casi nada muere, se transforma. Lo que hoy presentó el ministro de Hacienda, Germán Ávila Plazas, ante las Comisiones Económicas Conjuntas es la evidencia más reciente.
La Ley de Financiamiento, que ya venía recortada por acuerdos políticos y presiones parlamentarias, ahora entra en una nueva fase de cirugía: salen los puntos más impopulares, se moderan otros, y se preservan las apuestas que el Ejecutivo considera la columna vertebral del recaudo para 2026.
El encuentro de hoy venía precedido por el sinsabor de la falta de debate en las comisiones económicas por el requisito de resolución que autorizaba la sesión conjunta.
Varios congresistas abandonaron el recinto y advirtieron un posible vicio de trámite.
Ese fracaso frenó la presentación inicial del ministro Ávila, quien hoy llegó con una versión ajustada del proyecto en la que el Ejecutivo soltó lastre de la maleta tributaria.
Los cambios que el Gobierno se vio obligado a hacer
Ávila anunció una lista de ajustes que, en la práctica, reescriben buena parte de la propuesta original:
- Se retiraron todas las medidas sobre combustibles.
El IVA a la gasolina y al diésel queda por fuera. Eran el punto más sensible para los hogares, y el Ejecutivo ya había admitido que esa vía no era políticamente viable.
- Se redujo la meta del impuesto a tabaco y cerveza.
De un recaudo estimado de COP 7,8 billones se pasa a COP 3,1 billones.
El Gobierno sabía que, con el costo de vida aún tocando a las familias, insistir en esos tributos le costaría la reforma entera.
- Se elimina el impuesto a la boletería.
La medida tenía tan poco potencial de recaudo que ni valía la pelea.
- El IVA para vehículos híbridos se revisará de nuevo.
El ministro indicó que el ajuste se centrará en modelos con mayor componente de combustión, pero la decisión final no está tomada.
De este modo se pretende despejar terreno para que la discusión arranque el próximo martes, 25 de noviembre, sin que la reforma se queme en el primer párrafo.
— MinHacienda (@MinHacienda) November 21, 2025
Lo que el Gobierno no piensa ceder (por ahora)
Aunque el proyecto perdió peso, el corazón de la reforma sigue intacto. El Gobierno conserva:
- El aumento del impuesto de renta para quienes ganan desde COP 10,2 millones mensuales. La promesa es progresividad real (es decir, que pague más quien más gana).
- El aumento al impuesto al patrimonio para fortunas superiores a COP 2.000 millones.
- La sobretasa al sector financiero: El argumento es que el sector mantiene alta rentabilidad y puede aportar más a los programas sociales.
- Los impuestos ambientales.
Entre ellos, el alza a licores de mayor graduación y ajustes para sectores de alto impacto como el minero-energético.
“Tuvimos como principio general que la ley de financiamiento no impacte desde ningún punto de vista los artículos fundamentales de la canasta familiar y que sea progresiva, que no toque a los hogares de menores ingresos y concentre el esfuerzo en los ingresos más altos”, afirmó el ministro Ávila.
Estas piezas sostienen el recaudo de COP 16,3 billones, el monto al que fue reducida la meta tras el recorte de COP 10 billones acordado con el Congreso.
Un recordatorio incómodo
El presupuesto de 2026 (546,9 billones) salió adelante únicamente porque se amarró a una ley de financiamiento más pequeña, pero indispensable.
Si la tributaria no pasa, se abre un hueco de COP 16,3 billones. Y ese hueco implicaría recortes en programas sociales, inversión y funcionamiento.
Lo que muchos quieren, como lo reconocieron en la sesión fallida del 19 de noviembre, es debatir otra reforma: una iniciativa legislativa propia, firmada por representantes como Álvaro Henry Monedero y Olga Lucía Velásquez.
Esa propuesta incluye beneficios para deudores de la DIAN, nuevos impuestos, tributos a vapeadores y facultades ampliadas para la DIAN.
Para varios parlamentarios, esta ruta es más “realista” que la del Ejecutivo.
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